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Redacción E3
En nuestro ordenamiento jurídico, el recurso de apelación es uno de los medios de impugnación más importantes que tiene el ciudadano para proteger sus derechos. A través del recurso de apelación, se puede impugnar la resolución dictada por un órgano jurisdiccional inferior. Solicitando a un tribunal superior que la revise y, en su caso, la modifique o anule.
Por tanto, es importante que todos los ciudadanos conozcan en qué consiste el recurso de apelación y cuáles son sus características, así como los plazos y requisitos para interponerlo. A continuación, veremos una breve explicación de estos aspectos.
El recurso de apelación es un mecanismo legal que tiene por objeto que un tribunal superior revise la resolución dictada por un órgano jurisdiccional inferior y de ser necesario, la modifique o anule. En otras palabras, es un medio de impugnación de una sentencia no favorable con la que no estamos de acuerdo. Este recurso puede ser invocado, en cualquier caso, pero siempre solo por las partes involucradas y activas en el proceso que se sientan perjudicadas por la sentencia.
Como consecuencia, el afectado puede interponer el recurso de apelación, cuando considera que ha habido fallas de forma o de fondo en la resolución de su caso. En otras palabras, cuando se considera que no se respetó el debido proceso o no se actuó de forma justa por parte del tribunal. De igual manera, cuando considera que existe una violación de los reglamentos o las leyes vigentes.
Así que, el recurso de apelación sirve para que los tribunales superiores controlen la correcta aplicación del derecho por parte de los órganos jurisdiccionales inferiores y, en consecuencia, para garantizar la protección de los derechos e intereses legítimos de las partes involucradas.
Sin embargo, vale decir que, esta herramienta legal tiene limitaciones en su aplicación, es decir, que no es aplicable de manera universal. Ya que, está sujeta a la jurisprudencia respectiva, así como a las diversas normativas legales nacionales o regionales que pueden su aplicación o no.
La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en su artículo 455.1 establece que se pueden recurrir en apelación, todas las sentencias emitidas en toda clase de juicios. Así como también los autos definitivos y todos aquellos otros que la ley señale expresamente. Sin embargo, el mismo artículo establece, como excepción, las sentencias dictadas en juicios verbales por razón de la cuantía si esta no supera los 3.000 euros.
Por su parte, la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en su artículo 81, también contempla los casos en que las sentencias emitidas serán susceptibles de apelación.
Por otro lado, en el campo penal el recurso de apelación puede interponerse, solo en ciertas situaciones procesales. Como por ejemplo:
El plazo para interponer un recurso de apelación penal contra resoluciones interlocutorias es de cinco días a partir de la notificación de la sentencia por parte del juzgado penal. Mientras que, en los casos de apelación contra sentencias, el plazo estipulado para la interposición del recurso de apelación es de 10 días.
De igual manera, en los casos de procedimientos ante tribunal jurado, la presentación del recurso de apelación podrá hacerse en el transcurso de los diez días posteriores a la notificación de la sentencia. Por otro lado, en los casos de procedimiento abreviado, el juez podrá dar traslado del recurso a las partes del proceso, para que en un lapso no mayor de diez días presenten sus fundamentos.
No obstante, es importante tener en cuenta que no todas las sentencias son recurribles en apelación.
La primera característica del recurso de apelación que debemos mencionar, es que se trata de un recurso ordinario en el sentido de que la ley lo permite como norma general en todo tipo de decisiones. Además:
La apelación es un mecanismo fundamental del Estado de Derecho. El recurso de apelación es de gran importancia. Esto porque sirve para corregir errores cometidos por los órganos jurisdiccionales inferiores en la aplicación del derecho y para evitar que se produzcan injusticias. Garantiza el control de la legalidad por parte de los tribunales superiores y, por ende, la protección de los derechos e intereses legítimos de los justiciables.
Tan es así que el mismo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha reconocido que, si en un juicio penal el acusado no tiene derecho a apelación, se estarían vulnerando sus derechos.
Jesús SantaellaCopywriter y redactor SEO con más de 7 años de experiencia. Colabora con Economía 3 desde el 2019 en temas de marketing, turismo, criptomonedas y economía. Es un apasionado por el marketing digital y las ventas a través de las palabras.
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