La primera cumbre de rectoras de universidades públicas españolas, organizada por la Fundación Isonomía en la Universitat Jaume I (UJI) fijó las conclusiones que sustentarán la Declaración de Castelló que aboga por impulsar políticas efectivas de equidad en las universidades, donde solo 15 de las 84 universidades tienen rectora, lo que supone que solo una de cada cinco mujeres son catedráticas o rectoras.

El documento se estructura en tres líneas, tales como la formación, la investigación y el liderazgo y la gestión. Ha de servir de “hoja de ruta para acometer las acciones tendentes a lograr la igualdad en las universidades españolas”, afirmó la rectora de la UJI, Eva Alcón, que las trasladará a la Asociación Europea de Rectoras. Igual que las asistentes a la cumbre condenó la violencia de género y tuvo un recuerdo para las 45 mujeres muertas en este año.

La directora general de Universidades de la Generalitat Valenciana, Josefina Bueno, destacó lo que supone de “hito para la Universidad” esta cumbre, «en una fecha tan señalada como es el día después del 25 de noviembre, una fecha clave donde la ciudadanía muestra su repulsa a la desigualdad entre hombres y mujeres y a la violencia de género”.

A la cita asistieron las rectoras de las universidades de Valencia, M. Vicenta Mestre; de la de Granada, Pilar Aranda; del País Vasco, Nekane Balluerka; de la Autónoma de Barcelona; Margarita Arboix; de la Rovira i Virgili, M. José Figueras, y de la de Huelva, M. Antonia Peña. Todas trabajaron en dos bloques temáticos a los que se sumó la secretaria general de la Conferencia de Rectores de Universidades (CRUE), María Teresa Lozano.

La vicerrectora de Igualdad de la UJI, Pilar Safont, fue la encargada de recoger el documento de conclusiones sobre el que se elaborará la Declaración de Castellón. Plantea crear un área de conocimiento de estudios de género y la implantación de un grado específico, a la vez que se hace un esfuerzo por llegar al alumnado en  primaria y secundaria, para acabar con los estereotipos y conseguir incorporar a hombres en grados feminizados y viceversa.

En el documento final se apuesta por incrementar la formación en materia de género en los equipos de gobierno, para conseguir una mayor implicación y más alianzas con los hombres que permitan llevar a cabo más medidas de conciliación y corresponsabilidad.

En el ámbito de la investigación, se concluye que hay  necesidad de incorporar medidas de discriminación positiva en los planes propios de investigación, que la carrera investigadora contemple periodos maternidad y cuidado de dependientes, y que se haga un esfuerzo por visibilizar el nombre de las mujeres investigadoras a través de medidas como citar el nombre completo en las publicaciones científicas o apostar por más reconocimientos a mujeres investigadoras.

En el apartado de liderazgo y gestión, el documento propone que las universidades elaboren presupuestos con perspectiva de género; aumento de partidas presupuestarias para realizar políticas de género; fortalecer las estructuras de las unidades de igualdad; potenciar y normalizar el lenguaje no sexista e inclusivo; que se busque el equilibrio y paridad en los órganos directivos de la universidad, o que haya una política de tolerancia cero frente a violencias machistas.

Lozano, realizó una radiografía de la situación de la mujer en la universidad española, a partir del informe La universidad española en cifras, que recoge la existencia del techo de cristal en la universidad, por lo que se requieren más esfuerzos para atajarlo, puesto que sólo 15 de las 84 universidades públicas y privadas españolas tienen como rectora a una mujer y 7  de ellas lo son en las públicas.  “Ello supone que solo 1 de cada 5 mujeres es catedrática o rectora. Vosotras sois la excepción”.