La central de Almaraz y su futuro: qué cambiaría en el sistema eléctrico español

La central nuclear de Almaraz afronta los próximos años con distintas opciones sobre la mesa. Un estudio universitario analiza qué implicaría para el sistema eléctrico español mantener su actividad o avanzar hacia su cierre programado, poniendo el foco en cómo evolucionarían el suministro, los precios de la electricidad, las emisiones y la integración de energías renovables.

El debate sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz vuelve al centro de la agenda energética española con nuevos datos sobre la mesa. Un estudio elaborado por la Cátedra de Transición Energética de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) concluye que la prórroga de la central no solo no es necesaria para garantizar la seguridad del suministro eléctrico, sino que tendría un impacto económico, ambiental y estratégico negativo frente al escenario de cierre programado. Según las estimaciones del informe, extender la vida útil de Almaraz hasta 2030 podría suponer un sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros en la factura eléctrica entre 2026 y 2033.

El trabajo, de carácter académico, se basa en simulaciones horarias detalladas del sistema eléctrico peninsular y analiza distintos calendarios de cierre durante el periodo 2026-2033. Su objetivo es evaluar de forma comparada los efectos del cierre programado frente a una eventual prórroga sobre variables clave como la seguridad de suministro, el despliegue de energías renovables, las emisiones de gases de efecto invernadero y el precio de la electricidad para hogares y empresas.

Seguridad de suministro garantizada

Una de las principales conclusiones del estudio es que el cierre de Almaraz es técnicamente viable y no compromete la estabilidad del sistema eléctrico. En el periodo inmediatamente posterior al cierre, especialmente entre 2028 y 2029, la producción que deja de aportar la central puede ser sustituida de forma holgada por nueva potencia renovable y por una mejor integración de excedentes renovables que actualmente no se aprovechan.

En concreto, el análisis estima que el 96,4% del hueco generado por el cierre de Almaraz -sumado al crecimiento de la demanda- se cubriría con generación renovable, mientras que solo el 3,6% restante requeriría el uso de ciclos combinados de gas. Esto permite descartar un aumento estructural de la generación fósil y refuerza la idea de que la central no es imprescindible para garantizar el suministro eléctrico en el medio plazo.

Un freno a la transición energética

Desde la perspectiva de la transición energética, el informe es contundente y revela que la prórroga nuclear ralentiza de forma significativa el despliegue de energías renovables y de almacenamiento. Mantener Almaraz en funcionamiento reduce la entrada de nueva capacidad limpia al sistema y dificulta la integración de energía renovable que, en escenarios de cierre, sí podría aprovecharse.

En 2030, la cobertura renovable del sistema eléctrico se sitúa más de cinco puntos porcentuales por debajo en los escenarios de prórroga respecto al cierre programado, pasando del 65,8% a niveles en torno al 59-60%. Además, la permanencia de la central incrementa los vertidos renovables, al impedir que hasta 3,8 TWh anuales de energía limpia puedan integrarse en el sistema.

Más emisiones a medio plazo

En el plano ambiental, el estudio desmonta la idea de que la prórroga nuclear sea una solución eficaz para reducir emisiones. Si bien entre 2028 y 2030 se produce una reducción transitoria del uso de ciclos combinados, este efecto se revierte con fuerza tras el cierre definitivo de la central al finalizar su prórroga.

Como resultado, el sistema eléctrico resultante es menos renovable y más dependiente del gas. En el conjunto del periodo 2026-2033, los escenarios de prórroga acumulan entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas adicionales de CO₂ equivalente respecto al escenario de cierre programado. Este aumento de emisiones tiene un impacto económico directo que puede suponer hasta 984 millones de euros adicionales en derechos de emisión, que acaban repercutiendo en el precio final de la electricidad.

Un impacto económico negativo para los consumidores

Desde el punto de vista económico, la prórroga de Almaraz presenta un balance claramente desfavorable. Aunque entre 2028 y 2030 se produce un alivio puntual en el precio mayorista de la electricidad, a partir de 2031 el efecto se invierte y da paso a un encarecimiento sostenido.

En 2033, el precio mayorista alcanza los 58 €/MWh en el escenario de cierre programado, frente a valores de hasta 63,5 €/MWh en los escenarios de prórroga, lo que supone un incremento de hasta el 9,5%. En términos acumulados, el sobrecoste para los consumidores alcanza los 3.831 millones de euros entre 2026 y 2033.

Menos inversión y pérdida de competitividad

Otro de los efectos más relevantes señalados por el informe es el deterioro de la señal de inversión en energías renovables y almacenamiento. La extensión de la vida útil de Almaraz genera incertidumbre en el mercado y reduce el atractivo del sistema eléctrico español para nuevos proyectos.

La pérdida acumulada de inversión en renovables y almacenamiento podría alcanzar hasta 26.130 millones de euros en el periodo analizado, comprometiendo la posición de España como destino prioritario de inversión energética, industrial y tecnológica en un momento clave para la descarbonización y la reindustrialización verde.

Un cierre alineado con la estrategia energética

A la luz de estos resultados, los autores del estudio concluyen que la prórroga solicitada por Almaraz no cumple uno de los requisitos establecidos por el Gobierno para su eventual aprobación: ser económicamente viable sin trasladar costes adicionales a los contribuyentes. Por el contrario, el cierre programado se presenta como la opción más coherente con los objetivos de descarbonización, competitividad económica y estabilidad del sistema eléctrico a medio y largo plazo.

En definitiva, «una de las ideas clave que se extraen del informe -tal y como explica Eloy S. Sanz Pérez, director de la Cátedra en Transición Energética- es que la prórroga de Almaraz genera un efecto desincentivador de inversión en energías renovables».

En su opinión, «se da una situación curiosa en la que el efecto tanto en uso de gas, como en emisiones y en factura eléctrica es positivo en el caso de prórroga entre 2028 y 2030. Es decir, menos uso de gas, menos emisiones y menos precio», matiza. Sin embargo, -aclara Eloy Sanz- «las menores inversiones en energías renovables y almacenamiento hacen que el sistema eléctrico esté menos preparado para el cierre nuclear en el caso de prórroga, y en estos escenarios a partir del año 2031 los efectos son los contrarios y de tal magnitud que contrarrestan los beneficios obtenidos entre 2028 y 2030. Así, el efecto acumulado en 2033 es un sobrecoste en la factura eléctrica de 3.831 millones de euros», concluye.