Glovo cambiará finalmente su modelo laboral y dejará de contar con repartidores autónomos

Tras años en el punto de mira, la plataforma de entregas a domicilio Glovo ha anunciado que finalmente cambiará su modelo laboral en España, basado hasta ahora en contar con repartidores autónomos, y realizará contratos laborales.

El anuncio llega tres años después de la aprobación de la ‘ley rider’ y justo un día antes de la declaración del consejero delegado de la empresa, Oscar Pierre, quien está siendo investigado por un juez de Barcelona por una presunta vulneración de los derechos de sus trabajadores.

La empresa ha avanzado su decisión en un comunicado en el que asegura que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para guiar el proceso de cambio de modelo.

Después de conocerse la decisión, la compañía alemana Delivery Hero, propietaria de Glovo, ha perdido cerca de un 12% en la Bolsa de Fráncfort. Las acciones de la compañía, que cotizan en el indicador MDAX de medianas empresas, caían un 11,95% pasadas las 13.20 horas GMT de este lunes, hasta los 34,11 euros.

Presente en más de 900 ciudades

La firma tecnológica ha explicado que este nuevo paso «refuerza y consolida» su proyecto en España, «su país de origen y principal mercado». Este cambio de modelo se llevará a cabo en todas las ciudades en las que realiza entregas, que superan las 900, y en todos las verticales de la aplicación, aunque no ha concretado ni cuándo tendrá lugar ni tampoco cuándo se abrirá la mesa de diálogo.

Fundada en 2015 en Barcelona, Glovo ha afirmado que la nueva manera de operar no producirá cambios en la disponibilidad de repartidores, que seguirá siendo «en cualquier momento del día», ni en los tiempos de entrega.

La mesa de diálogo con los agentes sociales estará abierta al resto de operadores del sector «para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados», ha señalado la compañía tecnológica.

La investigación judicial contra Glovo 

La investigación judicial contra Glovo se abrió el pasado mes de julio, después de que la Fiscalía de Barcelona presentara una denuncia contra el responsable de la compañía por considerar que «suprime» los derechos de los trabajadores al contratar a falsos autónomos.

Según la fiscalía, los repartidores «se ven obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa».

El ministerio público recuerda que es «una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección a la Seguridad Social».

En la causa penal contra Glovo, el sindicato CGT se ha personado como acusación particular. La central sindical ha anunciado este lunes el paso que ha dado en representación de trabajadores afiliados a la organización un día antes de que la juez interrogue a Oscar Pierre. Con su personación como acusación particular, el sindicato asegura que busca «poner fin a las prácticas abusivas y fraudulentas que atentan contra la dignidad y los derechos laborales».

Just Eat España demanda a Glovo

Este giro histórico de la compañía fundada en Barcelona también llega justo tres días después de que su competidor, la plataforma de entregas a domicilio Just Eat España, presentara una demanda contra Glovo ante los juzgados de lo mercantil de Barcelona por competencia desleal en la que le reclama 295 millones de euros por recurrir a falsos autónomos.

En la demanda, presentada el pasado 29 de noviembre, Just Eat reclama esa cantidad a Glovo en concepto «de daños y perjuicios». Según la plataforma de origen danés, Glovo se ha ahorrado «más de 645 millones de euros contratando a falsos autónomos en los últimos años» y que ello le ha permitido «adquirir una ventaja competitiva significativa».

Los sindicatos se muestran escépticos

Los sindicatos han celebrado el anuncio de Glovo, aunque se muestran algo escépticos con respecto a cómo se llevará a cabo este cambio de modelo. El coordinador estatal de UGT en Glovo, Fernando García, ha considerado «positivo» el anuncio, pero ha alertado de que abre «muchos interrogantes» en materia laboral.

En declaraciones a EFE, García ha explicado que actualmente hay un millar de repartidores legalizados en Glovo y que el compromiso de la compañía afecta en teoría ahora a los titulares de las 15.000 cuentas activas de repartidores. El representante sindical se ha preguntado «en qué condiciones va a contratar Glovo, a quién contratará, con qué salario, con qué jornada y bajo qué convenio», entre otras preguntas.

«El anuncio de Glovo es un paso en la dirección correcta, pero solo abre el camino. Queda mucha tela por cortar», ha añadido García.

Por su parte, el sindicato CCOO ha exigido a la plataforma el «cumplimiento íntegro» de su compromiso de regularizar a sus repartidores, así como «transparencia total» en un proceso que afecta a un colectivo formado en buena parte por migrantes.

CCOO ha celebrado el paso dado por Glovo, si bien ha alertado de «la reiterada falta de cumplimiento» de las normas laborales por parte de la compañía a lo largo de los años.

«CCOO vigilará que Glovo cumpla con todas sus obligaciones, incluyendo el pago de las cotizaciones sociales pendientes de años en que ha operado con un modelo de falsos autónomos y que no se producirá ninguna cesión ilegal de trabajadores», ha destacado.

El Gobierno celebra el cambio de modelo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha considerado una victoria para la «democracia» que Glovo haya anunciado este cambio de modelo. Cabe recordar que ya hace tres años que se aprobó la ‘ley rider’, una normativa impulsada por la propia Díaz que tenía como objetivo garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.

«Ninguna empresa por grande que sea, por mucho poder que tenga, ninguna gran tecnológica, puede imponerse a la democracia. Hoy ha ganado la democracia en nuestro país. Por fin, la empresa Glovo va a regularizar a más de 60.000 repartidores», ha dicho.

Díaz ha recordado que España, además de aprobar la ‘ley Rider’ a nivel nacional, impulsó la negociación en la Unión Europea de una directiva en ese sentido. En su opinión, un joven «en bicicleta, con un teléfono en la mano, en una ciudad cualquiera del mundo, en Nueva York, en Madrid, en Vigo, en Bruselas, en Berlín o donde fuera, no era un emprendedor».

Ha explicado que, con este movimiento, «el principio de legalidad se impone» y «esta empresa va a regularizar y cumplir con sus obligaciones». «Va a ser una regularización, una recaudación por un importe de 267 millones de euros y aparte el coste de las sanciones. Pero lo importante, insisto, es que por fin van a ser laborales estas personas en nuestro país», ha añadido.

«Vale la pena gobernar para hacer esto», ha considerado.

En cuanto al proceso penal abierto contra los directivos de Glovo, Díaz ha destacado que sigue su curso y lo «resolverán los tribunales».