Luis Iglesias, yerno de Eduardo Zaplana, ha asegurado este martes, en el marco del caso Erial donde se investiga a su suegro, que 2,2 millones de euros ingresados en una cuenta de la que es cotitular con su mujer proceden de la venta de un edificio al empresario Amancio Ortega, fundador de Inditex.

La juez del caso Erial investiga el supuesto cobro de 10,5 millones en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, todo ello en una causa donde el expresident de la Generalitat y exministro con el PP es el principal investigado.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia incorporó hace un año a la causa en calidad de imputados a María Zaplana, hija del expresident, y a su marido, Luis Iglesias, en el marco de la investigación sobre blanqueo de capitales. Hace un mes retomó el caso, tras el confinamiento, y citó, entre otros, a la hija, a la esposa y al yerno de Zaplana.

Esas declaraciones han tenido lugar este martes y una de las claves ha sido una cantidad, de 2,2 millones de euros, ingresada en una cuenta compartida por Luis Iglesias y su mujer, María Zaplana.

Según Iglesias, esa cantidad procede de Suiza y corresponde a los dividendos que obtuvo de la venta de un edificio a Amancio Ortega.
Concretamente ha declarado que se trata de los bonus que cobró de un fondo internacional en el que participaba, el cual vendió un edificio sito en la Gran Vía de Madrid a Amancio Ortega por 400 millones de euros. Iglesias ha señalado que se dedica profesionalmente a gestionar fondos de inversión internacionales y que la operación fue completamente transparente para la Agencia Tributaria, según fuentes presentes en la declaración.

Por su parte, Rosa Barceló, la mujer de Eduardo Zaplana, y María, su hija, han atribuido a “errores” sus respectivas imputaciones en este sumario. Ambas han comparecido este martes por la mañana ante la instructora del caso junto a la que fuera secretaria de Zaplana, Mitsuko Henríquez.

María Zaplana se ha referido también a donaciones de sus padres, algunas cercanas a los 600.000 euros, empleadas en la compra de casas, y ha insistido en que se realizaron mediante escritura pública.

También ha sido interrogada sobre el alquiler de un piso en la calle Pascual y Genís de Valéncia, en el que residió Eduardo Zaplana y por el que pagaba 3.500 euros al mes, y que ha despertado las sospechas de la jueza, entre otras razones por la elevada cuantía del pago, porque se abonaba desde la cuenta en la que se ingresaron los 2,2 millones de euros.

Además, según el fiscal anticorrupción, «dichas cantidades entregadas en concepto de alquiler no están declaradas por Luis Iglesias y María Zaplana». Las sospechas apuntan a que se ingresaron fondos irregulares en la cuenta de Iglesias y María Zaplana para pagar gastos. Pero, según la hija de Zaplana, ella alquiló a una agencia de gestión inmobiliaria este piso porque su padre, en diciembre de 2015, estuvo un mes aislado en el hospital y a su salida necesitaba residir en València.

Ella encontró este alquiler, que era efectivamente caro, pero cuando pudo cambió a otro. Y nunca contactó con el arrendador, sino que hizo toda la gestión a través de la agencia. La importancia del contacto con el arrendador deriva de que se trata de un ciudadano búlgaro imputado en el marco de una operación de blanqueo de capitales.

Por su lado, la secretaria personal ha declarado que las operaciones económicas por las que es investigada fueron realizadas por orden de Zaplana, y que los 50.000 euros en efectivo encontrados en el despacho del exministro en la empresa Telefónica, en Madrid, eran para imprevistos, como viajes, restaurantes y gastos médicos.