La Agencia Tributaria (AEAT) ha puesto el foco en los alquileres en negro en la Campaña de la Renta de este año, en la que ha incluido un mensaje informativo a través del sistema Renta Web para los contribuyentes que tienen anunciados pisos en varios medios, sobre todo a través de Internet. Y es que, actualmente el 45% de los alquileres en la Comunidad Valenciana son fraudulentos, según las estimaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), un porcentaje por encima de la media en España, donde el 41,4% de los arrendamientos no se declaran. De este modo, el importe de las rentas no declaradas en la región ascienden a 253,6 millones de euros.

De este modo, a día de hoy existen algo más de un millón de viviendas alquiladas que escapan al control del fisco en España, de las que 93.698 se encuentran en la Comunidad Valenciana. Además, existen otras 367.059 viviendas que se ceden de forma gratuita o a bajo precio, normalmente a familiares, las cuales en general no producen fraude porque el propietario aplica en el IRPF un porcentaje del valor catastral como renta imputada.

En términos globales, la Gestha calcula que Hacienda deja de ingresar casi 3.900 millones de euros por estos ingresos no declarados. 

Los técnicos de Hacienda clasifican a los propietarios que alquilan vivienda en España de acuerdo a dos perfiles: el grupo de caseros mayores que ya no necesitan su segunda vivienda y la alquilan para complementar la pensión y el grupo de aquellas familias que durante el ‘boom’ inmobiliario compraron una nueva casa y arriendan la antigua para ayudar al pago de la nueva hipoteca.

No obstante, a pesar de las estrecheces económicas que atraviesan muchos de estos propietarios que han visto caer su renta disponible, lo cierto es que el arrendamiento sumergido ha disminuido 12,6 puntos porcentuales desde 2007, año en el que los alquileres fraudulentos alcanzaban el 54,03%.

Por qué afloran los alquileres ocultos
Para Gestha, este afloramiento de los alquileres sumergidos es fruto de la conjunción de varias acciones. En primer lugar, el cruce de información de las deducciones estatal y autonómica de arrendamiento de vivienda habitual.

En segundo lugar, la reducción en el IRPF del 60% del rendimiento neto del alquiler declarado, que hasta la reforma fiscal de 2015 llegaba al 100% si el inquilino tenía entre 18 y 30 años y unos rendimientos netos superiores al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) que en 2013 era de 7.455,14 euros. Estas reducciones no se aplican si los arrendamientos no estaban declarados y son descubiertos por Hacienda.

En tercer lugar, la campaña de comprobaciones realizadas por la AEAT desde hace tres años en aquellas viviendas con altos consumos eléctricos cuyos propietarios declaran estar desocupadas, pues desde el año 2010 dispone de la información del consumo de electricidad de los hogares. Mucho menor impacto tienen las visitas de la Agencia Tributaria destinadas a detectar alquileres opacos, que alcanzaron únicamente a 5.469 viviendas en 2015.