La relación entre el puerto y València no pasa por su mejor momento. Proyectos como la ampliación o el acceso norte han dividido a la opinión pública y se pone en tela de juicio los beneficios que aporta el puerto a la capital del Turia. De todo ello se habló ayer en el debate organizado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia y el Ayuntamiento.

«Tenemos que abrir la perspectiva y no pensar solo en la relación con la ciudad, sino con la región», comenzó el coloquio Rosa Pardo, directora general de Política Territorial y Paisaje, quien expresó que ante la situación de emergencia climática que sufrimos hay que repensar las actividades desarrolladas en el territorio. «Parece lógico acortar los recorridos y racionalizar el transporte de mercancías», señaló.

A su vez, reivindicó «prudencia» en los desarrollos del puerto y apuntó que este debe «integrarse» en la ciudad y en la región. En esta línea, un último recado que dejó Pardo fue apuntar a la necesidad de una nueva DIA para evaluar el proyecto de ampliación norte del puerto. «El proyecto de ampliación actual plantea cuestiones que puede que no hayan sido evaluadas anteriormente», indicó.

Explicó que más allá de los efectos de la propia ampliación, cabe estudiar cómo afectaran futuras necesidades del puerto como la posibilidad de que se instalen nuevas zonas logísticas o futuros accesos. Del mismo modo planteó la necesidad de valorar el impacto que tiene el puerto sobre la economía del territorio y qué sucedería de no salir adelante la ampliación.

El recado lo recogió Manuel Guerra, subdirector general de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), quien reseñó que el puerto de València es una entidad pública y como tal, se rige por la ley de Puertos con lo que «todo lo que hacemos lo hacemos al amparo de esta»  y apuntó que como trabajadores públicos buscan el beneficio de la sociedad.

Debate puerto-ciudad celebrado ayer en la sede del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. |E3.

Frente a las críticas sobre los efectos perniciosos ocasionados por el puerto como la desaparición de la playa de Nazaret o el daño a la huerta valenciana por la ZAL, se defendió Guerra explicando que todos los proyectos fueron aprobados en consenso con el Ayuntamiento. «No hemos fagocitado nada que en lo que el Ayuntamiento no estuviera en la mesa comiendo con nosotros», indicó.

Por último, respecto a los posibles daños que ocasionaría la ampliación sobre las playas del sur, el subdirector de la APV apuntó que «la ampliación no producirá más efectos sobre las playas del sur de los que ya se están produciendo a día de hoy».

Por su parte, Ramón Marrades, director estratégico de La Marina de València puso el foco en la gestión del puerto. «El sistema de gobernanza de los puertos está obsoleto», aseveró Marrades quien señalo que la relación entre la ciudad y el puerto no debe ser «de tú a tú» sino que este último debe ponerse «al servicio» de València.

«No puede ser que la APV patrimonialice el terreno que la ciudad le cedió gratuitamente», recriminó el director de La Marina y recalcó que es necesario devolver los espacios que el puerto no utiliza a la ciudadanía. «Hay que establecer un sistema de gobernanza donde la ciudad sea la que lidere. Hay que cambiar la ley de Puertos, creo que es un momento fantástico para empezar a hacerlo», indicó Marrades.

Del mismo modo opinó Vicente Palomo, ingeniero de caminos y jefe del equipo técnico de la Oficina del Corredor Mediterráneo del Gobierno de España, aunque puntualizó la necesidad de modificar la ley de Puertos. «Pienso que hay que modificarla, pero no quiero esperar a que se modifique. A lo mejor lo que hace falta es leerla con cariño», relató y puso de ejemplo la concesión de espacios para la ciudad deportiva del Levante UD.

«El puerto es una parte de la ciudad, y la ciudad debe englobar al puerto», prosiguió Palomo y destacó que «llevamos 25 años sin integración puerto-ciudad», por lo que concluyó el ingeniero de caminos que València debe «desarrollar el puerto para su beneficio y exprimirlo».