La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es el principal reto de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que supondrá poner fin a más de un año de prórroga de las cuentas de 2018, que fueron elaboradas por el Gobierno del PP.

El proyecto presupuestario de 2019 preveía elevar un 4,4 % el techo de gasto, hasta los 125.064 millones de euros, al tiempo que se flexibilizaban los objetivos de déficit público para 2019 (1,8 % del PIB), 2020 (1,1 % del PIB) y 2021 (0,4 % del PIB), algo que finalmente no fue posible por el bloqueo de la mayoría absoluta del PP en el Senado.

Los últimos objetivos de estabilidad aprobados -con el Gobierno del PP- preveían un déficit del 1,3 % del PIB en 2019, el 0,5 % del PIB en 2020 y un superávit del 0,1 % del PIB en 2021, si bien el Ejecutivo socialista ha comunicado a la Comisión Europea que sus metas son un déficit del 2 % del PIB en 2019, el 1,1 % del PIB en 2020 y el 0,4 % del PIB en 2021.

Tras ser aprobados por el Gobierno, los objetivos de estabilidad tienen que debatirse y votarse para su aprobación en el Congreso de los Diputados y el Senado antes de final de julio, mientras que el límite de gasto no financiero o techo de gasto solo se informa.

Una vez superado este trámite, la ministra de Hacienda tendrá que elaborar el proyecto presupuestario, que tendrá que presentar en el Congreso antes de final de septiembre y que previsiblemente tendrá como base el texto rechazado de 2019.

Algunas de las medidas de gasto de ese proyecto ya fueron aprobadas para 2019, como la subida de las pensiones o del sueldo de los funcionarios, pero no las de ingresos, entre las que figuraban nuevos impuestos para las transacciones financieras y determinados servicios digitales o limitar las deducciones del impuesto de sociedades.

A esto se une ahora medidas pactadas con Unidas Podemos como la subida del IRPF para rentas altas o el establecimiento de un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades para grandes empresas.

Junto a la aprobación de los Presupuestos, Hacienda tiene el reto de avanzar en la corrección del déficit estructural, que es una de las cuestiones que vigila la Comisión Europea desde que España abandonó el procedimiento de déficit excesivo (PDE).

A esto se añade la reforma del sistema de financiación autonómica y local, emprendida tras las conferencia de presidentes celebrada en enero de 2017 y que debía estar en vigor en 2018.

Nadia Calviño: afrontar la desaceleración económica e impulsar la digitalización de la Administración

La vicepresidenta para asuntos económicos, Nadia Calviño, asume el cargo con la economía española en proceso de desaceleración, con un crecimiento del 1,9 % interanual, un punto menos que cuando fue nombrada ministra en junio de 2018 y el ritmo más bajo en cinco años.

Aunque no se prevé una recesión en el medio plazo, un empeoramiento inesperado de la coyuntura dejaría a España en una situación de vulnerabilidad y con poco margen de maniobra fiscal para impulsar la economía y el empleo, teniendo en cuenta que la deuda pública apenas baja del 98 % del PIB y la tasa de paro se mantiene en el entorno del 14 %.

Estos son dos de los mayores desequilibrios económicos que deberán afrontarse, junto con la escasa productividad y un progresivo envejecimiento de la población que presionará el gasto sanitario y en pensiones, sin que de momento se haya logrado un consenso en torno a una futura reforma de las pensiones que garantice la sostenibilidad del sistema.

Estos retos hay que afrontarlos sin desviarse de las reglas fiscales europeas, porque aunque España ha salido del procedimiento de déficit excesivo, Bruselas reclama un ajuste estructural del déficit público del 0,65 % del PIB, al que el Gobierno planea contribuir con una subida de impuestos a las rentas más altas y grandes empresas que permita mejorar la recaudación.

La vicepresidenta cuenta ya con un plan para la Legislatura, la denominada «Agenda del Cambio», presentada por Economía hace casi un año y en la que se esbozan de manera general reformas y objetivos para sentar las bases de un crecimiento sostenible a nivel económico, social y medioambiental.

Se trata de 60 medidas para lograr un 70 % del sistema eléctrico renovable, un 2,5 % de inversión en I+D+i en los Presupuestos, impulsar la transformación digital, reducir la brecha de género, erradicar la pobreza extrema en la infancia, detener la pérdida de población en zonas rurales o aumentar al 8 % el parque de vivienda social o asequible, entre otros objetivos.

Entre las medidas planteadas, algunas que en su día no gustaron a los ahora socios de Unidas Podemos, como la posibilidad de implantar un fondo de capitalización individual al modo de «mochila austríaca» al que recurrir en caso de despido improcedente, movilidad geográfica, para formación o para la jubilación.

En el ámbito financiero sigue en el aire el futuro de Bankia, aunque el compromiso del Estado pasa por la privatización de la entidad, un proceso que se ha ido a alargando por la mala situación de los mercados y que podría verse influido por la entrada en el Gobierno de Unidas Podemos, que aboga por mantener la titularidad pública del banco.

Calviño mantiene las competencias en materia de avance y transformación digital, entre las que se incluye la digitalización de la Administración y el desarrollo de una estrategia nacional de inteligencia artificial, así como la gestión de las infraestructuras de telecomunicaciones.

En este ámbito el reto más importante pasa por la subasta de la banda de 700 megahercios, clave para el despliegue de la tecnología 5G y que las operadoras reclaman que se efectúe con criterios justos y no recaudatorios.

Otros retos tecnológicos pasan por definir el impuesto a las grandes firmas del sector (tasa Google), garantizar la seguridad de la red 5G (cuestionada a raíz de las alertas de la Administración Trump contra Huawei) y establecer las bases para afrontar la robotización del empleo y para sacar el máximo provecho de la revolución digital que se avecina.