La Unió de Llauradors i Ramaders ha realizado un informe en el que alerta sobre el uso de materias activas de pesticidas en la citricultura sudafricana cuyo uso está prohibido en la Unión Europea. Carles Peris, secretario general de la agrupación, ha presentado el documento en el que se comparan los marcos regulatorios de la República de Sudáfrica y la UE y en el que se denuncia la permisividad de las leyes con los productos cítricos importados por los países extracomunitarios.

Le ha acompañado en la presentación Fernando Móner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), que además de denunciar la laxitud de los controles en el país africano, ha hablado de la necesidad de promocionar el consumo del producto local como garantía de seguridad agroalimentaria y concienciar a la ciudadanía de la necesidad de verificar el origen de los productos atendiendo al etiquetado para minimizar riesgos.

El estudio

El informe se ha elaborado a partir del estudio de la legislación vigente relativa a 305 materias activas, de las cuáles se ha verificado que 62 de ellas están permitidas en Sudáfrica y no en la Unión Europea. Peris ha denunciado esta circunstancia porque provoca que las producciones sudafricanas compitan «de forma desleal con las producciones europeas» y con los cítricos valencianos, al ser estos plaguicidas más económicos que los usados en la UE.

La Unió de Llauradors alerta que tres de las 62 materias activas autorizadas en Sudáfrica y no autorizadas en Europa están catalogadas como «extremadamente peligrosas» y diez de ellas como «altamente peligrosas«, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Peris ha criticado que la Comisión Europea permita que estos alimentos procedentes de agriculturas de países externos a la UE disfruten de un límite máximo permitido de residuos a la hora de introducirlos en los mercados europeos.

La entrada del hongo Citrus Black Spot conllevaría para la citricultura valenciana un aumento de los costes del 40%, asegura la Unió de Llauradors.

Entre las recomendaciones que La Unió incluye en su documento para hacer frente a esta problemática, destacan la prohibición de la importación de cítricos de países que autoricen las materias activas prohibidas en la UE, así como los que procedan de zonas con plagas y enfermedades declaradas de cuarentena; eliminar el nivel máximo de residuos (LMR) de 0,01 miligramos por kilo para pesticidas no autorizados en la UE; y la realización de analíticas en todas las entradas de cítricos en territorio europeo provenientes de países terceros.

Además de los riesgos derivados de la utilización de pesticidas prohibidos en la UE, la Unió aclara que no hay que dejar de lado el peligro de las plagas y las enfermedades y citan como ejemplo el caso del hongo Citrus Black Spot. Su entrada en la citricultura valenciana comportaría, según cálculos de la propia agrupación, un incremento de los costes de un 40%, ya que es un hongo que se trata periódicamente con plaguicidas al no poder erradicarse (presente en África desde los años 50). «Esta plaga se trata seis veces al año en los cultivos sudafricanos, que pueden asumir ese coste porque tienen una citricultura latifundista y una mano de obra prácticamente regalada«, afirman desde la Unió.

Carles Peris ha precisado que, aunque Sudáfrica es el país en el que se han centrado para el estudio por su volumen de exportaciones y por los acuerdos comerciales con la UE que benefician a su producción, la intención es ampliarlo a todos aquellos países que posean características similares en materia de seguridad alimentaria y conlleven un riesgo para la salud pública, entre los que ha citado Marruecos, Tunisia o Egipto.

Reclamaciones a la Comisión Europea

La Unió exige a la Comisión Europea “que sea mucho más estricta a la hora de legislar” y que estos países produzcan en las mismas condiciones que los de la UE. En esta línea, el líder de los agricultores valencianos destaca la importancia que tiene la equiparación de la normativa europea para los importadores extracomunitarios con regulación laxa a fin de “mejorar la sostenibilidad ambiental a nivel mundial”. «Nosotros no tenemos que ser los únicos garantes de la seguridad ambiental y de la seguridad del consumidor«, señala Peris en referencia a la responsabilidad que han de asumir los países exportadores. La intención es, anuncian, que el informe llegue a la Comisión Europea a través de los europarlamentarios españoles.

En similares términos se ha pronunciado Móner, que ha criticado «los juegos que se traen entre países«, en alusión a las diferencias de permisividad existentes en función de qué país sea el importador. De este modo, ha reivindicado una libertad de importación y exportación pero «cumpliendo las mismas reglas del juego«. Precisamente el informe recoge la conveniencia de esta unificación, tanto en cuanto a los criterios y normas de inspección fitosanitaria en las fronteras como en lo referente a la obligatoriedad de que todos los países exportadores se ajusten a las normas exigidas.

«En algunas zonas la UE deja hacer unas aduanas demasiado laxas».

Sin embargo, Móner ha matizado que «no se trata de decir que estamos consumiendo productos que tengan ese tipo de materias«, sino de «estar vigilantes para evitar que eso ocurra«. El presidente de Avacu ha revelado que al conocer el informe se pusieron en contacto con las autoridades, pero que lo que les preocupa, más que la exhaustividad de los controles en España, es que se apliquen de forma estricta en el ámbito de la UE. «En algunas zonas, la UE deja hacer unas aduanas demasiado laxas«, ha manifestado.

Controles

Respecto a los controles fronterizos, La Unió aboga por recuperar el protagonismo de los puertos españoles como puntos de entrada de los productos citrícolas extranjeros, ya que, según aducen, están perfectamente equipados para realizar una adecuada inspección. Sin embargo, Peris ha advertido que es necesario unificar los criterios en todos los puertos europeos e incluso ha propuesto la creación de un cuerpo de inspectores europeo para tal efecto. Es más, ha planteado también la posibilidad de enviar inspectores a los países de origen que garanticen la inocuidad del producto antes de salir.

Consumidores y etiquetado

Fernando Móner ha resaltado positivamente el interés creciente de la ciudadanía en conocer las especificaciones de los productos y apunta que el origen de los mismos ya es una de las principales preocupaciones de los consumidores, según la última Encuesta de Hábitos de Consumo. En este sentido ha afirmado que desde Avacu están haciendo esfuerzos para que «productos que antes no era obligatorio incluir el origen de manera clara ahora sí lo sea».

Para el presidente de la asociación, el tercer paso sería «dar credibilidad a las etiquetas», es decir, poner a disposición del consumidor mecanismos para ratificar que lo que pone en ellas se ajusta a la realidad. Además, ha pronosticado el fin de las etiquetas físicas: «Lo que va a haber dentro de poco es un código QR o un sistema similar que podrá leerse con el móvil y te va a decir hasta el nombre de la vaca, el campo y el agricultor».