Cuotas y reparto de poder en la Confederación autonómica

Salvador Navarro, presidente de la CEV

– Ha dicho antes que la representatividad hay que pagarla. ¿Cómo va a financiarse y cómo funcionará el reparto de poder en la nueva confederación autonómica?

– El modelo es claro: un vocal, un voto. 1.304 euros/año por vocal. ¿Es caro o barato? La asamblea decidirá. 9.000 euros es lo que cuesta una vocalía en la asamblea de CEOE y 652 euros al año es lo que estábamos pagando hasta ahora en la provincial de Valencia. Hay que tener presente que estas cuotas se aplican solo a las asociaciones y federaciones. Las empresas individuales no pagan lo mismo: una pyme abonará cerca de los 1.500 euros/año; una mediana, 6.000 euros, y hay empresas que pagan 12.000 euros.

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La segunda regla que regulará el funcionamiento de la asamblea general de la nueva confederación es la del reparto de representación entre empresas y asociaciones y federaciones: el total de empresas afiliadas individualmente tendrán el 30 % de la asamblea y las asociaciones y federaciones el 70 %.

La tercera regla es que ninguna asociación o federación ostentará más del 30 % de la representación que corresponda a federaciones y asociaciones; es decir, el 30 % del 70 % de la asamblea. Con este reparto garantizamos que, por mucho que aporte económicamente una empresa, asociación o federación, nunca va a controlar ella sola la asamblea general.

Y existe una cuarta regla: las empresas que se incorporarán a la confederación tienen que estar de alta previamente en su sectorial correspondiente. De esta forma, las asociaciones y federaciones están tranquilas, porque no ven a la confederación como un competidor, pues la empresa que se quiere incorporar, primero tiene que estar en su sectorial. De hecho, nos ha ocurrido que alguna empresa que se quería incorporar ya, le hemos dicho que primero vaya a su sector.

– ¿Cómo se traduce esto en términos de ingresos efectivos?

– El presupuesto con el que estamos trabajando es de 1,5 millones de euros, el 60 % correspondería a ingreso privado y el 40 % público. De ese 60 %, el 70 % lo ponen las empresas y el 30 % las asociaciones. Ese modelo está en vigor desde hace cuatro años en Valencia y los resultados están a la vista.