La inmigración impulsa la economía española, pero exige políticas públicas

La inmigración se ha convertido en uno de los factores estructurales del crecimiento económico de España. Sin embargo, el rápido aumento de los flujos migratorios en los últimos años también está poniendo de relieve carencias en las políticas públicas destinadas a gestionar su impacto social, laboral y territorial. Esta es una de las principales conclusiones del informe La realidad migratoria en España, elaborado por el Consejo Económico y Social de España (CES), que analiza el papel de la población migrante en la economía y los retos que plantea su integración.

El documento describe una transformación profunda de la estructura demográfica del país en apenas dos décadas. Actualmente, cerca de una quinta parte de la población residente tiene origen migrante, un cambio que sitúa a España entre los países desarrollados donde el fenómeno ha crecido con mayor rapidez.

Desde una perspectiva económica, el informe es claro: la inmigración ha sido un motor relevante del crecimiento en los últimos años. El aumento de los flujos migratorios ha ampliado la población activa, ha contribuido a la recuperación económica tras la pandemia y está ayudando a sostener el sistema de pensiones en un contexto marcado por el envejecimiento demográfico.

En la actualidad, más de tres millones de personas extranjeras trabajan en España, un millón más que en 2018, lo que refleja su creciente peso en el mercado laboral.

Un pilar para el mercado laboral

El informe del CES subraya que la aportación de la población migrante es especialmente visible en sectores con alta demanda de mano de obra, como la hostelería, la agricultura, el cuidado de personas o determinados servicios. Al mismo tiempo, también está creciendo la presencia de trabajadores extranjeros en ocupaciones cualificadas: el empleo migrante en puestos altamente especializados ha aumentado alrededor de un 30% desde 2019.

Este doble perfil -mano de obra esencial y talento cualificado- refuerza el papel estructural de la inmigración en la economía española. Organismos internacionales como el FMI, el BCE o el Banco de España han destacado que la llegada de trabajadores extranjeros contribuye a sostener el crecimiento y la estabilidad fiscal del país.

Además, la contribución económica se refleja en las cuentas públicas. Las personas migrantes aportan alrededor del 10% de los ingresos del sistema de Seguridad Social mientras su peso en el gasto público es significativamente menor.

El reto de acompañar el crecimiento migratorio

Pese a estos efectos positivos, el informe advierte de que la rápida intensificación de los flujos migratorios no siempre ha estado acompañada por una planificación suficiente de las políticas públicas.

El presidente del CES, Antón Costas, ha señalado que el crecimiento migratorio exige una mayor coordinación entre administraciones y un refuerzo de las políticas de integración para evitar tensiones sociales o desigualdades territoriales.

Entre los ámbitos donde el informe detecta mayores desafíos figuran el acceso a la vivienda, la presión sobre determinados servicios públicos y la integración educativa y laboral de las segundas generaciones.

También subraya la importancia de mejorar la gestión administrativa de los procesos migratorios. La regularidad administrativa -es decir, contar con permisos de residencia y trabajo- es uno de los factores clave para facilitar la integración y evitar situaciones de vulnerabilidad laboral o economía informal.

En este sentido, el informe recuerda que España ha desarrollado históricamente procesos de regularización que han permitido incorporar a cientos de miles de trabajadores a la economía formal, con efectos positivos tanto para el empleo como para la recaudación pública.

Una oportunidad económica si se gestiona bien

Más allá del debate político, el CES plantea la inmigración como una oportunidad económica estratégica para España. El país necesitará en la próxima década millones de trabajadores adicionales para sostener su capacidad productiva y el Estado del bienestar, una necesidad que difícilmente podrá cubrirse solo con población autóctona debido al envejecimiento demográfico.

En este contexto, el informe concluye que el desafío no es tanto la llegada de inmigrantes como la capacidad institucional para gestionar su integración. Una política migratoria eficaz -basada en regularidad administrativa, acceso al empleo y convivencia intercultural- puede convertir este fenómeno en uno de los pilares del crecimiento económico y social de España en las próximas décadas.