El tribunal que juzga la salida a Bolsa de Bankia ultima su decisión sobre las cuestiones previas, en mitad del dilema sobre si es factible apartar a las acusaciones y celebrar un juicio con cuatro acusados por un único delito, cuando la propia fiscalía abrió la puerta al posible cambio de sus conclusiones.

Entre los temas pendientes destaca la legitimidad de los pequeños accionistas, la cual ha sido cuestionada por las defensas, especialmente la de la entidad, que solicitó poder desbloquear dos millones de euros de su fianza para resarcir al centenar de minoristas -de los 180.000 que acudieron a la operación- que quedan por recuperar su inversión.

Para Bankia, este reintegro conllevaría la renuncia a cualquier acción legal. Sin embargo, fuentes del resto de acusaciones, defienden su derecho a permanecer en el juicio por los daños morales y patrimoniales sufridos durante, al menos, cinco años, a pesar de haber recibido la compensación estipulada.

Según el letrado de la entidad, el número de cuentas de accionistas que reúnen las condiciones para ser considerados perjudicados se eleva a 176, las cuales concentran 205 personas físicas y cuatro jurídicas. La defensa de la entidad entiende que hay personados fallecidos, por lo cuál deberían ser excluidos del procedimiento.

Otro frente es la llamada «doctrina Botín» por la cual se limita el ejercicio de la acción popular cuando ni fiscalía ni perjudicados ejerzan acusación. Este aspecto afectaría a la Confederación Intersindical de Crédito, CGT y el movimiento 15MpaRato.

A dicha doctrina se encomiendan, de forma especial, los 30 acusados contra los que no presenta cargos el Ministerio Público, que sólo señala a Rato y los otros tres antiguos administradores de Bankia, José Luis Olivas, José Manuel Fernández-Norniella y Francisco Verdú, para los que pide entre cinco años y dos años y siete meses de prisión por estafa a inversores. EFECOM