España, “vulnerable” por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, según el IEE

¿Qué pasa cuando no hay presupuestos generales? Según la ley española, se prorrogan automáticamente los del año anterior. La renuncia del Gobierno a ejercer su responsabilidad presupuestaria este año ha tambaleado los cimientos económicos del Estado. La decisión ha estado motivada por un contexto de dificultad para poder alcanzar acuerdos necesarios en un parlamento fragmentado y en un periodo de celebración de unos comicios autonómicos. ¿Qué implica en la práctica esta prórroga de los Presupuestos Generales del Estado?

El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, han presentado un informe en el que analizan esta prórroga de los Presupuestos Generales. El estudio ha sido elaborado por el Servicio de Estudios del IEE, con la colaboración de Miguel Ángel Martínez Lago, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, y Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo.

La prórroga presupuestaria, en esta ocasión, es si cabe «más extraordinaria y disfuncional que nunca», según señalan, ya que, tras haberse conformado unas nuevas Cortes Generales, con el nombramiento de un nuevo Gobierno, se ha adoptado la decisión de prorrogar unos presupuestos que fueron aprobados en una legislatura anterior, en los cuales la composición de las cámaras y la conformación de mayoría no se corresponde con las vigentes.

Consecuencias de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado

Está distorsión institucional, más allá de consideraciones técnicas y jurídicas, implica en la práctica prescindir del poder parlamentario que representa a la ciudadanía y que se manifiesta en las Cortes Generales que tienen, entre sus funciones esenciales, la potestad para aprobar los Presupuestos.

De hecho, «la ausencia de una mayoría suficiente en las Cámaras para la aprobación del principal instrumento de política económica del Ejecutivo ha sido uno de los principales motivos por el que en legislaturas anteriores se ha planteado la disolución de las Cortes Generales y se ha convocado elecciones anticipadas», explican los expertos.

De igual forma, la adopción o desarrollo de estos presupuestos prorrogados permiten una minoración de la potestad de la voluntad de la nación puesto que, a pesar de que los grupos parlamentarios puedan instar cambios normativos contando con una mayoría suficiente para su aprobación, si estos tuvieran incidencia presupuestaria el Gobierno tendría un derecho de veto sobre estas modificaciones.

Desde el IEE insisten en que pese a la inesperada mejor evolución de la economía española en el ejercicio para el que se aprobaron estos presupuestos, «es difícil que puedan mantenerse unas condiciones tan favorables para la evolución de la actividad y del empleo en este periodo». Esto permitirá un contexto de «elevada incertidumbre» con riesgos «claramente a la baja sobre la evolución de estas macromagnitudes», destacando factores como la persistencia del aumento de precios y costes por encima de lo esperado.

El contexto geopolítico ‘aprieta’

De igual forma, la evolución de las condiciones principales de financiación, así como la incertidumbre derivada de los conflictos bélicos internacionales y su incidencia sobre las transacciones comerciales internacionales requerirían de otra programación presupuestaria que permitiera cubrir estas contingencias y generar confianza entre las familias y las empresas.

«Este presupuesto debería garantizar y reforzar la confianza de los agentes sobre la capacidad de las finanzas públicas para responder a los retos futuros que afectan a la economía española. Estableciendo unos criterios de consolidación que garanticen en el medio plazo la sostenibilidad de las cuentas públicas. Además de minorar la presión fiscal sobre las empresas, fomentando adicionalmente las inversiones públicas necesarias que contribuyan al aumento de la productividad y, por tanto, de la renta per cápita y del bienestar de la sociedad», señalan.

La prórroga se produce, además, el año en que se reactivan las reglas fiscales europeas -suspendidas desde la pandemia- y entra en vigor su revisión. Sin embargo, España acumula un déficit público superior al 3% del PIB y una deuda pública superior al 100% del PIB.

La prórroga de los Presupuestos Generales genera incertidumbre

A falta de unos nuevos Presupuestos Generales «se echa de menos tener un plan a medio plazo» de cómo se va a poner el déficit y la deuda «en una situación de sostenibilidad» que permita cumplir las nuevas reglas fiscales, ha apuntado Fernández de Mesa. En ese sentido, recuerda que las nuevas reglas ponen el foco en la evolución del gasto primario neto de medidas de ingresos, que no puede crecer más del 2,6% pero que en España, según sus cálculos, subirá un 4% este año y un 3,8% el próximo.

El presidente del IEE también ha apuntado que los ingresos públicos crecerán este año un 6,2% y los gastos, un 4%. Una cifra sujeta a incertidumbre y que estará impulsada por el aumento de las pensiones, los salarios de los funcionarios y los intereses de la deuda. En cualquier caso, la prórroga «no supondrá mayores dificultades para conseguir un déficit cercano al 3% del PIB» este año y aunque podría incluso ayudar al limitar el incremento del gasto, a largo plazo supone un riesgo mayor porque implica que no hay un plan de consolidación fiscal.

«Vulnerabilidad» en la prórroga de los Presupuestos Generales

El mantenimiento de un elevado nivel de endeudamiento y déficit público que se desprende de esta prórroga presupuestaria supone también un elemento de «vulnerabilidad ante cambios en la percepción por parte de los mercados financieros», que aumentarían el coste de financiación del sector público «con riesgos de traslación al sector privado, incluido el sector bancario».

De esta forma, a través de la adopción de esta prórroga del presupuesto se prioriza una estrategia a corto plazo condicionando y limitando la toma de decisiones necesarias que están vinculadas al inicio de cualquier legislatura desde un punto de vista de su aprobación y acción de un nuevo gobierno, requiriendo más tiempo para su implementación y que necesariamente tendrán impactos sobre el desarrollo económico y la competitividad del país en el medio y largo plazo.

A este respecto la gran reforma estructural de la mejora de eficiencia del gasto público sigue pendiente. De igual modo, la prórroga presupuestaria «no es la mejor señal para despejar incertidumbres y generar confianza acerca de que la política económica, en general, y la fiscal, en particular, pueda asumir tanto su responsabilidad de estabilización y moderación de desequilibrios, como sembrar las bases para reforzar el aumento del PIB potencial a largo plazo».