La Comunitat Valenciana redujo un 45 por ciento el número de oficinas bancarias entre los años 2008 y 2017, la segunda autonomía con mayor variación, en términos absolutos, después de Cataluña (51 %) y seguida por la Comunidad de Madrid (42 %).

Según los datos publicados por el Banco de España, en 2017 el 2,7 % de la población española (1,249 millones de habitantes) carecía de oficina bancaria. Es decir, 4.109 municipios que perdieron la única sucursal con que contaban.

Las comunidades autónomas con mayor número de municipios sin oficina bancaria eran Castilla y León, 1.767; seguida de Castilla-La Mancha (470); Cataluña (467), y Aragón (413).

El Banco de España ha recordado que en los últimos años el sector bancario ha ajustado su modelo de negocio mediante el cierre de oficinas y la reducción de cajeros automáticos, en su búsqueda de rentabilidad y adaptación a las nuevas tecnologías.

Entre 2008 y 2017 el número de oficinas bancarias cayó un 39 %, y han pasado de 45.662, a 27.706, niveles similares a los de 1981.

La variación del número de oficinas, en términos absolutos, ha sido más acusada en Cataluña, Madrid o la Comunitat Valenciana (con porcentajes de reducción significativos entre 2008 y 2017, del 51 %, 42 % y 45 %, respectivamente).

Oficinas móviles, cajeros o agentes financieros tratan de paliar esta pérdida de servicio

Por otra parte, «y en la medida en que los dispensadores de efectivo suelen estar situados en las propias sucursales», el cierre de oficinas bancarias ha venido acompañado de la desaparición de muchos cajeros, según el supervisor.

Este hecho se ha visto parcialmente compensado con la instalación de nuevos cajeros en puntos de gran afluencia de personas, como centros comerciales o aeropuertos, si bien el número de cajeros ha disminuido un 17,6% en el periodo considerado, alcanzando la cifra de 50.839.

«La reducción del número de oficinas y cajeros contrasta con la necesidad de los ciudadanos de acceder al efectivo, ya sea a través de ventanillas bancarias de atención al público o de los propios dispensadores automáticos», según el Banco de España, que ha recordado que el efectivo sigue siendo el medio de pago más habitual en España, por lo que su acceso es de la «máxima importancia».

Pese a todo, el Banco de España ha descartado que la población que se ha quedado sin oficina se encuentre en exclusión financiera, ya que los municipios afectados están, en muchos casos, próximos a otros con sucursal o cajero.

De la misma manera, el Banco de España ha alegado que si se considera la densidad de población, la gran mayoría de la población española se concentra en municipios donde hay más de cinco oficinas.

También, ha destacado que la banca ha desarrollado canales alternativos para cubrir poblaciones que se han quedado sin sucursal, como oficinas móviles («ofibuses») o agentes financieros que, sin establecimiento permanente, atienden a los clientes periódicamente en aquellos puntos donde ya no existen oficinas.

Existen en España al menos 690 agencias móviles, mientras que unos 966 municipios o pedanías tienen cubierto el servicio de efectivo a través de agentes colaboradores, empleados desplazados o a través de los servicios de las compañías de transporte de fondos, según los datos del supervisor.

Las entidades ofrecen también servicios de efectivo eventuales en 609 municipios o pedanías y cuentan con cajeros desplazados en 502.

Por último, el Banco de España ha recordado que otros agentes no bancarios están empezando a ofrecer el servicio de retirada de efectivo a través de cajeros multiuso o con motivo de una compra cash-back (realizar la compra y al mismo tiempo recibir efectivo).

Entidades financieras y administraciones públicas están tomando medidas para evitar la exclusión financiera de la población rural. Es el caso de la Generalitat Valenciana que ha anunciado la instalación de cajeros en 95 municipios sin bancos.

CaixaBank, por su parte, se ha comprometido a mantener su red en el ámbito rural o el proyecto de Correos que plantea dar servicios bancarios en sus oficinas rurales, para lo cuál negocia con varias entidades financieras. EFE