Las defensas del caso Bankia pide excluir a las acusaciones particulares

Los abogados defensores en el caso Bankia y de su matriz, BFA, han reprochado hoy en el juicio por la salida a Bolsa de la entidad que siguen sin saber qué delitos les atribuyen las acusaciones particulares, que según ambos no han acreditado debidamente el perjuicio sufrido, y a las que han pedido «depurar».

«Nos sentamos aquí sin saber quiénes tenemos enfrente», ha dicho el letrado del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Alberto Gómez Fraga.

El letrado ha solicitado a la Audiencia Nacional que analice si estos afectados pertenecen al centenar de minoristas que aún no han sido resarcidos, o si ya han recibido el importe de su inversión, en cuyo caso, habrían de ser expulsadas del juicio y, con ellos, las acusaciones populares por aplicación de la «doctrina Botín».

En esta segunda sesión, el abogado de Bankia, Joaquín Burkhalter, ha abogado por mantener únicamente a los pequeños inversores que no han recuperado su inversión a través del mecanismo extrajudicial habilitado por la entidad en 2016.

Ha destacado ante la sección cuarta de la sala de lo Penal que en su momento se personaron 11.000 afectados, a los que en febrero de ese año se les ofreció la posibilidad «rápida y gratuita» de devolverles su dinero con un interés del 1 %, lo que le supuso un desembolso de unos 1.840 millones de euros.

Fue, ése, el mecanismo elegido por una gran mayoría de afectados, que al tiempo renunciaban al ejercicio de acciones legales; tras ello, muchos pequeños personados desistieron, aunque otros «no cumplieron con esta obligación y permanecieron en estas actuaciones», aunque ya no tenían «derecho ni legitimación». Asimismo, ha explicado Burkhalter, hay que sumar personas que han fallecido y siguen aún representadas en la causa.

La cifra de cuentas de accionistas que reúnen las condiciones necesarias para ser consideradas perjudicados se eleva a 176, ha desvelado, que concentran 205 personas físicas y cuatro jurídicas. Tampoco considera que deban estar personados aquellos que compraron acciones en el mercado secundario o cajearon preferentes.

El resto de defensores, además de solicitar que se dispense a sus clientes de acudir a todas las sesiones por razones laborales e incluso, académicas, como el exconsejero Estanislao Rodríguez-Ponga, actualmente en prisión por las tarjetas «black«, han enfatizado la temeridad de las acusaciones.

Varios han pedido para ellas la condena en costas y han subrayado que, en la querella de UPyD que dió origen al proceso en 2012, no se dudaba de las cuentas de las siete Cajas que dieron origen a Bankia.

El abogado de Sergio Durá, el interventor de la entidad, ha insistido en que éste entró en Bankia una semana después de la salida a Bolsa, y ha cargado contra las acusaciones por su «inconcreción».

Por su parte, el letrado de Ildefonso Sánchez Barcoj, el ex director general financiero de Bankia, ha pedido a la sala que exonere a su cliente, ya que no tenía «competencia sobre la contabilidad y los estados financieros» de las que se encargaba la presidencia, según se le comunicó a su entrada en la entidad, por lo que «no se le puede atribuir ninguna responsabilidad» sobre las cuentas de 2011.

Mientras que Deloitte ha recordado que el juez instructor ya le apartó de la investigación, y que posteriormente y merced a un recurso de la ´Confederación Intersindical de Crédito (CIC) fue devuelta a la causa, pese a que no «ha sido informada de qué se le acusa». EFECOM