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Rus: “No vamos a asumir competencias en contra de la voluntad de ningún ayuntamiento”

Rus: “No vamos a asumir competencias en contra de la voluntad de ningún ayuntamiento”

Ante la nueva LRSAL, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus explica que no pueden superar a los ayuntamientos en proximidad, cercanía y conocimiento del terreno y defiende que para que se siga prestando un servicio eficiente “debería haber una coordinación total entre las diputaciones y los ayuntamientos”.

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La Diputación tendrá que adaptarse al nuevo modelo competencial que marque la ley pero en ningún momento dejará de ser ayuntamiento de ayuntamientos porque, precisamente, se potencia el papel de administración intermedia”, razona Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, en alusión a la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que ha entrado en vigor a principios de 2014.

2014-abril-Diputacion-Valencia-Alfonso-Rus-VEn estos momentos, la Diputación está analizando la legislación para saber cómo debe coordinar y prestar los nuevos servicios al ciudadano “a falta de que el Ministerio de Administraciones Públicas vaya definiendo los papeles”. De todas formas, también están coordinados con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que Alfonso Rus preside la Comisión Nacional de Diputaciones.

Además, gracias a la economía de escala que supone la gestión de la Diputación, –subraya Rus– el coste es mucho menor a la hora de prestar los servicios que si lo hiciera cada ayuntamiento”. En cualquier caso, “estamos preparados para dar cualquier servicio: asesoramiento, personal, infraestructuras, etc. En la medida en que la ley vaya avanzando iremos adaptándonos a ellos. Los ayuntamientos saben que cuentan cada vez más con el apoyo de esta institución”.

A pesar de todo, el presidente de la Diputación de Valencia matiza que “no podemos superar a la gestión de los ayuntamientos en proximidad, cercanía y conocimiento del terreno”. Por ello, defiende que para que el servicio siga siendo tan eficiente “debería haber una coordinación total entre la Diputación y el municipio”.

En cuanto a la delegación de competencias por convenio que establece la nueva ley entre las diferentes administraciones, Rus aclara que la Diputación ya viene prestando servicios a los ayuntamientos por delegación. De todas formas, matiza que este organismo “está a lo que diga la ley y si algún ayuntamiento delega en nosotros habrá que estudiarlo y hacerlo lo mejor posible. Pero, si no hay petición, no vamos a asumir competencias en contra de la voluntad de ningún ayuntamiento”.

TRANSPARENCIA

En abril de 2013, el pleno de la Diputación de Valencia acordó, por unanimidad, la adopción de medidas por la ética y la transparencia, destacando la creación de un Portal de Transparencia, donde aparece centralizada toda la información de sus políticas públicas con el fin de facilitar el control y la participación de los ciudadanos. De hecho, señala Rus, “según la encuesta que realiza anualmente Transparencia Internacional, la Diputación de Valencia es la séptima más transparente de toda España de un total de cuarenta y cinco. Además, deseamos superar esta posición y mejorar el acceso a la información pública y buen gobierno este mismo año, antes de los dos años previstos por la ley”.

La Diputación ofrece también un espacio en su portal (www.dival.es) para que todos los ayuntamientos de la provincia que lo deseen puedan cumplir con sus obligaciones de transparencia con el apoyo de la Diputación.

Por otra parte y con el fin de acercar la Administración al ciudadano y “a pesar de que estamos hablando de una entidad intermedia que actúa siempre a través de los ayuntamientos”, tal y como puntualiza Rus, “la Diputación siempre ha tenido vocación de acercar la Administración a los vecinos”. Por ello, ha creado la Plataforma de Administración Electrónica, a la que están adheridos 140 ayuntamientos. Gracias a ella, los ciudadanos pueden relacionarse, con un solo clic, con su administración para acceder a servicios electrónicos las 24 horas del día, los siete días de la semana entre los que se encuentran: la sede electrónica, el registro telemático, la carpeta del ciudadano, el tablón de anuncios, la carpeta del empleado, las notificaciones electrónicas, etc.

Además, la Diputación tiene una red de gestión tributaria por todas las comarcas, con el fin de que los ciudadanos tengan más cerca las oficinas para gestionar las contribuciones. “Y eso también gusta”, subraya Rus.

AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

La Diputación de Valencia desarrolla una política de control de gasto corriente continua, que arroja cifras de ajuste en años anteriores. “Por ejemplo, –analiza Rusen el periodo 2008-2011, un -13% en gasto de personal o -35% en gastos en bienes y servicios corrientes. En 2013 el esfuerzo más duro ya lo habíamos realizado, pero aún así, conseguimos un ahorro neto de 151 millones de euros”, precisa.

Otros datos que demuestran que “hemos pasado de un circulo vicioso a uno virtuoso consolidado en esta segunda legislatura”, concreta Rus, es que “teniendo un nivel de deuda del 68,23% sobre ingresos, amortizando 60,3 millones de euros en 2013 y adelantando nuestro plan económico financiero de ajuste en dos años, ya que estaba previsto finalizarlo en 2015 y hemos sido capaces de concluirlo en 2013 al situarnos por debajo del límite del 75% de la ley de estabilidad, incluso para 2015, prevemos un nivel de deuda en torno al 50% sobre ingresos corrientes dotando de una gran solvencia financiera a la Diputación”.

A pesar de todo este esfuerzo en apoyar a ayuntamientos en inversión y en amortizar deuda, en la Diputación de Valencia en 2013 la desviación del presupuesto ha sido positiva, con un superávit ajustado de 87 millones de euros. “Digo desviación porque un presupuesto sin desviaciones sería el presupuesto base cero, donde todo lo presupuestado se gastara en el mismo año. Pese a lo complicado para una administración, hemos mejorado la velocidad de funcionamiento, es decir la ejecución del presupuesto. Actualmente tardamos 26 días desde que entran las facturas en nuestro sistema y la ley exige 30 días”, esclarece el presidente de la corporación provincial.

 

 

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