El seminario Financiación Autonómica, Estabilidad Presupuestaria y Bienestar, que ha organizado el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ha puesto sobre la mesa algunos de los temas fundamentales que han de abordarse en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica (SFA). 

El documento Suficiencia financiera de las CC.AA. y Estado del bienestar, elaborado por Francisco Pérez, catedrático de la UV, director de Investigación del Ivie y representante de la Generalitat en la comisión técnica que ha de analizar el cambio del SFA, en colaboración con Silvia Mollá y Juan Pérez, también del Ivie, y José A. Pérez, de la UPV, pone de manifiesto la existencia de un problema de insuficiencia de recursos de las comunidades de régimen común entre 2009 y 2015, en especial para la prestación de servicios públicos como la educación, la sanidad y la protección social.  Según los datos liquidados de 2014 (últimos disponibles con todo detalle) los recursos ofrecidos por el SFA a las comunidades para financiar los servicios públicos fundamentales (SPF) ascendieron a 82.296 millones de euros, incluyendo las aportaciones de los fondos del modelo y las transferencias de carácter finalista que realiza el Estado a las comunidades para esos servicios. Si se compara ese presupuesto con la cifra de gasto efectiva de las comunidades en esos servicios existiría una insuficiencia de 16.674 millones de euros.

Las insuficiencias serían mayores si se toman otras referencias para estimar las necesidades de gasto. Por ejemplo, para igualar el porcentaje de PIB que gastan en sanidad, educación  y protección social los países de la Euro Área el presupuesto habría de incrementarse en casi 40.000 millones de euros. Y para igualar al gasto por unidad de necesidad de las autonomías de régimen foral, se necesitarían 48.962 millones de euros más.

Los autores consideran que la primera de estas hipótesis ha de ser matizada ya que, aunque hasta 2009 el gasto en SPF de las administraciones territoriales creció más rápido que el de las administraciones centrales y el de las primeras se prolongó más, el crecimiento del gasto en estos servicios esenciales desde 2003 a 2015 es muy superior en las administraciones centrales que en las territoriales (16 puntos porcentuales más que el de las comunidades forales, 22 puntos más que el de las comunidades de régimen común y 32 puntos más que el de las corporaciones locales). La explicación se encuentra en que a partir de un 2009 el gasto en SPF de las administraciones territoriales (sanidad, educación y protección social) se contrae, mientras que el de las centrales (fundamentalmente,  la seguridad social) se expande, debido al aumento del gasto en pensiones y desempleo.  “El gasto de las administraciones territoriales en servicios públicos fundamentales ha sido procíclico e inestable, mientras que el de las administraciones centrales ha crecido tanto en la expansión como durante las recesiones”, afirma el estudio.

La hipótesis de la sorpresa en la caída de ingresos también tiene un recorrido limitado, ya que tanto la administración central como las comunidades forales y de régimen común se han visto influidas por el mismo entorno y han sufrido caídas de ingresos importantes, pero las dos primeras han preservado mejor sus gastos que las comunidades de régimen común.

En cambio, el estudio  confirma la hipótesis del diseño deficiente del sistema de financiación de las comunidades, ya que prometía mejorar los recursos para el Estado de bienestar y ha proporcionado, en realidad, una reducción de los mismos. El gasto en servicios públicos fundamentales por unidad de necesidad de las comunidades de régimen común ha retrocedido al nivel que alcanzó en 2007, encontrándose más alejado que antes de llegar la crisis del nivel de las comunidades forales y de la Euro Área. El gasto real en salud por unidad de necesidad era en 2014 un 2% menor que el de 2007 y el gasto en educación y en protección social un 7,5% menor. Además, “el modelo de financiación ha generado una irregularidad en los ingresos de las comunidades indeseable para financiar gastos que, por su naturaleza, deberían ser estables.”

Es por ello que el informe enuncia cinco premisas que deberían tenerse presentes al diseñar el nuevo modelo de financiación de las comunidades:

• Sin estabilidad y viabilidad financiera en las comunidades no podrá haberla en las prestaciones del Estado de bienestar.
• Hay que favorecerla con una adecuada combinación de suficiencia de recursos, previsión financiera y reglas de gasto que respondan a las prioridades de esos servicios y sean viables a medio plazo.
• Los niveles actuales de gasto en SPF de las comunidades de régimen común no pueden ser considerados excesivos: hacerlo implica ignorar los ajustes realizados, el gasto por unidad de necesidad sustancialmente menor que el de las comunidades forales y el mayor esfuerzo que en esas funciones realizan los países de nuestro entorno.
• Si, pese a esos menores gastos, las comunidades padecen insuficiencia financiera y tienen déficits, la causa de los mismos son unos ingresos insuficientes.
•  Hay que tener en cuenta que existe un margen amplio de mejora en el lado de los ingresos, a través de una reforma fiscal en profundidad.

La jornada también ha contado con la participación del presidente de la AiRef, José Luis Escrivá y ha sido inaugurada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Para el presidente «es importante secularizar el debate y que haya una comisión de expertos para que, con números, que son menos discutibles que otras ideas preconcebidas, se elabore un dictamen básico sobre el nuevo sistema de financiación», comprometiendose a garantizar su compatibilidad con el marco de estabilidad financiera.

Según el Consell, el modelo debe deben contemplar «la protección de los niveles de prestación de los servicios públicos de salud, educación y protección social», dedicando a estas materias las principales fuentes tributarias –cotizaciones sociales, IRPF, IVA e Impuestos Especiales–, asignándolas entre Administraciones en proporción a los objetivos de gasto fijados y a las competencias asignadas.

Además, según Puig, el modelo de financiación debe respetar que el acceso a la prestación de los servicios públicos fundamentales «esté al alcance de todos los españoles en el mismo nivel de prestaciones, independientemente del territorio en el que vivan». Para ello, ha señalado que las comunidades autónomas han de disponer de un nivel «equiparable de recursos por habitante y deben eliminarse las cláusulas que protegen el statu quo pero generan inequidades». Asimismo ha exigido prudencia y responsabilidad en el gasto y disponer de un horizonte realista de regreso a la viabilidad financiera de las comunidades autónomas.

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha advertido que  aunque se establece un límite de deuda del conjunto de las AAPP del 60% con un reparto del 44% para la Administración Central, 13% para las CC.AA. y  del 3% para las entidades locales, a alcanzar en 2020;  la Comunidad Valenciana en las condiciones actuales y con su posición de partida de deuda histórica, no llegaría a su objetivo del 13% «en muchísimos años». Concretamente, ha indicado que incluso en un horizonte de estabilidad presupuestaria en 2019, nuestra región no alcanzaría el objetivo de deuda antes del año 2046.

Preguntado por Economía 3, si sería, por tanto, necesaria esa condonación de parte de la deuda histórica, tal y como viene reclamando el Consell, Escrivá ha manifestado que es «un problema que tiene que resolverse y por tanto hay que buscar una solución. Si ese problema no se resuelve, algunas Comunidades seguirían teniendo un nivel de deuda con dudas de sostenibilidad». Escrivá ha expuesto que la Comunitat está «muy por debajo de la media en ingresos y en gasto también está por debajo». «Ingresa poco y no gasta mucho en relación a las de más comunidades autónomas». 

Para Escrivá los retos futuros del nuevo marco fiscal pasan por redefinir de forma conjunta el nuevo sistema de financiación, las reglas fiscales y la reincorporación de las Comunidades Autónomas al mercado de deuda.

La jornada ha contado con expertos provenientes de distintos gobiernos autonómicos (Galicia, Castilla y León y Andalucía) y de distintas universidades, que han expuesto sus puntos de vista sobre la cuestión. Maite Vilalta profesora de la Universidad de Barcelona e investigadora del IEB ha incidido, comparando los datos con Europa y con las CC.AA. forales, en que el volumen de recursos a disposición de las CC.AA. en régimen común es «insuficiente», «han contado con menos recursos de los que realmente les harían falta para cubrir la prestación de los principales servicios del Estado de Bienestar». A su juicio ello se ha visto agravado por el fallo en los mecanismos de actualización y seguimiento del modelo.

Para Agustín Manzano, director general de Tributos y Financiación Autonómica de la Junta de Castilla y León, ha abogado por implementar mecanismos que permitan una cuantificación de la importancia de prestar esos servicios públicas y de  las necesidades reales de financiación que requieren las CC.AA. para luego establecer los recursos suficientes, donde la «cesta de tributos disponible», no debe ser , a su juicio, «un tema aislado» en pro de lograr esa suficiencia global de recursos.

También Miguel Corgos, director general de Presupuestos de la Xunta de Galicia, ha recordado que la reforma del sistema de financiación autonómica ha de basarse en los principios de equidad del reparto y suficiencia de recursos, según la importancia que se le concede a financiar este tipo de recursos, cuya evolución ha sido muy «destacable». Así ha manifestado que el gasto sanitario supone entre el 40-50 % del gasto de las CCAA y la financiación de la Ley de Dependencia también ha condicionado «mucho la evolución del gasto».