Jornada laboral 2026: el ICO rechaza las 35 horas y los expertos avisan del riesgo del nuevo horario

El debate sobre la jornada laboral en España concentra dos frentes que apuntan en direcciones opuestas. Por un lado, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha decidido no sumarse a la reducción de jornada a 35 horas semanales aplicada a los empleados de la Administración General del Estado, optando por mantener una jornada alineada con la del sector bancario privado. Por otro, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en sacar adelante el nuevo decreto de registro horario vinculado a la reducción a 37 horas, una medida que ya ha recibido el aviso del Consejo de Estado y que los expertos comparan con uno de los episodios más polémicos de la legislatura.

El ICO se queda fuera de las 35 horas

Mediante resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública del 14 de abril de 2026, se fijó en 35 horas semanales la jornada laboral ordinaria de los empleados públicos de la AGE, lo que supone un cómputo de 1.533 horas al año, frente a las 37,5 horas anteriores. Sin embargo, esta medida no se aplica de forma automática a todos los organismos públicos.

La jornada de 35 horas no es de aplicación a las entidades locales ni a otras administraciones, que continuarán rigiéndose, con carácter supletorio, por lo establecido en la normativa vigente desde 2018. El ICO, como entidad de crédito con naturaleza jurídica propia, ha optado por mantener su convenio colectivo alineado con el del sector bancario, que establece una jornada de 39 horas semanales. El registro horario de Díaz, en el aire
El otro gran frente abierto es el decreto de registro horario impulsado por el Ministerio de Trabajo. La ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media fue tumbada en el Congreso por PP, Vox y Junts, y el Gobierno optó por tramitar por vía urgente el decreto de registro horario como alternativa.

Sin embargo, la medida acumula resistencias. El Consejo de Estado ha rechazado que los cambios en el registro de jornada se aprueben mediante un real decreto, considerando que debería tramitarse a través de una norma con rango de ley. El dictamen no es vinculante, pero tiene relevancia jurídica y puede facilitar la presentación de recursos ante los tribunales.

Una reforma que no termina de aterrizar

La modificación del registro horario estaba inicialmente incluida en la propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Tras el rechazo en el Congreso, la ministra decidió continuar con la reforma del registro horario en una normativa independiente. El proyecto busca que el registro sea objetivo y verificable en tiempo real, pero la incertidumbre parlamentaria sigue siendo el principal obstáculo. Diario en Positivo
Yolanda Díaz ha confirmado que el nuevo registro horario obligatorio se aprobará antes de que finalice el verano, aunque sin una fecha concreta. El pulso entre el Ministerio de Trabajo y el de Economía, junto con la aritmética parlamentaria, marcan el ritmo de una reforma que lleva meses sin cerrarse.