La Ciudad de la Justicia ha acogido la jornada formativa, organizada por el Tribunal Superior de Justicia de la CV y el Colegio Notarial, donde representantes del ámbito notarial han abordado las herramientas existentes en la actualidad para la prevención del blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.

Ante jueces, magistrados, fiscales y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, el Decano del Colegio Notarial de Valencia y los responsables del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del Consejo General del Notariado han analizado cómo funciona la base de datos notarial, Índice Único Informatizado, una pieza clave para luchar contra el blanqueo.

En este sentido, el decano del Colegio Notarial de Valencia, César Belda, ha asegurado en su intervención que nos encontramos ante una de las bases de datos más grandes e importantes del país, con 230 millones de datos, donde se asientan todas las escrituras de los diferentes actos notariales realizados en el ámbito nacional, una información personal que resulta imprescindible en una investigación judicial. Belda ha incidido también en la responsabilidad del notario ante lo indicado en documento público y en la importancia de este trabajo dentro de la cadena de prevención del blanqueo. “Debemos ser exhaustivos y huir de las indeterminaciones”, ha añadido, donde el máximo detalle se convierte en primordial, así como la rápida notificación notarial de una operación sospechosa.

Sin duda, para el Decano de los notarios, “es fundamental el marco de colaboración actual, es decir, la interactividad e interrelación de los órganos judiciales para prevenir el blanqueo de capitales”.

En la misma línea, el director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo (OCP), del Consejo General del Notariado, Pedro Galindo, ha explicado que la realidad muestra que quien “intenta realizar un lavado de activos lo hace pasando por diferentes notarías, no por una sola, siendo los trabajadores de las mismas un filtro importante al que también formamos por estar en contacto con el otorgante en primer término”.

A lo largo de su intervención, Galindo ha destacado la rapidez del OCP en atender los requerimientos de las autoridades competentes, que en ningún caso supera los 3 minutos. En este sentido, para que la coordinación sea posible, ha destacado los convenios suscritos con Fiscalía Anticorrupción y Antidrogas, con Policía Nacional, Guardia Civil y Servicio Aduanero, con la Agencia Tributaria, con Inspección de Trabajo y Seguridad Social, etc.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación de la OCP, Mariano García Fresno, se ha centrado en desarrollar las obligaciones que tiene un notario entre las que se incluyen la de identificar a los clientes, conocer la actividad de los otorgantes y realizar un seguimiento continuo de la relación de negocios, examinar minuciosamente toda la información, sobre todo, aquellas operaciones o pautas de comportamiento complejas e inusuales, para rápidamente notificarlo y poder actuar. Según García Fresno, “el 84% de las operaciones remitidas por el OCP al SEPBLAC se han judicializado”.

La jornada de formación ha contado también con la participación del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Miranda, que ha asegurado que los casos de blanqueo de dinero directo e indirecto ocupan gran parte de los asuntos de la Audiencia Nacional. Asimismo, ha realizado un recorrido sobre la normativa en la materia, así como la obligación de notificación y control actual de todos los intervinientes en la transformación del capital, ya sean entidades de crédito, aseguradoras, inmobiliarias, notarios, negocios de azar o de venta de joyas, administraciones de lotería, así como de aquellos profesionales que intervienen en el asesoramiento como abogados o procuradores, entre otros.