El Colegio de Economistas de Valencia ha criticado este martes la subida de algunos impuestos recogida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 como el del diésel, las bebidas azucaradas o los seguros, al considerar que afectará de forma negativa a la demanda y al PIB. Estas subidas fiscales son «anticipadas y poco acertadas» y piden su demora al precisar de la supervisión europea, según afirman en un comunicado los economistas que, sin embargo, valoran las medidas adoptadas en relación a la Ley de prevención del fraude fiscal.

Sobre el alza de determinados impuestos, el decano del colegio, Juan José Enríquez, ha asegurado que la subida de la fiscalidad al diésel, las bebidas azucaradas y los seguros afectará a la demanda de estos activos que son «de vital magnitud para el PIB español». En opinión de los economistas, es importante en estos tiempos mantener «un buen atractivo empresarial que incida en las inversiones en nuestro país», un aspecto que ven peligrar con la subida del IRPF y la tributación «indiscriminada –aunque limitada- de los dividendos».

La coyuntura económica agravada por la segunda ola de COVID-19 requiere de una demora en la aprobación de diferentes impuestos que precisan de la supervisión de la Unión Europea, un hecho que no se ha producido con los impuestos a los gigantes de la economía digital (tasa Google) ni con el gravado sobre las transacciones financieras (tasa Tobin), cuya anticipación «probablemente no recaudará» los 968 y 850 millones esperados, respectivamente, según el decano.

Sin embargo, el Colegio de Economistas sí considera positivas las medidas adoptadas por el proyecto de Ley de Prevención de Fraude Fiscal, que constituye uno de los pilares fundamentales del Ministerio de Hacienda y las Administraciones Públicas. La reducción de los recargos aplicables a las rectificaciones de declaraciones o a las sanciones tributarias, la limitación a los pagos en efectivo a 2.500 euros o el intento de control de las criptomonedas son algunas de las decisiones mejor acogidas entre los economistas valencianos para combatir el fraude.

Este, aseguran, «distorsiona la actividad de los agentes económicos y condiciona la calidad de nuestros servicios públicos por la gran carga fiscal que supone para los contribuyentes».

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