La Xunta va a crear un Tribunal para resolver licitaciones

La crisis provocó que se dispararan las reclamaciones de las empresas descontentas en las resoluciones de los contratos públicos. Este tipo de litigios suelen terminar atascados en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, el cual depende del Ministerio de Hacienda y permanecen paralizada la contratación de obras o servicios por la administración.

Se quiere que aumente la fluidez a la hora de tramitarse los expedientes

A fin de descongestionar la tramitación de los expedientes, la Xunta va a crear su propio tribunal, que será el encargado de resolver los recursos que se presenten, no solo a las licitaciones que realiza el Gobierno gallego, también a las universidades, concellos y diputaciones.

Según Alberto Núñez Feijóo «Lo hacemos porque es un paso importante para mejorar nuestro autogobierno y para bajar los tiempos de respuesta y descongestionar miles de casos que esperan a ser atendidos».

En los últimos años aumentó la litigiosidad y esto hizo preciso que Galicia tuviese su propio Tribunal Administrativo de Contratación Pública. En el último año, el órgano del estado dependiente del Ministerio de Hacienda ha recibido 140 reclamaciones procedentes de la comunidad gallega.

Según el presidente de la Xunta, con un tribunal propio será más fácil y fluida la contratación en la comunidad autónoma. El tribunal que se cree, se encargará de realizar su labor con total independencia y se compondrá de un presidente y dos vocales.

La Xunta se encargará de seleccionar a las personas que conformarán este tribunal mediante convocatoria pública. Tanto el presidente del tribunal como los vocales tienen que ser funcionarios de carrera, siendo requisito necesario el título de licenciado o grado en Derecho y una experiencia profesional que sea superior a los diez años.

El mandato durará seis años, realizando una primera renovación parcial del tribunal a los 3 años del nombramiento. Otras comunidades autónomas ya tienes sus propios tribunales para resolver recursos en materia de contratación pública, como son Castilla y León, Aragón, Navarra o Canarias.

Ahora, la cuestión será ver cómo van desarrollándose los acontecimientos y si esta nueva manera de afrontar las licitaciones se muestra más eficaz que un sistema que ha demostrado muchas debilidades durante estos años.