El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante (Coial), Baldomero Segura, ha sido reelegido presidente de Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos (CGCOIA) para los próximos cuatro años. Es su tercera reelección, ya que preside el consejo desde 2006.

«Al estar inmersos en proceso de reorganización derivado de la puesta en marcha de los estatutos recientemente aprobados, consideré que era conveniente mantener la actual dirección hasta completar este proceso, contando con un amplio apoyo en la Junta de Decanos», ha explicado Segura.

Sobre la actividad del Consejo, Segura ha recordado que esta entidad «está desarrollando algunos proyectos en colaboración con otros colegios de ingeniería a través de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI) y del Instituto de Ingeniería de España (IIE)», entre los cuales ha citado «el desarrollo del Pacto por la Industria y la búsqueda de unas directrices que permitan, ante la proliferación de títulos de ingeniería, una fácil identificación por el conjunto de la sociedad de sus competencias y atribuciones profesionales».

Según Segura, «la puesta en marcha del Plan Bolonia ha provocado una avalancha de títulos, algunos de los cuales crean confusión. Además, el desarrollo de los másteres con competencias no está siendo el esperado y tendremos que intentar un camino que evite dicha confusión».

El reelegido presidente recalca que mientras se mantenga la legislación actual, «la colegiación es obligatoria. Estamos desarrollando una labor informativa, no coactiva, en las empresas y en la Administración sobre la obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio de la profesión con independencia de que esta se ejerza por cuenta propia o por cuenta ajena, sea esta con contrato laboral o por vinculación funcionarial».

«Queremos informar a los empleadores de Ingenieros Agrónomos sobre las ventajas de estar colegiado, como la de tener cubierta la responsabilidad civil, ya que muchas veces las responsabilidades de los trabajadores por cuenta ajena no están suficientemente bien respaldadas»,  La propia Administración reconoce esta obligatoriedad para el ejercicio profesional, ha concluido.