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Un informe sobre auditoría del sector público destaca el alto grado de cumplimiento de los ayuntamientos de València y Sagunto

El 90% del gasto de las administraciones locales no se somete a auditoría externa

La Comunitat Valenciana también destaca entre las autonomìas más cumplidoras

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El estudio sobre la implantación de la auditoría externa en las administraciones públicas españoles reconoce que la Comunidad Valenciana es una de las más cumplidoras, lo que la convierte en uno de los casos más satisfactorios de España. Esta conclusión se extrae del estudio “La auditoría externa en el sector público en España” que han dirigido los profesores José Manuel Vela y José Luis Zafra de la UPV y la Universidad de Granada.

El estudio analiza las cuentas de las administraciones local, autonómica y central y una de las conclusiones que se extrae del mismo es que todavía queda mucho camino por recorrer, especialmente en el ámbito de las administraciones locales. Sin embargo, en este apartado, el estudio destaca València y Sagunto por el nivel de información aportada.

Con respecto a la Administración Local, el estudio se centra en municipios de más de 50.000 habitantes, donde se pone de manifiesto la escasa implantación de la auditoría externa y que revela que el 90% del gasto de los ayuntamientos no se audita.

El informe recomienda ante esta situación cambios normativos “que aseguren unos niveles de implantación similares, al menos, a los existentes en el ámbito empresarial”. Las sociedades públicas locales deben ser auditadas de acuerdo con la Ley de Auditoría de Cuentas española. De acuerdo con el estudio presentado, los ayuntamientos que aportan mayor nivel de información financiera son San Sebastián, San Cugat del Vallés, Las Rozas, Granollers, Terrasa, Valladolid, Logroño, Valencia y Sagunto.

Normativa contable heterogénea
Con respecto a las Comunidades Autónomas, el grado de implantación de la auditoría externa resulta claramente desigual. Los plazos de presentación de los informes son muy dispares, la normativa contable aplicable no resulta homogénea y los plazos de rendición de las cuentas generales presentan frecuentes incidencias.

Por otra parte, el alcance de los trabajos que se llevan a cabo tampoco resulta uniforme, teniendo en cuenta el amplio número de órganos de control externo que desarrollan su labor, además del propio Tribunal de Cuentas. Las comunidades de Baleares, Navarra, Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco o Cataluña son las que gozan de unos niveles de implantación de auditoría externa más satisfactorios, teniendo en cuenta tanto el volumen de gasto auditado como el alcance de los trabajos que se llevan a cabo.

Por último, y en el caso de la Administración estatal, el grado de implantación de la auditoría resulta ampliamente más satisfactorio. La Cuenta General del Estado, que se presenta en 2014 ya de forma consolidada a diferencia del resto de Administraciones, alcanza un grado de fiscalización del 90%, aunque un 18% de las entidades que la integran no rinden cuentas o lo hacen fuera de plazo.

El estudio concluye señalando que las administraciones públicas deben ser más transparentes para ganar en eficiencia y la auditoría se configura como una herramienta de enorme potencia cuya regulación en el ámbito público, especialmente a nivel local, sigue siendo una asignatura pendiente especialmente a nivel externo.

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