Tres bancos valencianos se adhieren a la línea de créditos para pagar el alquiler

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha informado esta semana de que once entidades financieras –Bankia, Santander, Sabadell, Cajamar, Liberbank, Unicaja, Abanca, Bankoa, Laboral Kutxa, Caja Pollença y Caixa Ontinyent– han formalizado el contrato de adhesión a la líneas Avales Arrendamiento con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). No obstante, el ministerio espera que en próximos días se adhieran más entidades a esta línea crediticia.

De estas ayudas, con una cuantía de 600 a 900 euros al mes, se pueden beneficiar las personas que hayan visto mermados significativamente sus ingresos, o que hayan sido despedidos del trabajo durante la crisis del coronavirus o tengan menores o dependientes a su cargo.

Microcréditos para el alquiler

Estos préstamos cubren un máximo de 6 mensualidades y el ministerio que, para implementarlos, incrementó su techo de gasto en 1.200 millones de euros, espera que puedan beneficiarse de ellos unas 450.000 familias.

Estos microcréditos los solicita el inquilino, que tiene hasta seis años para devolverlos, y excepcionalmente cuatro años más, y se ingresan en la cuenta del arrendador. Los préstamos cuentan con total cobertura mediante el aval del Estado, a través del ICO, y no devengan ningún tipo de gastos ni interés para el solicitante.

Estas ayudas forman parte del paquete de medidas que aprobó el Gobierno el pasado 1 de abril en materia de vivienda para hacer frente a la crisis del COVID-19.

Entre ellas, destacan la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, la moratoria de la deuda hipotecaria en determinados supuestos y la modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de arrendamiento.

Además, el Gobierno aprobó una dotación extraordinaria de 100 millones de euros para incrementar la cuantía de 346 millones de euros prevista para el Plan Estatal de Vivienda 2018-22. Los 446 millones de euros resultantes se han adelantado ya a las comunidades autónomas, según el ministerio.