La ciudad de Sagunto está en boca de todos. Los futuros proyectos industriales de la gigafactoría de baterías de Volkswagen y sus auxiliares en Parc Sagunt II, hacen del histórico enclave valenciano la promesa de un futuro hub tecnológico y sostenible que reinvente la automoción española. Por el camino, el proyecto podría también impulsar la tan ansiada reindustrialización estratégica y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.
La apuesta de la multinacional alemana y el volumen de la inversión suponen una gran oportunidad para Sagunto; motivo por el cual existe consenso entre los locales por favorecer su materialización. Sin embargo, a medida que las gestiones avanzan y se conocen los detalles, los desafíos que conlleva un proyecto de este calado, similar a lo que supuso en su día la llegada de Ford a Almussafes, asoman en el horizonte.
Sobre la mesa distintas discrepancias que, reflejo de lo que ocurre también en el seno del gobierno de la Generalitat Valenciana, muestran distintas sensibilidades entre los diferentes partidos que los componen. Mal gestionado, el crecimiento urbanístico y económico que supondrá la gigafactoría puede traer parejas diversas problemáticas a la ciudad. Así afronta Sagunto su futuro.
El desafío urbanístico de Sagunto
Josep Francesc Fernández, más conocido como Quico, estuvo al frente del Consistorio de la ciudad durante cuatro años, desde 2015 hasta junio de 2019. Tras la llegada a la alcaldía del socialista Darío Moreno, Fernández pasó a detentar el puesto de delegado de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Sagunto. Su mensaje es claro: «sí a la gigafactoría, no a las plantas fotovoltaicas en esa proporción y localización».
Para el edil, se ha de procurar que el crecimiento deseado sea sostenible y orgánico. Y matiza que «el progreso ha de repercutir necesariamente en una mejor calidad de vida. Si el crecimiento se va a traducir en unas peores condiciones en los servicios de educación, sanitarios, de habitabilidad y sociales…entonces no es deseable. Por eso nos preocupa este crecimiento tan rápido».
Y es que la planificación del futuro complejo de baterías de Volkswagen prevé comenzar con las obras este 2023 y estar en funcionamiento en 2026. Muchas son las medidas que, en apenas tres años, ha de tomar el Consistorio para garantizar que el barco llegue a buen puerto.
Disenso entre socios de gobierno
Las diferencias entre los socios de gobierno, sin embargo, son palpables. Si bien la unidad de los partidos en las cuestiones de más calado hacen que no peligre el futuro de la gigafactoría; la instalación de una planta solar fotovoltaica que doblará el tamaño de las instalaciones de Volkswagen, de más de cinco millones de metros cuadrados, ha hecho saltar las alarmas.
«Vamos a pagar un precio muy alto por esta inversión con tal de asegurar las oportunidades de creación de empleo. La parte socialista del Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, entiende que eso es algo que se debe aceptar. Nosotros no opinamos así y estamos dispuestos a buscar alternativas a la planta fotovoltaica. Tenemos que procurar que el impacto sea menor», afirma el concejal de Urbanismo y Vivienda.
Y apuntilla: «se han concentrado las plantas fotovoltaicas en un espacio que es muy sensible, un lugar en el que, de hecho, no se podían poner plantas fotovoltaicas. Pero con la fórmula que ha buscado la Generalitat, que es el Proyecto Territorial Estratégico (PTE), digamos que estas limitaciones desaparecen. Es decir, se ha habilitado algo que de manera ordinaria eso no sería viable».
¿En qué lugar queda el agro?
Y es que la colocación del parque solar es uno de los mayores puntos de fricción que han surgido como consecuencia de la instalación de la gigafactoría y sus industrias auxiliares. El espacio que ocuparán tanto las naves como las renovables son en la actualidad tierras de cultivo que están siendo expropiadas. El precio que se está pagando desde la Administración, aseguran los afectados, es «muy inferior a lo que vale».
Desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y La Unió denuncian que algunos propietarios están empezando a recibir demandas por la vía Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia por parte de Espais Econòmics Empresarials, participada por la Generalitat Valenciana y el Gobierno central. Esto se debe a que no aceptan el justiprecio propuesto por el jurado provincial de expropiación.
Según los presidentes de estas asociaciones, Cristóbal Aguado y Carles Peris, «no es ético que la Administración pretenda regalar el patrimonio de los agricultores a otros. Parece que nuestros gobernantes quieren hacer negocio con los agricultores y ganarse unas generosas puertas giratorias en grandes empresas cuando acaben su etapa política».
Falta de oferta en la vivienda
Debido a la historia industrial de la ciudad de Sagunto, su ambicioso Plan General ya prevé la capacidad de reforzar y ampliar los servicios del municipio en caso de ser necesario. Sin embargo, explica el concejal de Urbanismo y Vivienda, las previsiones de crecimiento y el interés que suscita en los inversores, están suponiendo un aumento de los precios tanto de los alquileres como de los inmuebles.
«Se ha hablado de un 16%, pero es un porcentaje que podría ser mayor, llegando al 20%, cuando los alquileres ya están, de por sí, muy caros. Todavía no hemos llegado al nivel de ciudades como Valencia o Madrid, pero uno de nuestros retos es abaratar la vivienda, tanto en la compra como en el alquiler, construyendo vivienda para alquiler asequible», afirma Fernández.
En este sentido, el portal Enalquiler sitúa la subida del precio medio del alquiler en la ciudad de Sagunto en un 76,6% durante el último año, pasando de 701 euros en febrero de 2022 a los 1238 euros de media al cerrar el año.
Para Jesús Conejos, socio fundador de la inmobiliaria Histomar, se ha notado movimiento de perfil inversor. Y continúa: «Es gente que está comprando uno o dos pisos para sacarles rentabilidad a través del arrendamiento. Son pisos a un precio bastante económico y que se espera que suban de precio conforme se materialice la gigafactoría de Volkswagen. Además, no hay mucha vivienda disponible para arrendamiento y se están pagando barbaridades».
Construir para bajar los precios
Una opción que podría abaratar el precio del alquiler consistiría en aumentar la oferta disponible. Durante los últimos 20 años, la población de la ciudad de Sagunto se ha mantenido alrededor de los 68.000 habitantes. Las estimaciones del impacto de la gigafactoría de baterías calculan en 15.000 los nuevos puestos de trabajo que se crearán.
«Creemos que ceder terreno municipal para construir vivienda de alquiler asequible es la opción más viable, la vivienda no debería ser un objeto de lujo. Debemos construir para aumentar la oferta y bajar los precios. La cooperación público-privada debe actuar ya y la realidad es que Sagunto es una ciudad que dispone de mucho suelo urbanizado y urbanizable», asegura el concejal de Urbanismo y Vivienda.
Y concluye que «hay que estar preparados para ello, esperamos sobrepasar los 75.000 habitantes. Pasaríamos a estar dentro de los municipios con mayores recursos por parte del Estado, pero crecer tanto en tan poco tiempo genera más problemas que beneficios».