El 31 de octubre del año pasado finalizó el contrato público por el que el grupo Ascires, del que depende Eresa, se encargaba de la gestión in situ de las resonancias magnéticas en todos los hospitales de la Comunitat Valenciana, salvo en el Hospital Peset y el Hospital San Juan (100% públicos). A día de hoy, Eresa sigue siendo responsable de este servicio a la espera de que se ponga en marcha el nuevo modelo del concurso de resonancias.

El cambio implica que la empresa valenciana pasará de gestionar prácticamente la totalidad de las resonancias de la Comunitat a gestionar aquellos pacientes derivados a las clínicas de Ascires Eresa. Desde el grupo biomédico apremian a la Generalitat para que active este nuevo modelo que ya se demora cinco meses. «Estamos preparados y nos gustaría que fuera pronto el cambio«, apunta José Ferrer, director médico de Ascires.

Reconoce que Eresa «pierde económicamente» con el cambio de contrato pero señala que se han invertido 20 millones de euros en clínicas en Xàtiva, Gandía y València (Campanar y el campus universitario) para hacer frente al cambio y que están listos para realizar los estudios de diagnóstico mediante resonancia magnética de los tres lotes ganados en el concurso convocado por la conselleria de Sanidad, en concreto para los departamentos de Vinaròs, València y Marina Baixa.

El doctor Ferrer explica las diferencias entre los dos modelos de gestión de los servicios de resonancia.

Con el nuevo modelo de licitación pública, se atenderá a los pacientes de las listas de espera de la sanidad pública valenciana en las clínicas de la empresa, sobre todo a pacientes ambulatorios. Ferrer ha explicado que el concurso de 2008, en el que Eresa es la responsable de gestionar las resonancias de los hospitales de Valencia y Castellón, recoge la gestión, planificación y ejecución, mientras que en el nuevo concurso, aún sin fecha de activación, la empresa solo se encargará de realizar las pruebas en el horario estándar.

Además, no existe la obligación de formación, lo que es una «sorpresa» para el director médico, y el anillo radiológico se limita a las clínicas de Ascires, mientras que el actual engloba a la sanidad pública. Confiesa Ferrer que de no ser por el arraigo de la compañía en la Comunitat se hubieran pensado si participar en el concurso convocado por la Generalitat. «Es una apuesta por tu tierra muy fuerte que no se justifica solo con los números del concurso«, expone el director médico.

«Perdemos porque actualmente gestionamos la totalidad de las resonancias mientras que en el segundo modelo gestionamos las que nos vienen«, expone Alicia Llácer, directora de Procesos Adminsitrativos y Call Center de Ascires. El anterior modelo, aún vigente, supone un 20% de la facturación total de Ascires en la Comunitat Valenciana, e implicó en 2018 que Eresa atendiera a 250.000 pacientes que requerían resonancias en los 9 hospitales públicos de Valencia y Castellón en los que está. Según las previsiones recogidas en los pliegos del nuevo modelo de concurso, en los lotes a los que ha accedido el grupo biomédico, se estiman 54.059 resonancias magnéticas a contratar.

Eresa perderá económicamente con el nuevo modelo al pasar de 250.000 resonancias realizadas en 2018 a una previsión de poco más de 54.000

El grupo no ha querido concretar el ingreso anual previsto por las pruebas de resonancia que tendrá, y ha indicado que Ascires ha planificado toda la transición. Añade Llácer que finalizarán con la lista de espera actual, en la que se cumple el plazo máximo de 30 días desde que se recibe la petición, antes del cambio de modelo y que están preparados «desde el 31 de octubre para finalizar el modelo e iniciar el nuevo«, añade que «estamos a disposición y necesidades de la sanidad pública«.

Respecto a los equipos de resonancias, ha explicado Rubén Hinarejos, director Técnico Sanitario que los de Eresa pasarán a formar parte de los hospitales hasta su sustitución por las de Amancio Ortega. Sobre el personal, señala que contemplan la subrogación a la sanidad pública y que esperan que no se repita la situación producida en el Hospital General, donde 7 profesionales se encuentran en un «limbo laboral» tras iniciarse la reversión del servicio, ya que no han sido asumidos por la administración pública.