“Las administraciones locales deben adaptarse a las demandas ciudadanas de agilidad y facilidad”

Mario García

En el ámbito de la administración electrónica, la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece como competencia propia de las diputaciones la prestación de servicios a los municipios de menos 20.000 habitantes.
Everis impulsa desde 2008 a través de la Generalitat Valenciana y las Diputaciones, la prestación de servicios de administración electrónica a más de 300 municipios, además de manera directa a corporaciones locales como los ayuntamientos de Castellón y Valencia. Así lo explica Mario García, director de Sector Público de Everis Comunidad Valenciana y Murcia.

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– La reforma de la Administración local, que se pretende impulsar en España, busca lograr su máxima eficiencia, reordenando sus competencias para evitar duplicidades administrativas. En este marco, ¿qué función puede y debe desempeñar la e-Administración que impulsa Everis?

– La ley 11/2007 de impulso de la administración electrónica, hace ya seis años, facilitó en el ámbito de la administración electrónica que muchas diputaciones se decidieran a dar el paso de la prestación de servicios a las entidades locales de manera conjunta y aportando evidentes eficiencias. En este sentido, la actual Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) lo que hace en el ámbito de la administración electrónica no es sino dar carácter de obligatoriedad a algo que lleva varios años de recorrido, estableciendo como competencia propia de las diputaciones la prestación de estos servicios (así como los de contratación centralizada) a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

– En el ámbito concreto de la Comunidad Valenciana, ¿a qué tipo de corporaciones locales han prestado servicios de e-Administración desde Everis y en qué consisten?

– Everis impulsa desde 2008, a través de las diputaciones provinciales y la Generalitat Valenciana de manera conjunta, la prestación de servicios de administración electrónica a más de 300 municipios de la Comunitat, impulsando el uso de una plataforma conjunta y desplegando de manera progresiva un elevado número de servicios electrónicos.

Así mismo, hemos prestado servicios de administración electrónica directamente a corporaciones locales de todo tamaño, tanto a grandes ayuntamientos (como la puesta en marcha de la plataforma de facturación electrónica en el Ayuntamiento de Valencia alineándola con la estrategia en el ámbito autonómico, o la definición del plan director de administración electrónica a cuatro años para el Ayuntamiento Castellón y que actualmente se encuentra a mitad de su ciclo de vida), como a ayuntamientos más pequeños (habiendo impulsado la administración electrónica en consistorios como Paterna, con proyectos orientados a la modernización y productividad municipal; o como Puçol, el cual siempre ha estado a la vanguardia ofreciendo soluciones innovadores para relacionarse con sus ciudadanos).

– ¿Desde cuándo Everis está desarrollando este proyecto en el ámbito de la Administración local? ¿Ha finalizado el despliegue del proyecto o, en su caso, para cuando está previsto que finalice?

– Everis viene prestando servicios de administración electrónica en el ámbito de este proyecto desde 2008. A partir del impulso inicial para establecer una plataforma conjunta, pero que a la vez pudiera permitir la definición de servicios propios por las entidades locales. El grueso del proyecto se ha dirigido a desplegar un conjunto de servicios electrónicos cada vez mayor en función de las demandas de los ciudadanos.

– ¿Cuáles son los ejes fundamentales del proyecto que están desarrollando? Dicho con otras palabras: ¿qué parcelas o competencias de la Administración local son atendidas por las aplicaciones desarrolladas por Everis?

– El proyecto cubre un eje transversal, que contempla todas las relaciones municipales con el tejido social y, bajo el cual, cada municipio puede especificar qué áreas desea potenciar gracias a esta iniciativa. La solución plantea de base facilidades para cubrir distintos espectros como el urbanismo, la cultura, el ocio y los deportes, la participación ciudadana, la policía, los servicios sociales, impuestos, tasas… La elección de las áreas municipales a cubrir y el ritmo de implantación es responsabilidad de cada municipio y de su plan de modernización, si bien se encuentra plenamente apoyado por Everis, por las diputaciones provinciales y por la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Generalitat Valenciana.

Sin embargo, el ámbito que más ha destacado en los últimos tiempos  ha sido el singular crecimiento de todos aquellos servicios que han comenzado a habilitarse sin necesidad de uso de certificados electrónicos, como son las inscripciones a eventos, actividades y cursos, la gestión de autoliquidaciones por internet o los tablones de anuncios y edictos electrónicos. Todo esto obliga a una reflexión en tanto en cuanto dos motivos subyacen en este hecho: la poca penetración del uso de los certificados electrónicos en todos los estratos de la sociedad, junto con sus complejidades tecnológicas, y la verdadera demanda ciudadana sobre los servicios municipales.

– ¿Cuál es el coste económico de informatizar y de automatizar la gestión administrativa del ayuntamiento de una ciudad de menos de 100.000 habitantes? ¿Y si bajamos la escala a uno de menos de 20.000 habitantes?

– El coste económico tiene varios componentes. El más evidente es la adquisición o uso de un sistema informático o plataforma que permita a los ciudadanos la presentación o solicitud de cualquier trámite administrativo y que se conecte con los sistemas de gestión del ayuntamiento (tributos, económico financiero…). El coste económico va a depender sobre todo de la cantidad y grado de personalización de los servicios electrónicos que se quieran poner a disposición de los ciudadanos. Para municipios de menos de 20.000 habitantes este coste será principalmente asumido por las diputaciones provinciales.

Pero hay otro componente que a menudo se olvida y que puede suponer un coste todavía mayor, puesto que se diluye en costes internos y es la gestión del cambio en la forma en que el ayuntamiento se relaciona con sus ciudadanos. Los ciudadanos demandan una administración a la que se pueda acceder desde cualquier canal, y con creciente auge de internet. Con lo cual, el ayuntamiento y sus empleados deben entender que esto conlleva necesariamente un cambio en su forma de actuar y de afrontar la prestación de servicios y por tanto un cambio en los procesos y procedimientos.

– ¿Qué ventajas prácticas y tangibles obtiene el ciudadano en su relación con la Administración local gracias a la implementación por parte de su ayuntamiento de estos desarrollos informáticos?

– Desde una visión ciudadana, donde también debemos considerar a las empresas con presencia local en el municipio, la primera ventaja que encontramos, y que resulta evidente, es la necesidad de no desplazarse al ayuntamiento para realizar una gestión (con sus respectivos costes), evitar colas y reducir los tiempos de respuesta. Otra ventaja que tiene un relevante impacto es la nueva capacidad de relacionarse a cualquier día y a cualquier hora, obviando los tiempos de asistencia presencial, lo cual sin duda facilita la adaptación a las necesidades de los ciudadanos. Mucho se ha escrito al respecto y no deja de ser verídico, puesto que sin duda son elementos medibles de gran relevancia.

Sin embargo, aquello que cuesta más de medir, pero que tiene un valor intrínseco, son las nuevas relaciones de confianza y modernidad que se establecen entre los ciudadanos y la ciudad. En un escenario basado en una economía y una sociedad digital, la presencia en internet (o mejor dicho, evitando la “no presencia” en internet), la adaptación a las necesidades ciudadanas de forma ágil (beneficiadas por las TIC) y la creación de servicios de transparencia y participación fomentan la confianza y generan ecosistemas de ciudades sostenibles. Ciertamente difícil de medir, pero no por ello deja de ser la realidad en la que hoy nos encontramos.

– En un modelo teórico, la actuación conjunta y coordinada de aplicaciones informáticas e internet debería permitir un acceso total de los distintos ciudadanos a cualquier instancia administrativa para resolver, en principio, diferentes tipos de tramitación administrativa. ¿Es esto una quimera aún o estamos cerca de hacerlo realidad?

– Esto ya es así en numerosos trámites administrativos. El principal escollo que nos hemos encontrado en el despliegue de servicios y trámites electrónicos es el exceso de garantismo de la administración que, unido a la dificultad en el uso de los sistemas admitidos de identificación electrónica, hace que aquellos servicios que, por ejemplo, no exigen el uso de firma digital, se multiplique exponencialmente su uso.

Le voy a poner un ejemplo, ¿por qué cuando usted entra en su banca online, y se supone que la banca debe ser ultrasegura identificando a sus clientes, no se le exige que se identifique con el DNI digital y para realizar un tramite administrativo que en ocasiones no conlleva ni transacción económica, sí que se le exige? Esto es un contrasentido que desincentiva el uso de la tramitación electrónica. Las administraciones deben adaptarse a las demandas ciudadanas de agilidad y facilidad, pero más aún en una época en la que los cambios son mucho más rápidos que en el pasado.