La Fiscalía Anticorrupción podría ampliar la acusación en el juicio de Bankia a los antiguos responsables: falsedad contable, que se añadiría al de estafa a inversores del que está acusada la antigua cúpula de la entidad. Una acusación que podría extenderse al resto de acusados.

Así lo ha indicado al inicio de la sesión la fiscal Carmen Launa, quien se ha reservado el derecho a incorporar la falsedad contable a las acusaciones ya formuladas, tras incorporar nueva documentación al procedimiento.

La Fiscalía pide cinco años de prisión para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por estafa a inversores, delito que también atribuye al exvicepresidente José Luis Olivas (cuatro años), al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años) y al ex consejero delegado Francisco Verdú (dos años y siete meses).

Al resto de exconsejeros y exdirectivos de la entidad, así como a BFA, la propia Bankia, la auditora Deloitte y el socio auditor, Francisco Celma, son únicamente las acusaciones particulares y populares, que piden para ellos hasta doce años de prisión, las que les atribuyen falsedad contable, penada con entre uno y tres años de cárcel.

Anticorrupción sostenía que los cuatro ocultaron que el negocio de Bankia era inviable en un entorno de crisis sin recibir ayudas, de modo que habrían actuado para obtener «a toda costa» los fondos necesarios, aunque señalaba que «las cuentas del grupo no son materialmente falsas, ya que no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del regulador».

Por ello, no incluía la falsedad contable, pero hoy la fiscal, acompañada en el estrado por el ahora fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, ha introducido esta posibilidad tras la incorporación de ingente documentación que hasta ahora no obraba en el procedimiento.

Entre estos informes Launa ha destacado aquellos que revelarían el mal estado de Bancaja Hábitat, la filial inmobiliaria de Bancaja (una de las siete entidades que constituyeron Bankia tras el proceso de fusión), que según el Ministerio Público, «ocultaba gran parte de los deterioros» que se arrastraron a las cuentas de 2011.

Asimismo, ha incluido el diario de sesiones de la comisión que investiga el origen de la crisis financiera en el Congreso de los Diputados, así como un informe pericial elaborado por el experto cedido por el Banco de España sobre el impacto que hubiera podido ocasionar en Bankia la reclamación de la aseguradora Aviva, vinculada hasta la integración a Bancaja, y que llegó a pedir una indemnización de 944 millones de euros.

La principal pretensión de las defensas ha sido la aplicación de la «doctrina Botín«, en función de la cual las acusaciones populares quedarían expulsadas del procedimiento de acreditarse que no hay ningún perjudicado sin recuperar su dinero en el procedimiento.

El letrado de Rato, Ignacio Ayala, ha apuntado al tribunal que el propio exministro adquirió 66.000 acciones de Bankia de la salida a bolsa, unos 250.000 euros, hecho que también ha alegado la defensa de Olivas, quien mantuvo su inversión de 150.000 euros «mucho tiempo después de salir de la entidad», lo que en su opinión, desmontaría el delito de estafa.