– ¿Cómo podría forzarse desde los poderes públicos un proceso de concentración entre las cajas rurales cooperativas de crédito?

– Hay muchas formas, algunas de ellas muy simples. Por ejemplo, podría modificarse el marco normativo actual y exigir que el capital social mínimo para actuar como cooperativa de crédito sea, por ejemplo, de 500 millones de euros o una cifra similar.

Caixa Popular dispone de 85 millones de euros en recursos propios, pero si la ley nos dice que necesitamos 500 para seguir funcionando como cooperativa de crédito, tendremos que unirnos con otras entidades afines, aunque nuestro modelo sea el de banca de proximidad y crecimiento orgánico.

Y puestos a implicarnos en un proceso de fusión, para beneficiarnos de las ventajas fiscales de las fusiones, la única forma jurídica que lo permite es hacerlo en una sociedad anónima; es decir, en nuestro caso en un banco.

– En la hipótesis planteada en la pregunta anterior, ¿qué podrían hacer las entidades vinculadas a la Asociación Española de Cajas Rurales, que no son partidarias de procesos de fusión?

– Entiendo que tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía no van a provocar la desaparición del modelo de cooperativas de crédito, porque saben el papel que desempeñamos en nuestras economías regionales y locales. Por supuesto que estamos abiertos a mejorar el modelo y cambiar aspectos que refuercen la solvencia, la eficiencia y el gobierno corporativo de nuestras entidades.

Esas mejoras estamos convencidos que se pueden conseguir desde la Asociación Española de Cajas Rurales, desde RSI, desde RGA y desde el Banco Cooperativo, donde somos accionistas las 29 cajas rurales independientes que quedan en la Asociación y el DZ Bank, banco cooperativo alemán, que a través de su aseguradora también es nuestro socio en RGA. El respaldo de los accionistas alemanes en la defensa del modelo español es importante.