«Es un error mirar hacia otro lado. Si sólo vamos a competir en precio, estamos perdidos. Tenemos que partir de otras premisas», declaró Orencio Vázquez, consejero vocal del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (Cerse), durante la jornada Realidad y Futuro de la Responsabilidad Social (RS) en la Comunitat Valenciana celebrada el pasado miércoles 16 en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). En la misma línea se pronunció Miguel Ángel Javaloyes, secretario general de la patronal: «El fin no puede ni debe justificar los medios». 

El análisis de la Ley 18/2018 de la Generalitat, aprobada el pasado mes de julio, para el Fomento de la RS fue el motivo por el que la Conselleria de Transparencia organizó la jornada. En su preámbulo, la Ley define a la RS como «un sistema innovador de gestión de las empresas y organizaciones que se orienta a incrementar la competitividad de estas así como el fomento del desarrollo sostenible y la justicia social».

Vázquez la valoró como «una ley bastante atrevida, hay que hacer las cosas con valentía para ser pioneros en la materia». Bajo su punto de vista, los retos principales a los que se enfrenta la RS son “el cambio climático, la desigualdad en todos sus aspectos, el auge de los nacionalismos y los nuevos giros en políticas comerciales”.  Insistió en la necesidad de conseguir una mayor implicación del sector financiero, que debe de ir más allá de los objetivos puramente relacionados con su actividad y “abordar proyectos de impacto social, a partir de una banca ética y sostenible”.

«La corrupción contamina absolutamente todo»

Pero el consejero de Cerse, entidad creada en 2009 «y una gran desconocida», como apuntó Javaloyes, enfocó la mayor parte de su intervención en la capacidad de la administraciones públicas para lograr extraer de un intangible como la RS resultados efectivos y concretos. “¿Cómo medir la contribución real de la empresa a la sociedad? ¿Cómo premiarla? ¿Quién asume estas responsabilidades?”. Al menos como base, «los poderes públicos deben generar confianza. La corrupción contamina absolutamente todo, y favorece a los nacionalismos, la desconfianza y la desobediencia». 

Al hilo de esta cuestión, también tomó parte en la jornada Jose Luis Blasco, catedrático de Derecho Administrativo en la Universitat Jaume I, con su ponencia Cláusulas sociales en contratación pública. Blasco repasó el artículo 13 de la Ley, referido a este aspecto, y que suele ser la fuente de los casos de corrupción protagonizados por miembros de las administraciones. Tras felicitar a la Generalitat por «incorporar política de RS, algo a lo que las administraciones no están acostumbradas», indicó que «la contratación pública es estratégica. No se debe utilizar sólo para obtener una prestación: debe ser ecológica, socialmente responsable, y favorecer la compra de innovación como motor de desarrollo económico».

En la mesa, a la izquierda, Jose Luis Blasco, catedrático de Derecho Administrativo de la UJI; a la derecha, Orencio Vázquez, consejero vocal del Cerse. | E3

La Ley establece una serie de criterios para la articulación y ejecución de la contratación pública que tratan de asegurar jurídicamente los objetivos mencionados. Blasco señaló que la Ley presentaba el problema de que «sabemos cuál es la finalidad de estas cláusulas de contratación, pero no está clara su concreción». 

Vázquez también ahondó en la gran problemática a la que deben enfrentarse las políticas de RS. «Las medidas quedan muy bonitas en el papel, pero debe haber mecanismos sancionadores claros», y achacó a su ausencia la valoración «irregular» del papel efectuado por el Cerse en sus diez años de existencia.

Primer Tratado Empresa-Derechos Humanos

Blasco recordó que «la sensibilidad por la RS en Europa viene desde el año 96, cuando la Comisión Europea destacó ciertos aspectos sociales que se tenían que compatibilizar con la actividad empresarial. Cada vez es más evidente la apuesta europea, que para 2020 se marcó objetivos constatables respecto a empleo e innovación». Sin embargo, a nadie se le escapa las consecuencias de índole política dejadas por la crisis, por lo que «las elecciones europeas se enfrentan a un riesgo elevado de aumento de la presencia de partidos extremistas», añadió Vázquez. Como contrapeso a la preocupante incertidumbre que se cierne en mayo sobre las urnas, el consejero de Cerse avanzó que «en Naciones Unidas se está trabajando en un Tratado sobre empresa y Derechos Humanos. Por primera vez en la Historia, no es un tratado dirigido a países».

Por su parte, el secretario general de la UGT-PV, Ismael Sáez, hizo una lectura positiva de la Ley, «acogida con interés», aunque matizó que «la RSE es un acto voluntario que va más allá de la Ley. Hay que garantizar que no se convierta en un simple acto de propaganda. Nuestra exigencia es que hacerla cumplir no sea competencia única de la Administración, sino también de los propios agentes laborales».

Javaloyes añadió que «es un principio para conseguir una sociedad basada en los valores y la transparencia, para crear bienestar y empleo. Los consumidores exigen empresas competitivas y responsables, y desde la CEV estamos trabajando para que las buenas prácticas se integren gestión de la totalidad de las empresas».

La Ley es un buen principio y se ha creado para fomentar unos valores necesarios para la convivencia. No puede ser malo que de la administración emane un ejemplo que se filtre en las distintas organizaciones que forman parte de nuestro cuerpo social. Pero hay que darle vueltas al cómo: «Si no hay indicadores de seguimiento, ni garantías de cumplimiento, los perjudicados serán los empresarios y la sociedad», afirmó Vázquez.