Mujeres al Timón
Los impuestos a las grandes fortunas generan 60 céntimos de cada diez euros que recauda el fisco en la Unión Europea, mientras que las tasas al consumo y sobre la renta, que afectan en mayor medida al ciudadano medio, representan ocho de cada diez euros que llegan a las arcas públicas, según un análisis de la ONG Oxfam.
Esta misma institución reclama la puesta en marcha de un impuesto sobre el patrimonio, tal y como ha declarado Chiara Putaturo, experta en fiscalidad de Oxfam UE.
De hecho, la organización ha calculado que un impuesto sobre el patrimonio de hasta el 5% a los multimillonarios y billonarios de la Unión Europea permitiría recaudar 286.500 millones de euros al año.
Para conseguir este objetivo, la ONG ha impulsado una iniciativa ciudadana europea que pide al Ejecutivo comunitario actuar en este sentido, para lo cual hacen falta un millón de firmas de las que hasta ahora se han conseguido 300.000.
Desde la Redacción de Economía 3 hemos preguntado a expertos en fiscalidad de los despachos de Tomarial y Andersen sobre la viabilidad de dicho Impuesto sobre el Patrimonio europeo.
En concreto, hemos hablado con Miguel Ángel Molina, consejero delegado de Tomarial quien se ha manifestado en contra y ha declarado que «crear un Impuesto de Patrimonio europeo es muy complejo y considero que ahora mismo no tendría encaje».
En esta misma línea se ha posicionado Borja Molina, socio del área de Fiscal de Andersen, quien considera que «la propuesta tiene difícil encaje jurídico y político y resultaría, en la práctica, muy difícil de implementar. Todo ello teniendo en cuenta lo complicado que ha resultado la implementación de mecanismos de armonización tributaria similares como, por ejemplo, la tributación mínima internacional (plasmada en conocido Pilar 2)».
Miguel Ángel Molina, consejero delegado de Tomarial
¿Cuáles son los motivos? En opinión de Molina (Tomarial), «en la Unión Europea no hay unidad fiscal». De hecho, matiza que «no se ha logrado aún una armonización del Impuesto de Sociedades dentro de Unión Europea, aunque ya se está trabajando en ello».
En concreto, Molina (Tomarial) incide en que «está muy cuestionado y España es de los pocos países de la Unión Europea que lo tienen».
Por su parte, Borja Molina (Andersen) añade que «casi todos los países desarrollados han eliminado la imposición patrimonial. De hecho, en Europa solo se mantiene en Noruega y Suiza, además de España. Y en España, con no poca conflictividad y dudas».
«Todo ello, -continúa Borja Molina- sustentado en una histórica baja recaudación, con un elevado -en proporción- coste de gestión. Además de producir no pocos problemas de legalidad, que han llevado a figuras similares a ser declaradas contrarias a las constituciones en diversos países».
Además, avanza Molina (Andersen) que «estas propuestas van a continuar existiendo, continuando e incrementándose la presión en el ámbito internacional que aboque a los países y, en su caso instituciones como la Unión Europea, a analizar fórmulas de armonización tributaria, entre otros, en relación con la imposición patrimonial. Todo ello teniendo en cuenta, la dificultad existente para gravar rentas en grandes patrimonios, así como la creciente movilidad internacional y la deslocalización creciente de contribuyentes y patrimonios».
El consejero delegado de Tomarial recalca también que la puesta en marcha de dicho impuesto «podría afectar a la libre circulación de capitales» e incluso, subraya que «un ciudadano español podría tener tres impuestos por el mismo motivo: el autonómico sobre el patrimonio, el estatal a las grandes fortunas y uno nuevo europeo».
En esta misma línea, Molina subraya que «gravar el patrimonio está en el punto de mira y en concreto en España se ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad del Impuesto presentado por el Partido Popular, en relación con las modificaciones que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 introdujeron en el Impuesto sobre el Patrimonio», recalca.
Borja Molina, socio del área de Fiscal de Andersen
Dicha Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 modificó su contenido en dos cuestiones: aumentó el tipo marginal máximo y eliminó su carácter temporal para convertirlo en permanente.
A este respecto, el recurso de inconstitucionalidad presentado cuestiona ambas propósitos y argumenta que «el incremento del tipo impositivo tiene carácter confiscatorio y vulnera el principio de capacidad económica recogido en la Constitución», aclara Molina.
Con respecto al segundo supuesto, «la vía utilizada para convertir el impuesto de temporal en permanente no fue la correcta, ya que esta persistencia en el tiempo equivale a la creación de un impuesto nuevo, y esta creación está vetada a las Leyes de Presupuestos Generales», incide el consejero delegado de Tomarial.
Más ingresos por consumo y trabajo en la UE
El análisis de Oxfam, llevado a cabo con datos de Eurostat y la Comisión Europea, revela que los impuestos sobre el trabajo, en particular el de la renta, representaron más de la mitad de lo recaudado por el fisco (50,6%) y las tasas al consumo, como el IVA, el 27,3%.
«Los impuestos que afectan desproporcionadamente a los europeos corrientes -al consumo y trabajo- generan 13 veces más ingresos que los impuestos sobre el patrimonio, que son pagados sobre todo por los superricos», ha reconocido la organización en su comunicado.
¿Y en España?
En España, tal y como revela el estudio de la ONG, la distribución es similar: el 50,6% de la recaudación procede de impuestos al trabajo, el 25,77% de tasas al consumo, un 14,9% de gravar las rentas del capital y un 8,72% de impuestos sobre el patrimonio.
«Aunque las grandes fortunas también pagan impuestos sobre la renta y al consumo, -matizan desde Oxfam-, estos impactan más a los europeos más pobres, ya que se llevan una parte proporcionalmente mayor de sus ingresos ya que estos tienen menos fuentes de ingresos alternativas al trabajo y destinan una mayor parte de los mismos a comprar bienes y servicios esenciales, como comida», ha reflejado el comunicado de la organización.
Oxfam ha hecho hincapié en su análisis que «en 2022, el 1% más rico poseía un cuarto de todo el patrimonio personal de la UE y los más ricos (unas 3.650 personas que representan el 0,001% de la población) aumentaron su fortuna en un 237%».
En este sentido, la ONG ha reflejado en su informe que «mientras los impuestos a este colectivo se han reducido en los últimos años, los que afectan más al europeo medio, han subido».
Entre los años 2000 y 2023, el tipo impositivo medio aplicado en la UE a las rentas más elevadas bajó del 44,8% al 37,9%, y el aplicado a las empresas más grandes cayó del 32,1% al 21,2%.
Sin embargo, entre 2010 y 2022, el tipo medio del impuesto sobre las rentas del trabajo pasó del 33,3% al 34,8%, y el de las tasas al consumo subió del 17,7% al 18,7%, de acuerdo con la organización.
«Los ultrarricos acumulan más de lo que pueden gastar mientras esquivan impuestos y el resto soportamos sobre nuestros hombros la mayor parte de la carga impositiva mientras intentamos llegar a fin de mes. Un impuesto europeo al patrimonio no es solo urgente, es justo», ha declarado Chiara Putaturo, experta en fiscalidad de Oxfam UE.
En este sentido, Putaturo celebró que haya un «creciente consenso» en la política internacional y entre los ciudadanos sobre la necesidad de aplicar impuestos a los «superricos».
