La nueva propuesta de Hacienda, que ofrece a los ayuntamientos 5.000 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, no convence ni al PP ni a Cs, que explican que ese dinero se repartirá solo entre los consistorios con remanentes, por lo que deja a su suerte a las entidades en peor situación económica.

En declaraciones a Efe, el portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que la oferta del Gobierno es «un nuevo cheque» de Pedro Sánchez para conseguir votos a la propuesta de Hacienda sobre el uso de superávit de los ayuntamientos que, de momento, solo cuenta con el visto bueno del PSOE.

La Junta de Gobierno extraordinaria que debía votar el acuerdo ha quedado aplazada al lunes al objeto de negociar este fin de semana la nueva oferta.

El próximo lunes, los 25 miembros de la Junta de Gobierno de la FEMP deberán pronunciarse: 12 son del PSOE, 10 del PP, uno de IU-Podemos, uno de Cs y uno más del PdCat.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, de Cs, representante en la Junta de Gobierno, ha dejado claro que la nueva propuesta de Hacienda sigue sin incorporar «el mayor punto de desencuentro» y es que deja en un «plano de desigualdad y totalmente desatendidos a los ayuntamientos sin remanentes ni superávit», creando ciudadanos de primera y de segunda.

En línea con Cs, el portavoz del PP ha asegurado que el nuevo documento es una «solución política» para sumar el voto de IU-Podemos y salvar el acuerdo.

Azcón ha pedido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que «deje de reírse de los ciudadanos planteando borradores de acuerdo que suponen un saqueo a las arcas de los ayuntamientos y a las diputaciones».

También el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha advertido de que «si Montero no se apea de su intención de expropiar el dinero de los ciudadanos, el PP seguirá denunciándolo en todos los plenos de los ayuntamientos, así como en las diputaciones, cabildos y consejos insulares».

Por su parte, el grupo municipalista IU-Podemos, que con su voto puede ser la llave para que se apruebe el documento este lunes, se ha limitado a valorar el «gesto» del Gobierno al avanzar una nueva propuesta.

Para IU-Podemos, no hay nada definitivo pero el «gesto» podría sentar las bases para el acuerdo. Y han recordado que tenían razón cuando decían a Hacienda «que había margen de mejora».

Por su parte, los socialistas aplauden la nueva propuesta que representa, según el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, «un cambio sustancial a mejor» y un reconocimiento al esfuerzo de los ayuntamientos.

Caballero ha argumentado que la entrega de los remanentes al Estado es la única fórmula jurídica para «soslayar una ley nefasta de 2012» que no permite a los ayuntamientos usar sus ahorros sin incurrir en déficit.

El alcalde socialista ha valorado que la cantidad de remanentes que se entrega se devolverá en su totalidad en diez años. Y mientras los ayuntamientos recibirían de forma inmediata esos 5.000 millones a fondo perdido.

Esto, a juicio de Caballero, supone que los ayuntamientos aportan una cantidad y reciben, al menos, «el 135% de lo que aportamos».

Además, ha explicado que el resto del documento mantiene la suspensión de la regla de gasto en 2020, las entregas a cuenta y la liquidación de 2018 (que ascienden a 600 millones favorables a los ayuntamientos) y añade 275 millones para cubrir el déficit del transporte público, ampliable a 400 millones.