Sin lugar a duda, y desde la vigencia de nuestra actual Constitución, la Justicia española sufre su peor momento de credibilidad. Las causas del descrédito de la Justicia en España vienen siendo múltiples. Por un lado, el enorme retraso en la resolución de los asuntos que los ciudadanos vienen delegando en los juzgados y tribunales, no contribuye a dar una imagen de respetabilidad.

Por otra parte, y como ya hemos comentado en otros artículos, la inseguridad jurídica que provoca la existencia de resoluciones judiciales contradictorias respecto de un mismo asunto, tampoco ayuda a que la imagen de la Justicia sea respetada, al no resultar objetiva y unificada. Sin embargo, los últimos acontecimientos que rodean a la Justicia han determinado que su imagen haya quedado en total tela de juicio y descrédito, y a ello han contribuido, tanto los propios jueces, como los políticos.

El escándalo puesto de manifiesto como consecuencia de la decisión del presidente del Tribunal Supremo, de convocar en pleno a los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, a fin de revisar la Sentencia dictada por una de sus Secciones, al respecto de la determinación del sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados al que se someten los préstamos hipotecarios, ha supuesto un hecho sin precedentes para la Justicia en España.

Parece lógico pensar que hubiera sido más razonable que esos mismos magistrados se hubiesen reunido antes de dictarse una sentencia para unificar los criterios y no al revés. La relevancia por el número de afectados por la decisión, la importancia económica que ello suponía para consumidores y sistema bancario, la injerencia política derivada de opinar sin quisiera conocer, el enorme retraso en la reunión a mantener por los magistrados del Supremo y, una vez tomada la decisión, la inmediata respuesta del poder político -modificando la redacción de la norma que había supuesto el problema judicial-, no han contribuido a dar una imagen adecuada de la Justicia.

Tampoco el bochornoso acuerdo político tomado por algunos partidos al respecto del reparto de candidatos en el Tribunal Supremo, incluso designándose por dichos partidos a su presidente cuando dicha función está reservada a los propios magistrados designados; la posterior dimisión del citado candidato a presidente a raíz de unas filtraciones por Whatsapp, en las que se dejaba entrever un pretendido control político que respecto de la Institución pudiera realizarse por un partido; la vuelta a su cargo del previsto presidente, para enjuiciar el procedimiento penal existente por los graves hechos acaecidos en Cataluña como consecuencia del referéndum de independencia; los distintos varapalos de Tribunales europeos a las decisiones judiciales españolas, etc., tampoco ayudan a considerar a la Justicia como un elemento objetivo primordial en un Estado democrático y de Derecho moderno.

La solución es posible
La solución a todo este desaguisado es relativamente sencilla, si bien requiere de modificaciones profundas a nivel legislativo, y una dosis de enorme sentido común: apliquemos rigurosamente nuestra Constitución y respetemos la división de poderes.

Que la Justicia la dirijan jueces, que sean éstos quienes designen a sus máximos representantes por los méritos y trayectorias profesionales al servicio de la función pública y de los ciudadanos a los que administran justicia y, fundamentalmente, que se evite la politización de las Instituciones y Tribunales que dirigen y administran dicha Justicia.

Todo ello a fin de volver a erigir a la Justicia como pilar clave y fundamental en un Estado democrático, a fin de preservar y garantizar en el futuro su objetividad, imparcialidad y respetabilidad, limitándose la función del poder político a dotarla de los medios materiales y humanos que sean necesarios para ello y, en la medida de lo posible, a evitar injerencias y opiniones de los mismos.

Una vez creada la estructura adecuada y a fin de garantizar la imparcialidad, objetividad y rigurosidad de la Justicia, deberá ser el Consejo General del Poder Judicial quien, como máximo órgano de dirección y control de los jueces, aplique sin dudar aquellas decisiones que sean necesarias, para evitar un descrédito de la Justicia que, desde mi punto de vista y en la actualidad, parece calificar como intocables a los jueces que no dan personal y ni profesionalmente la talla necesaria para impartir justicia.

Decisiones tales como expulsiones de la carrera judicial a quien acumule retrasos excesivos en la resolución de sus expedientes, a quienes no respeten las mínimas normas de moralidad y ética profesional, a quienes no sigan las instrucciones ni órdenes relativas a interpretaciones de las normativas aplicables, etc.