El precio de la energía eléctrica ocasiona sobrecostes de 25 millones en la agricultura valenciana, según informa AVA-Asaja.  Un aumento que, según la organización agraria, «compromete seriamente la viabilidad de las explotaciones».

Para la organización agraria, que cita un informe de sus servicios técnicos,  durante los últimos doce meses el sector se ha visto obligado a hacer frente a un sobrecoste de 25,1 millones de euros debido a la repercusión que esos máximos históricos de la energía están teniendo sobre la electricidad y los combustibles.

Por término medio, el precio del gasóleo agrícola ha registrado un aumento del 28% en un solo año, al pasar de 0,70 céntimos por litro a 0,90 céntimos. Tomando como referencia la superficie agraria valenciana en su conjunto -unas 654.000 hectáreas- y que el cultivo de una hectárea requiere alrededor de unos 100 litros anuales de combustible para acometer las distintas tareas, el sobrecoste que están soportando los agricultores se eleva a 13, 1 millones de euros.

En el caso del regadío, de la necesidad que tienen los regantes de consumir electricidad bien para extraer las aguas subterráneas que emplean, bien para rebombear el agua de las balsas cuando se trata de aguas superficiales, el aumento medio de la factura eléctrica viene a situarse en torno al 8%. O dicho de otro modo, y tomando siempre como referencia valores medios, a un agricultor le cuesta 50 euros más regar una hectárea de terreno que hace un año.

AVA-Asaja calcula en 240.000 hectáreas las que requieren energía eléctrica para el riego en la Comunitat Valenciana, por lo que la subida de los costes por este motivo se dispara a 12 millones de euros. La suma de ambos conceptos sitúa el sobrecoste en 25,1 millones de euros.

Cristóbal Aguado, presidente de la organización agraria, considera que «la situación es muy, pero que muy preocupante porque los precios que cobran los agricultores por sus productos o están estancados desde hace años o tienden claramente a la baja mientras que los costes que soportan crecen de un modo brutal. Es evidente que los números no cuadran y que esa ecuación es insostenible. Las administraciones tienen que tomar conciencia de la gravedad del asunto y abordar una revisión del sistema tarifario que regula el uso de la electricidad en el sector agrario, así como del gasóleo profesional para poder aliviar esta coyuntura, porque en caso contrario muchas explotaciones van a verse abocadas al cierre y ese es un lujo que no puede permitirse un sector que debería ser estratégico y que se encuentra contra las cuerdas».