Las asociaciones reclaman menos leyes, más eficaces
“Si queremos ser competitivos, la Administración tiene que ser un facilitador muy profesionalizado para las empresas”, sostiene el presidente de Coepa, Moisés Jiménez. Por ello, Empar Martínez de Evap cree que el Consell “deberá hacer un esfuerzo para “desburocratizar” la Administración y conseguir que los servicios públicos funcionen con criterios de calidad y eficiencia: lo que permitirá, entre otras cosas, reducir el tiempo y los pasos para la creación de empresas”.
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“Anualmente, se publican entre el BOE y los Diarios Oficiales de las comunidades autónomas un millón de paginas, ¿alguien cree que son fundamentales para gobernar un país? Nos hacen falta menos leyes y que estas estén mejor hechas para que se cumplan”, reflexiona José Vicente González, presidente de Cierval, quien anima al Consell a simplificar la Administración pública “en todos los escalones, de tal manera que se pueda reducir el gasto corriente para que, con el mismo presupuesto se puedan generar más inversiones productivas”.
También el presidente de la CEC, José Roca cree que “la excesiva burocracia, a veces, paraliza la decisión de los empresarios de invertir y desarrollar nuevos proyectos y crear más empleos”. En la misma línea se manifiesta Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja: “Todo son reglamentos y más reglamentos y los trámites para acceder a ayudas, muchas veces de cuantía poco menos que insignificante, resultan de una complejidad y una lentitud pasmosas”. “La cantidad de permisos, trámites, estudios y dictámenes que hay que gestionar diariamente es inasumible para una realidad empresarial dinámica”, coincide Antonio Mayor, presidente Hosbec.
Analizar el impacto de los cambios legislativos
Desde Ascer, su presidente Isidro Zarzoso considera que la legislación ambiental es cada vez más extensa, exigente y burocrática. “Es necesario que la Administración autonómica trabaje en la reducción de cargas burocráticas y que no desarrolle normativa autonómica que vaya más allá de las exigencias nacionales, ya que la normativa medioambiental autonómica debe estar acorde a la coyuntura sectorial y debe tener en cuenta el impacto en la competitividad global de la industria”. A su juicio, la legislación debe ser más sencilla, más estable, con menos burocracia y con más coordinación entre las distintas administraciones. “Deben eliminarse las barreras legales al mercado interior. Debe pensarse en las necesidades y dificultades de las pymes, analizar el impacto de los cambios legislativos antes y después de cada medida, e intercambiar mejores prácticas entre las administraciones. Por último, se debe continuar apoyando la armonización técnica en el ámbito europeo e internacional en todos los sectores donde sea posible”, opina el presidente de Ascer.