La suspensión por parte de Trump de la Ley Anticorrupción “atraerá relajación y corruptela”

Donald Trump cuando llegó de nuevo a la presidencia de Estados Unidos, decidió dejar en suspenso la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), ley publicada en 1977 que hizo frente a la corrupción, las adjudicaciones publicas trucadas y los sobornos, alcanzando no solo a las empresas norteamericanas, sino también a empresas extranjeras que cotizaran en Bolsas de Estados Unidos, o que, realizaran cualquier acto de respaldo en el país a un soborno pagado en el extranjero.

Hablamos con Diego Cabezuela, senior partner en Círculo Legal y presidente de la InLaw Alliance of Lawfirms, una red internacional de despachos de abogados y reconocido por su especialización en derecho penal empresarial y compliance.

Cabezuela nos informa sobre cómo afectará la retirada de esta ley a las relaciones entre empresas y a las inversiones entre países.

– ¿Cómo cree que afectará la retirada de la FCPA a la confianza de los inversores y a las relaciones comerciales entre empresas de EE.UU. y otros países? ¿Y en concreto con España y la Unión Europea?

En realidad, la FCPA no está retirada, solo suspendida por 180 días. Pero todo apunta a que, efectivamente, la intención de la Administración Trump es recortar considerablemente su alcance. La reacción de los inversores y empresas norteamericanas es difícil de prever.

La Ley lleva en vigor casi 50 años y los actuales empresarios estadounidenses están educados en la cultura del cumplimiento de la ley. De hecho, fueron ellos quienes la exportaron e impusieron en Europa y en el resto de Occidente.

Programas de compliance muy estrictos

Los empresarios estadounidenses tienen programas de compliance muy estrictos, que les dan reputación y credibilidad en el mercado. Está por ver cómo van a reaccionar. Aunque, si la aplicación de la ley, definitivamente, queda reducida a la nada, es inevitable que esa impunidad traiga, a medio plazo, relajación y corruptelas. Normalmente los inversores prefieren países con seguridad jurídica y en cuyas administraciones públicas se pueda confiar.

– ¿La suspensión de esta ley podría incrementar el riesgo de blanqueo de capitales en transacciones internacionales? ¿Qué mecanismos podrían establecerse para mitigar esta situación?

Sin duda, el pago de sobornos presupone el manejo de dinero fuera de control y esto conduce al blanqueo de capitales. De momento, las normas de la FCPA sobre contabilidad, registro de operaciones etc., destinadas precisamente a evitar que las empresas puedan ocultar fondos opacos con los que financiar actividades ilegales, se mantienen intactas y no se han suspendido. Es pronto para saber a dónde conduce todo esto.

– Muchos contratos internacionales incluyen cláusulas antisoborno basadas en la FCPA. ¿Cómo cree que reaccionarán las empresas norteamericanas y los jueces ante posibles disputas contractuales por el incumplimiento de estas cláusulas?

Las cláusulas antisoborno fueron introducidas en el tráfico mercantil precisamente por las empresas estadounidenses. Actualmente están completamente generalizadas y no faltan, prácticamente, en ningún contrato importante. Son cláusulas que, como es sabido, penalizan cualquier acto de corrupción en que incurra una de las partes, aunque sea en la otra punta del mundo y no tenga ninguna relación con el contrato firmado.

De momento, estas cláusulas van a seguir en vigor. Por lo tanto, si alguna empresa, estadounidense o de otro país, las incumple, deberá afrontar las consecuencias, mercantiles o civiles, del incumplimiento.

De todas formas, es mejor esperar y no adelantar acontecimientos. El cambio de escenario que se avecina, probablemente va a romper todos los esquemas.

La UE, un paso adelante

– Países como Reino Unido y Francia han desarrollado su propia legislación antisoborno inspirada en la FCPA. ¿Cree que la Unión Europea reforzará sus propias leyes para llenar el vacío dejado por EE.UU.?

La FCPA ha sido la «alma mater» de todo el inmenso esfuerzo de las últimas décadas en la lucha contra la corrupción internacional.

De hecho, inspiró el Convenio de la OCDE de 1997 y, a través de él, todos los países firmantes, entre ellos, naturalmente, España, han debido incorporar a sus códigos penales el delito de corrupción internacional en términos muy amplios. Algunos países, como Reino Unido y Francia, efectivamente, han avanzado más, creando leyes de mayor poderío extraterritorial, es decir, con más radio de acción, para ser aplicadas a delitos cometidos por ciudadanos de otros países.

Pero si la FCPA queda, finalmente, desactivada, Europa tendrá que dar un paso mucho más enérgico en materia de extraterritorialidad, capaz de controlar, si es necesario, las irregularidades de ciudadanos o empresas norteamericanas.

Operadores «sin ley»

– ¿Podría esta decisión provocar una ventaja competitiva para empresas de países con menor regulación anticorrupción, perjudicando a aquellas que han cumplido estrictamente con las normativas hasta ahora? ¿Habrá unos países más perjudicados que otros?

Es difícil saberlo. Está claro que, en teoría, un operador económico que pueda sobornar a los políticos o funcionarios que han de adjudicar un contrato, sin la amenaza de una sanción penal, parece estar en ventaja sobre los que están sometidos a normas estrictas. Pero no es tan simple, y además estos operadores “sin ley” han existido siempre.

La realidad es que la cultura del cumplimiento de la ley, el compliance, ha avanzado ya mucho. En las economías emergentes, -que, sobre el papel, pueden ser las de mayor riesgo-, los bancos internacionales que financian los grandes proyectos están haciendo una labor de limpieza muy importante sobre los licitadores con malos antecedentes.

Algunas economías potentes de Latinoamérica, deseosas de atraer a sus países, la inversión seria, están haciendo lo mismo. Por otra parte, el valor reputacional de las empresas es, ahora, un activo enormemente valorado por el mercado y los clientes. Son algunos buenos contrapesos. Aunque si la FCPA y USA abandonan este proceso de limpieza, la pérdida será monumental.