En los últimos años, las Administraciones públicas, a todos los niveles -municipal, autonómico, nacional y europeo- han asumido numerosos compromisos para impulsar la movilidad sostenible. ¿Cómo se está avanzando en este sentido?

Si se centra el análisis en el caso de España, en 2021, el Gobierno aprobó la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, una hoja de ruta para guiar las actuaciones en materia de transportes y movilidad de los próximos diez años.

Se trata de un plan con nueve ejes, entre los cuales se encuentran potenciar una movilidad «para todos», favorecer nuevas políticas inversoras y apostar por una movilidad segura, baja en emisiones e inteligente. Además, se busca incidir en la intermodalidad en las cadenas logísticas, conectar España con el resto del mundo, abordar aspectos sociales y laborales de la movilidad, así como transformar el propio Ministerio de Transportes.

Casi tres años después de la aprobación en Consejo de Ministros de esta estrategia, son muchos los desafíos que quedan por delante para conseguir los objetivos fijados por la Unión Europea y por el propio Gobierno. Inversiones, mejoras de infraestructuras, colaboración entre administraciones y sector privado, y un cambio de mentalidad de la propia ciudadanía con respecto a los hábitos de movilidad son aspectos clave.

Necesaria colaboración público-privada

A pesar de los retos que quedan por delante, en los últimos años se han dado pasos. Así lo considera la socia de Automoción, Industria y Movilidad Sostenible de Grant Thornton, Mar García Ramos, quien asegura que «desde hace cuatro o cinco años se está poniendo mucho dinero y mucho compromiso, y muchas reuniones de trabajo entre los sectores privados y la Administración pública». «Se está creando un ecosistema bastante completo y diverso para cumplir los objetivos marcados, no solo en España, sino en la UE», explica.

Si hay una cuestión clave para el futuro de la movilidad sostenible, esa es la colaboración público-privada. García señala que en España «se observan iniciativas y medidas que están avanzando de manera adecuada para lograr los objetivos, sobre todo alrededor de la mejora del transporte público».

No obstante, advierte que otras medidas no están teniendo el desarrollo e impacto esperado, como pueden ser las Zonas de Bajas Emisiones, el rejuvenecimiento del parque de vehículos o la reducción de la siniestralidad en las carreteras.

«Para alcanzar los objetivos marcados es necesario seguir fortaleciendo la colaboración público-privada y la homogeneidad y estandarización de las diferentes iniciativas que son gestionadas desde las diferentes administraciones públicas con competencias en materia de movilidad», indica.

Según Mar García Ramos, se están dando «pasos importantes» para impulsar el diálogo en este ámbito, aunque «es necesario» que se realicen más esfuerzos por parte de todos los agentes si se quieren alcanzar los objetivos marcados en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030.

Inversiones en infraestructuras de transporte

Para avanzar en movilidad sostenible es fundamental modernizar y mejorar las infraestructuras de transporte existentes en España. En este sentido, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) estima en 112.244 millones de euros las necesidades de inversión hasta 2030.

De esta cantidad, un total de 85.469 millones euros corresponden a inversiones planificadas o proyectadas, los cuales se distribuyen de la siguiente forma según el método de transporte: 51.394 M€ para el ferrocarril, 27.081 M€ para carreteras, 2.344 M€ para puertos y 4.650 M€ para aeropuertos.

Seopan considera que a estos 85.469 millones de euros ya planificados se deberían sumar otros 26.775 millones para obras de modernización de estas infraestructuras, entre las cuales se encuentran acciones relacionadas con la seguridad vial o la intermodalidad.

Para llevar a cabo todas estas mejoras, Seopan insiste en la necesidad de revisar la regulación de contratación pública. A pesar de la reactivación de los contratos de concesión en el pasado 2023, la patronal señala que hay escasa colaboración público-privada.

Mejora de la red de carreteras

Según el V Observatorio de la Movilidad Sostenible de Grant Thornton, en España la red de carreteras representa el 86% del transporte de viajeros y el 96% de mercancías. Las carreteras han mejorado en los últimos años, aunque necesitan mejorar, de acuerdo con un informe de Infraestructuras de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales, Puertos y de la Ingeniería Civil (AICCPIC).

La capacidad, el rendimiento y la seguridad son los aspectos más positivos, mientras que la financiación continúa siendo deficiente. Son necesarias mejoras en algunos tramos, sobre todo en áreas urbanas, más áreas de servicio y descanso, así como una actualización de la legislación relacionada con la sostenibilidad y el uso de nuevas tecnologías.

¿Y qué hay de los vehículos eléctricos? La realidad es que la infraestructura de recarga es uno de los factores que limitan la adopción de los vehículos eléctricos, según señala la socia de Movilidad Sostenible de Grant Thornton. «Actualmente, los permisos y licencias para la instalación de nuevos puntos pueden llegar a tardar en obtenerse más de 12 meses, lo que limita el crecimiento de la red de recarga a un ritmo adecuado», señala, a la vez que recalca la necesidad de establecer estrategias que incentiven la inversión en tecnologías de carga avanzadas y sostenibles.

Para potenciar la movilidad eléctrica interurbana, Seopan ha identificado una necesidad de inversión de 3.769 millones de euros. Además, garantizar una movilidad eléctrica interurbana al 100% requiere la instalación de 1.585 electrolineras con 10.710 puntos de recarga de 350 kW.

La necesaria apuesta por el ferrocarril

El ferrocarril, una de las formas de transporte más sostenibles, representa solo el 6% del transporte de pasajeros y el 1% de mercancías en España. «Para lograr una movilidad sostenible en el país, es crucial incrementar el transporte ferroviario de mercancías, mejorando la productividad e implementando sistemas de gestión avanzados», recalca García.

La socia de Movilidad Sostenible de Grant Thornton destaca la complejidad de la red ferroviaria en España, ya que conviven tres anchos de banda diferentes, con una longitud total de más de 15.000 km de vías.

En los últimos años, las inversiones se han centrado especialmente en la alta velocidad, algo que ha ido en detrimento de las líneas convencionales, según la Asociación de Ingenieros de Caminos. En este sentido, las líneas de alta velocidad en España se posicionan como una de las mejores a nivel mundial, con una extensión de más de 3.500 km de vías.

Más allá de las líneas convencionales, otras áreas que requieren mejoras son la sostenibilidad y la eliminación de combustibles fósiles, la seguridad y vigilancia de las líneas ferroviarias, y la digitalización, entre otros aspectos.

El reto de reducir la huella de carbono en los aeropuertos

En España, el transporte de pasajeros es superior en avión que en ferrocarril. Concretamente, el avión representa el 8% del transporte de pasajeros, mientras que solo el 0,008% de mercancías. En materia de inversión, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales, Puertos y de la Ingeniería Civil apunta que se necesitarán entre 7.000 y 10.000 millones de euros anuales durante los próximos 10 años para desarrollar las infraestructuras aeroportuarias en el país.

La reducción de la huella de carbono de los aeropuertos, con medidas como la disminución del ruido y el uso de energía eléctrica, es uno de los principales retos de los aeródromos españoles. Respecto a cómo descarbonizar este método de transporte, Mar García considera que la adopción de combustibles sostenibles de aviación (SAF) representa una de las principales estrategias, aunque su éxito depende de superar diferentes desafíos técnicos y regulatorios.

«La normativa ‘Refuel Aviation’ de la Unión Europea es un ejemplo de cómo los marcos regulatorios pueden fomentar el uso de SAF mediante la imposición de requisitos progresivos de mezcla y la promoción de infraestructuras adecuadas para su almacenamiento y repostaje en los aeropuertos. Sin embargo, la eficacia de estas iniciativas dependerá de la continua colaboración entre gobiernos, industria y organismos reguladores a nivel internacional», añade.

Disminuir los costes y las emisiones en los puertos

El transporte marítimo, aunque solo representa un 0,3% de la movilidad de pasajeros en España, supone un 3 % para las mercancías. Según la AICCPIC, el sistema portuario español representa aproximadamente el 20 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país, siendo un sistema de transporte que impulsa el desarrollo económico de manera importante.

La generación de energía renovable, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de zonas logísticas cercanas a los puertos para promover la descarbonización y automatización portuaria son algunos de los aspectos que la asociación cita como fundamentales para avanzar en la movilidad sostenible en el transporte marítimo. También considera necesario ampliar la capacidad en algunos puertos y mejorar la conectividad, resiliencia y digitalización.

«Actualmente, se está llevando una gran transformación alrededor de la logística portuaria, destacando el impulso hacia la innovación y la sostenibilidad. Puertos como el de Barcelona y Valencia están llevando a cabo planes muy ambiciosos que les están posicionando como referentes del sector», resalta la socia de Grant Thornton.

Entre las principales medidas que ya se están llevando a cabo en las infraestructuras portuarias para aumentar la eficiencia y reducir los costes y las emisiones, García menciona la implantación de plantas fotovoltaicas, la adaptación de la infraestructura para acomodar buques más grandes y eficientes, la inversión en muelles con capacidades de conexión eléctrica o la implantación de conexiones para mejorar la conectividad ferroviaria y otros modos de transporte.

¿Qué va a suponer la Ley de Movilidad Sostenible?

Una cuestión relevante en el futuro de las infraestructuras de transporte será la Ley de Movilidad Sostenible. El pasado mes de febrero, el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley, el mismo aprobado la anterior legislatura y cuya tramitación parlamentaria decayó ante la convocatoria anticipada de las elecciones generales.

El texto ya está de nuevo en tramitación parlamentaria con el objetivo de que esté aprobado antes de finalizar el año 2024 para cumplir con los objetivos acordados con la Comisión Europea respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Ley de Movilidad Sostenible busca reconocer la movilidad como un derecho, descarbonizar el transporte, mejorar la eficiencia del gasto público y digitalizar el sector.

Algunas de las actuaciones que se prevén en el proyecto son la apertura de la competencia en ciertas líneas de autobús, la creación de un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible y la posibilidad para los ayuntamientos de establecer una tasa para los vehículos que entren a los centros urbanos. Otro aspecto que se menciona en el proyecto es la obligatoriedad de que las empresas con más de 500 empleados o con turnos de 250 trabajadores aprueben planes de movilidad sostenible.

Ahora queda esperar a los posibles cambios que introduzcan los grupos políticos durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. Sumar, el socio minoritario del Gobierno, ya adelantó que incluirá una enmienda para reducir la cantidad de vuelos de corta distancia, en favor del ferrocarril