Mujeres al Timón
Financiar el envejecimiento de la población que se prevé que costará hasta el 24,6% del PIB en 2030, según la Comisión Europea, se ha convertido en un reto de primera magnitud después de que la pandemia haya acelerado la necesidad de abordarlo teniendo en cuenta gastos tan importantes como la sanidad, la dependencia y las pensiones.
En este sentido, el estudio ‘El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral’, elaborado por el Consejo General de Economistas de España, advierte “sobre el riesgo de actuar solo en momentos de urgencia”. Pues, tal y como ha señalado el presidente de los Economistas, Valentín Pich, “las aproximaciones parciales generan resultados parciales, y solo bajo una mirada global será posible establecer consensos y agendas reformistas a largo plazo, estableciendo incentivos adecuados para todas las partes; un proyecto de una envergadura tal, que necesitará de una perfecta coordinación entre el sector público y el privado”, ha puesto de relieve en su presentación.
Según recoge el estudio, los españoles vivirán de forma sana un promedio de 73,8 años y el resto, aproximadamente una década más, lo hará de forma dependiente.
Además, alerta que en España viven 2 millones de personas mayores de 65 años solas, y casi 900.000 con más de 80 años (el 31% de las personas de esa edad).
Según el presidente del Consejo General de Economistas, “es muy probable que un alto porcentaje de esas personas que viven solas se encuentren, a su vez, en situación de dependencia y con una pensión media de aproximadamente 1.100 euros”. Según Pich, “ser anciano, dependiente y solo constituye un enorme riesgo, máxime si tenemos en cuenta que el número de plazas en residencias –públicas y privadas– no llega a las 400.000, y que, en la actualidad, el sistema complementario de empleo choca con la presión fiscal que ejercen las cotizaciones a la Seguridad Social sobre el salario –una media del 36,25% sobre el salario bruto–, haciendo difícil su generalización por los altos costes que tiene sobre la empresa”.
Valentín Pich
Y a esto se añade que en «España se da un marco fiscal que `premia´ relativamente al consumo y `castiga´ relativamente al ahorro”.
Traspasar al Estado gastos impropios de Seguridad Social
En este sentido, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha defendido la conveniencia de «quitar presión» al sistema de pensiones traspasando el déficit estructural de la Seguridad Social a la Administración Central, ya que no afectaría al cómputo global de déficit público que seguirá siendo el mismo pero «arreglaría el problema de incertidumbre» sobre el sistema.
De hecho, esta semana, el ministro José Luis Escrivá, que precedió en el cargo a Cristina Herrero, señalaba que la intención del Gobierno es ir integrando las pensiones no contributivas en el esquema del Ingreso Mínimo Vital (IMV) lo que permitiría aliviar la caja de la Seguridad Social.
Según Herrero para generar tranquilidad a los pensionistas presentes y futuros y para asegurar la sostenibilidad del sistema; «a corto plazo, la AIReF es partidaria de traspasar al Estado determinados gastos de naturaleza no contributiva que actualmente soportan las cotizaciones, sin obviar la necesidad de afrontar el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas. A largo plazo –ha dicho– hay que empezar a trabajar cuanto antes en medidas consensuadas que hagan sostenible el sistema».
Cristina Herrero
Al respecto, ha destacado que hay «margen para profundizar» en la reforma de pensiones de 2011, que generó un mayor consenso que la de 2013, aunque no ha detallado qué aspectos de esta «reforma paramétrica» -que aumentó la edad de jubilación a 67 años y el periodo sobre el que se calcula la cuantía de la pensión- habría que retomar.
Entre las medidas que propone el Consejo General de Economistas para acometer el reto del envejecimiento en España se encuentran, entre otras: la creación de “colchones anti-cíclicos” en épocas de bonanza e incrementar la colaboración público-privada para ampliar políticas de dependencia y planes de pensiones de empleo, reduciendoen la medida de lo posible la “cuña fiscal”, al reiterar que un trabajador dedica 3,65 de cada 10 euros de coste laboral bruto a pagar Seguridad Social e IRPF.
Otras propuestas pasan por incentivar la compatibilidad del trabajo y la pensión –potenciando la jubilación activa y desincentivando el retiro temprano–, por implementar reformas en formación y reciclaje profesional para mejorar la productividad entre los trabajadores de mayor edad y por establecer mecanismos de conversión en liquidez de bienes como la vivienda (rentas vitalicias, hipotecas inversas…).
Pilar González de Frutos
«Un sistema de gasto social de los más opacos del mundo»
Por su parte, la presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa), Pilar González de Frutos, ha apostado por impulsar los planes de pensiones de empresa, pero sin hacerlo «a costa» de los individuales, al tiempo que ha insistido en que «la suficiencia de las pensiones es muy importante; pero la suficiencia sin sostenibilidad es, en un momento u otro, insuficiencia».
En este sentido ha explicado que «nos jugamos nuestra competitividad como país a largo plazo; puesto que solo las naciones que tengan una sociedad de personas mayores manteniendo patrones de consumo adecuados tendrán potencia de crecimiento dentro de dos o tres décadas. El envejecimiento es una gran oportunidad; una oportunidad que, si no aprovechamos nosotros, aprovecharán otros”.
Al mismo tiempo ha destacado González de Frutos que tenemos un sistema de gasto social «de los más opacos del mundo». «Un sistema en el que nadie sabe ni lo que ha cotizado, ni lo que puede llegar a cobrar, ni lo que cuestan los servicios que usa. Hay que poner al ciudadano en el centro del sistema y fomentar que tome decisiones».
Por su parte, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Cinta Pacual, ha insistido en que es necesario invertir en tecnología para mejorar la atención a personas dependientes. «El problema que encontramos es que el sistema es muy rígido y la Dependencia es invisible y está infrafinanciada. Tenemos que tener en cuenta que la demanda de atención va a seguir creciendo, básicamente porque ahora llega la generación del baby boom y durante los próximos 30 años la población con necesidades asistenciales va a ir incrementándose. No podemos mirar para otro lado, porque ya tenemos a 100.000 personas esperando una plaza. Es el momento de actuar”, ha concluido.
