El Convenio se inserta en el compromiso adquirido por España con la Unión Europea de reducir en un 25%, al menos, las cargas administrativas antes de finalizar 2012. Al superarse esta fecha, en octubre de 2013 la Comisión Europea adoptó una nueva comunicación sobre «adecuación y eficacia de la normativa: resultados y próximas etapas”.

En ésta, además de actualizar el programa de desregularización aprobado en diciembre de 2013, se contempló la necesidad de impulsar la eliminación de las cargas administrativas innecesarias, en especial, las soportadas por las pymes.

La importancia de la colaboración y apoyo mutuo entre la Administración General del Estado y las organizaciones empresariales queda acreditada por las cifras de ahorro: más de 1.000 millones de euros en el período 1008-2012, como consecuencia de la reducción de cargas administrativas.

Las propuestas realizadas en el marco de colaboración formalizado en 2013, pueden dar lugar a un ahorro de 338 millones de euros. Del mismo convenio, se derivan otras propuestas de eliminación que se encuentran en fase de análisis y que, en caso de ser aprobadas, supondrán un incremento sustancial de la cifra total de ahorro.

El nuevo convenio firmado el 27 de junio de 2014, pretende seguir la senda marcada en el ejercicio anterior, impulsando la identificación y proponiendo las medidas correctoras necesarias para la eliminación o reducción de las cargas administrativas derivadas de la fragmentación del mercado interior español.

Con esto último, se facilitará así la consecución de los objetivos perseguidos, entre otros, en el Plan Nacional de Reformas, en la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y en la ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.