Mujeres al Timón
A diferencia de los contratos de alquiler de vivienda habitual, en que las relaciones entre arrendadores y arrendatarios se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), el alquiler de habitaciones y aquellos temporales continúan rigiéndose por el Código Civil. En la práctica, esta «anomalía» se traduce en que depende de la voluntad de las partes, que, en un mercado tensionado, suele significar una posición de desventaja para alguna de las partes.
Por ello, el pleno del Congreso decidirá hoy si tramita una proposición de ley promovida por movimientos sociales y de inquilinos para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y los de arrendamiento de habitaciones, con el que cada vez más, denuncian distintos colectivos sociales, algunos arrendadores burlan el control de precios.
Mientras que la LAU obliga al arrendador a realizar contratos de cinco o siete años, durante los cuales el precio del alquiler no puede aumentar más allá de la inflación, los de temporada y los de habitaciones permiten la «trampa» de subir los precios cada seis o nueve meses a inquilinos que viven en esa vivienda de forma estable.
Además, tampoco están sujetos a los límites decretados por el Gobierno para las actualizaciones anuales de renta de vivienda habitual.
Un real decreto en ciernes
Al igual que la de los alquileres turísticos, la regulación de este tipo de arrendamientos quedó fuera de la Ley por el Derecho a la Vivienda que se aprobó en abril de 2023. Una situación que el Gobierno quiere ahora remediar, tras la reunión del pasado julio de un grupo de trabajo creado con este propósito.
Por el camino se han dejado ver algunas de las patas que conformarían la norma. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunciaba el pasado mes de julio que el nuevo marco obligará a justificar la causa de los alquileres temporales y a incluir esos inmuebles en un registro único junto a los pisos turísticos; medidas que los partidos a la izquierda del PSOE consideran «poco contundentes».
Aunque el grupo socialista no ha confirmado que vaya a votar a favor de la tramitación de esta propuesta, sus socios de gobierno confían en que lo haga. No obstante, para conseguir que el pleno le dé luz verde serían también necesarios los apoyos del PNV y Junts, quien el pasado mayo votaron en contra de una iniciativa similar en el Parlamento de Cataluña (igual que el PP y Vox), mientras que el PSC se abstuvo.
El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, insistía esta semana en que los alquileres de temporada y de habitaciones «se han convertido en una rendija por la que los propietarios se cuelan para esquivar la LAU y la regulación de los alquileres» y ha abogado por «cerrar esa rendija».
Según datos de Idealista, en el segundo trimestre de 2024 la oferta de alquiler de temporada se disparó un 55 %, con lo que ya suponen el 13 % del total de la oferta. Por su parte, la oferta de habitaciones en piso compartido creció un 29 %, a pesar de lo cual el volumen de personas interesadas en cada habitación aumentó un 15 %.
El sector de los pisos turísticos pide 1.000 millones
Pese a que todavía no ha entrado en vigor esta nueva normativa, desde el sector de los pisos turísticos de Barcelona ya han presentado reclamaciones de responsabilidad patrimonial ante la Generalitat por valor de 1.000 millones de euros por las pérdidas que, calculan, le supondrá la aplicación del decreto que regula las viviendas de uso turístico.
Las reclamaciones, impulsadas por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, Apartur, parten del convencimiento de que la ciudad de Barcelona acabará por extinguir en noviembre de 2028 las 10.000 licencias de la ciudad y que también ocurrirá lo mismo en el conjunto de Cataluña, donde existen unas 100.000.
El presidente de Apartur, Enrique Alcántara, y la directora general de esta asociación, Marian Muro, han asegurado en rueda de prensa que el valor final de las reclamaciones podría superar los 3.000 millones de euros en Barcelona y los 7.000 millones en toda Cataluña.
Los afectados por la normativa de la Generalitat que abre la puerta a la eliminación de los pisos turísticos tienen hasta el 8 de noviembre para presentar sus reclamaciones patrimoniales. Los portavoces de Apartur han señalado que, si las reclamaciones no son aceptadas por la Generalitat, llevarán las peticiones de indemnizaciones ante la justicia ordinaria.
La Comunidad Valenciana la última en sumarse a la regulación
Pese a la oposición de los arrendatarios, regular la actividad de los pisos turísticos es una medida que están implementando cada vez más gobiernos autonómicos sin importar su adscripción política. La Generalitat Valenciana ha sido una de las últimas administraciones en aprobar -el pasado mes de agosto- un reglamento enfocado a las «viviendas que se cedan con fines turísticos por un tiempo inferior o igual a 10 días». El decreto incluye toda una serie de medidas entre las que se incluye la prohibición de ceder por habitaciones este tipo de alquileres.
Las viviendas de uso turístico deberán contar con el informe municipal de compatibilidad urbanística para uso turístico favorable, emitido por el ayuntamiento en cuyo término municipal radique la vivienda. Además, la normativa obliga a los apartamentos turísticos a cumplir toda una serie de requisitos que forzará, de facto, la transformación de muchos de ellos.
Entre estos requisitos se encuentra el que tengan plano de evacuación del edificio en la puerta de las viviendas o instrucciones de emergencia en varios idiomas, ascensor a partir de número de cuatro plantas; entrada de clientes, en el caso de viviendas situados en bajos y teléfono de atención 24 horas.
