– Acordar el volumen total de recursos que el Estado está dispuesto a poner a disposición del sistema en función del nivel de gasto.

– Cuantificar, según grado de riqueza e índice de desarrollo, y a igualdad de esfuerzo fiscal, el volumen de recursos tributarios que puede obtener cada una de las CC.AA.

– Revisar la cesta de tributos cedidos y realizar la reforma normativa que algunos de ellos necesitan, en el supuesto de que se siga con este modelo.

– Redefinir la capacidad normativa para graduar las diferencias de tributación en función del territorio.

– Estudiar los principales tributos medioambientales creados por las CC.AA. para darles a muchos de ellos un marco normativo común con cesión de amplias capacidades normativas.

– Revisar el concepto de población ajustada reflejando mejor el principio de necesidad, pues constituirá la base que permitirá cumplir con los principios de suficiencia en cada comunidad y de solidaridad en el conjunto del sistema.

– Rebajar el porcentaje de los recursos tributarios que aporta cada comunidad autónoma al FGSPF, que en estos momentos es del 75 %, con lo que se cumpliría mejor con el principio de corresponsabilidad fiscal.

– A la vez, deberían desaparecer los restantes fondos, con el importe de los cuales el Estado podría nutrir dicho FGSPF, aportando además nuevos recursos, con lo que se ganaría en transparencia.

– Simplificar el sistema de nivelación y respetar el principio de ordinalidad.

– Regulación positiva del principio de lealtad institucional.

– Incremento de interacción entre la AEAT y las agencias tributarias u otros organismos autonómicos, así como con la recaudación de la Seguridad Social.

– Profundizar en la independencia de la AEAT del poder ejecutivo, pasando a ser controlada por el Parlamento.