Duras palabras las que ha dedicado hoy el presidente de Unauto VTC, Eduardo Martín, al sector del taxi mostrando su indignación por el decreto ley que prepara la Generalitat Valenciana para regular la actividad de los vehículos de transporte concertado, conocidos como VTC. «Las empresas de VTC no se han marchado, han sido expulsadas«, ha lamentado Martín en relación a Cataluña, apuntando que sucedería lo mismo en la Comunitat Valenciana de aprobarse el decreto.

«El sector del taxi ha engañado a las instituciones y a los ciudadanos«, apuntaba el presidente de Unauto VTC y ha añadido que el proyecto del Consell «no responde al interés general de los valencianos sino al interés particular del monopolio del sector del taxi, que una vez más se centra en presionar a las administraciones mediante el secuestro de las ciudades y la libertad de todos los ciudadanos«.

La Generalitat podría tener que pagar más de 300 millones por el decreto que regula a las VTC

Ha explicado que al igual que ha reconocido el Consell de Garanties Estatuàries en Cataluña, la Generalitat Valenciana tendría que hacerse cargo de las indemnizaciones por el cese de operaciones de los VTC. En este caso, según un estudio de EY, el coste para la Comunitat sería de 166 millones de euros por la regulación restrictiva, un coste que se asumiría a partir de 2022, cuando acabe el periodo fijado por Fomento y al que habría que sumar los daños por dejar de operar hasta esa fecha y el lucro cesante, que se estima sería de entre 200 y 300 millones de euros.

«Que la Comunitat no se deje engañar y que los ciudadanos no tengan que pagar el monopolio del sector del taxi«, ha expresado Martín que señala que lo que se pretende con el decreto ley es «imponer medidas restrictivas con barreras artificiales innecesarias que solo responden al interés del monopolio del taxi para evitar la viabilidad de cualquier empresa de VTC«. Añade que esperan que «esa barbaridad inconstitucional» que se ha producido en Cataluña no se repita en ninguna otra comunidad y que cuentan con el respaldo de consumidores, sindicatos y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Por último, al ser preguntado por posibles acciones contra el Ayuntamiento de València por su pretensión de ampliar el periodo de precontratación a una hora, el presidente de Unauto VTC ha explicado que el consistorio aún no tiene la potestad para regular a las VTC y que lo primero es el decreto de la Generalitat. Una vez se apruebe este, se estudiaría si emprender acciones contra el Ayuntamiento.

Foto: EFE/ Juan Carlos Cárdenas

Unauto pide un informe jurídico ante la inconstitucionalidad de la norma 

Por su parte, Ricardo González, presidente de Unauto VTC en València ha explicado que se ha solicitado una consulta al Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana sobre la constitucionalidad del decreto ley que prepara la Generalitat. «Tenemos la certeza de que la norma no pasará el filtro del Consell Jurídic porque es inconstitucional«, señala González exponiendo que el decreto vulnera la libre competencia y el libre mercado.

«Confiamos en que Valencia no querrá seguir el ejemplo de Cataluña y trabajará por encontrar una solución que garantice la convivencia de otras alternativas, como está sucediendo en la Comunidad de Madrid«, ha expuesto el presidente de la patronal de las VTC en València quien ha señalado, a su vez, que de aprobarse la norma serían despedidos más de 500 conductores. También apunta al encarecimiento de las tarifas de los taxis, al eliminarse parte de su competencia.

Concluye Ricardo González que «el futuro de las VTC, que llevan operando desde hace décadas en la Comunitat Valenciana, y, ahora, a través de las apps de movilidad, se ve claramente comprometido por las restricciones que pretende aprobar la Generalitat«.