La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, José de la Mata, que impute al expresident de la Generalitat Francisco Camps en la pieza de la causa que investiga contrataciones de la Generalitat y sociedades vinculadas al grupo de Francisco Correa, por posibles delitos de prevaricación y de fraude, informa Efe.

Por su parte, la defensa de Camps considera fuera de lugar la petición de la Fiscalía ya que alega que el caso «está cerrado jurídicamente».

Esta pieza fue reabierta el pasado septiembre y trata sobre supuestas irregularidades en contrataciones de la Generalitat con las sociedades vinculadas a la trama Gürtel entre 2004 y 2009.

El juez la reabrió por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que aceptó una petición de Anticorrupción reclamando investigar a Camps tras las declaraciones en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano del ex secretario general del partido Ricardo Costa y de otros acusados que le acusaron de crear ese sistema corrupto.

En concreto, Anticorrupción quiere imputar al expresidente valenciano por una adjudicación supuestamente irregular de fecha 30 de diciembre de 2008 y que no habría prescrito.

La pieza «Valencia 5», recordó la Fiscalía en su petición del pasado julio, «se refiere íntegramente a adjudicaciones irregulares por parte de diversas consellerías y sociedades públicas valencianas». En el caso de este contrato de 2008, fue adjudicado por la Dirección de Promoción Institucional de la Generalitat, que dependía directamente de la Presidencia, ostentada por Camps en ese momento.

Para pedir la imputación de Camps, la Fiscalía se ha basado en la declaración que prestaron en el juicio a la rama valenciana de Gürtel Costa y otros implicados como los cabecillas de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, el Bigotes, que señalaron directamente a Camps como responsable de la financiación ilegal del PP valenciano.

También en las conversaciones Telefónicas intervenidas judicialmente entre agosto de 2008 y febrero de 2009 en plena investigación de la trama Gürtel y diversos correos electrónicos intervenidos en la sede de Orange Market, de la que era responsable el Bigotes.

El juicio por la financiación irregular del PP valenciano se centró en actos de las campañas de las autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 que fueron costeados por empresarios y que para Camps estarían ya prescritos al haber transcurrido ya diez años sin haber sido investigados.

En el juicio por la financiación irregular, Ricardo Costa, que ha sido condenado a 4 años de cárcel por estos hechos, llegó a asegurar que Camps encargó complementos (fuegos artificiales y una banda de música) en actos de campaña a los que acudió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por valor de 120.000 euros, que corrieron a cargo de empresarios.

Sin embargo, Costa trató de desvincular a la dirección nacional de toda responsabilidad en el caso. «No está permitido (…) Sería un Filesa II», aseguró que le dijo el extesorero Luis Bárcenas cuando Costa le contó la práctica de pagos irregulares -según él- orquestada por Camps.

Con esta declaración, el que fuera secretario general de la formación se convirtió en el primer político acusado en Gürtel que ha reconocido la financiación ilegal del PP.

La defensa de Camps recuerda que el juez instructor primero y el TSJCV después rechazaron tal pretensión en su momento y que 37 altos cargos de la administración autonómica negaron recibir instrucción alguna en las contrataciones realizadas.