La Comunidad de Madrid abre expediente sancionador contra Uber

De ahí que la Consejería de Transportes haya abierto el expediente, que supone «un proceso sancionador muy garantista», ya que otorga a la empresa un plazo de 15 días para presentar alegaciones, según han dicho a Efe fuentes del departamento que dirige Pablo Cavero.

Además, el pasado viernes día 3, en una de las inspecciones que se llevan a cabo regularmente en la región para detectar vehículos pirata, ya «se cazó» a un vehículo que operaba para Uber, y ahora «se abre un expediente sancionador a este conductor», según las mismas fuentes.

Las sanciones económicas, que podrían aplicarse tanto a la empresa como a los particulares que presten servicio con sus coches sin la correspondiente autorización, pueden ir de los 4.000 a 6.000 euros y llegar hasta los 18.000 en caso de reiteración, y en principio no está previsto sancionar a los usuarios.

En una reunión el pasado día 30 de septiembre con las asociaciones gremiales del sector del taxi, la Consejería reiteró «el compromiso de la Comunidad por evitar la competencia desleal y garantizar la seguridad de los usuarios«, y que trabajará conjuntamente con el sector para «inspeccionar y sancionar los vehículos piratas».

La inspección a los vehículos que operan a través del aeropuerto, del teléfono y de aplicaciones como la de Uber se realiza de acuerdo con la Guardia Civil y la Policía municipal para, de manera conjunta, poder iniciar los expedientes sancionadores.

Desde la Consejería que dirige Cavero insisten en que «no están en contra de la aplicación», sino de que se preste el servicio en condiciones de competencia desleal, y que a través del procedimiento sancionador se pretende «instar a la empresa a que se legalice y preste el servicio en igualdad de condiciones».

En Barcelona, donde Uber se implantó unos meses antes, no presentaron la documentación y empezaron a prestar servicio sin licencia, por lo que la Generalitat ya les abrió expediente sancionador.

La Consejería reitera la disposición del Gobierno regional a «dar cumplimiento a la legalidad», y ha solicitado por carta al Ministerio de Fomento «que convoque a las CC AA para actuar de manera coordinada» y alcanzar una solución global, ya que existe una Ley de transporte terrestre a nivel nacional que es la que regula cuál debe ser la actividad y los permisos.