Valencia estudia recurrir al Supremo la sentencia sobre apartamentos turísticos

El Ayuntamiento de Valencia analizará la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anula parcialmente la moratoria sobre apartamentos turísticos aprobada en 2024.

Fuentes municipales han señalado que el objetivo de este posible recurso es «defender la validez íntegra de los acuerdos plenarios» y consolidar un marco de regulación urbanística del turismo que responda a las demandas vecinales.

El TSJCV anula parcialmente la moratoria

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha estimado parcialmente el recurso presentado por una empresa del sector contra el acuerdo del pleno del 28 de mayo de 2024.

Dicha medida contemplaba la suspensión de la tramitación y concesión de licencias para nuevos usos terciarios hoteleros -incluidos apartamentos turísticos- en zonas con predominio residencial, con el objetivo de facilitar una futura reforma urbanística.

El consistorio defiende que el fallo avala la medida

Desde el Ayuntamiento insisten en que la sentencia respalda el fondo de la moratoria, al considerar que la suspensión de licencias era «necesaria, proporcionada y fundamentada en razones de interés general«.

En concreto, el fallo reconoce la necesidad de proteger el entorno urbano y garantizar el derecho a la vivienda ante el crecimiento de las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad.

No obstante, el consistorio apunta que la discrepancia del tribunal es «de carácter técnico e interpretativo, no de fondo«, centrada en el alcance jurídico de la normativa aplicable.

Debate técnico sobre la normativa urbanística

El punto de fricción se sitúa en la interpretación del artículo 68.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), vigente en el momento de aprobarse la moratoria.

El tribunal cuestiona si dicha normativa permitía expresamente suspender licencias vinculadas a cambios de uso y declaraciones responsables.

Frente a ello, el Ayuntamiento sostiene que las licencias de edificación incluyen los cambios de uso, una interpretación que -según defiende- está respaldada tanto por la legislación estatal como autonómica.

El respaldo del Decreto-Ley 7/2024

En esta línea, fuentes municipales recuerdan que el Decreto-Ley 7/2024 del Consell, aprobado con posterioridad, clarificó el marco legal al ampliar explícitamente la capacidad de la administración para suspender licencias, incluyendo cambios de uso y otros títulos habilitantes como las declaraciones responsables.

A juicio del consistorio, esta modificación normativa refuerza su actuación y confirma que la moratoria se adoptó «con la debida diligencia» para proteger los barrios residenciales.

Próximos pasos

El equipo jurídico municipal estudiará en detalle la sentencia antes de decidir si eleva el caso al Tribunal Supremo. De prosperar el recurso, el alto tribunal deberá pronunciarse sobre el alcance de la normativa urbanística en la regulación de los apartamentos turísticos.

Este proceso podría marcar un precedente relevante para otras ciudades españolas que buscan limitar el impacto del turismo en el mercado residencial.