El mercado de la vivienda en la Comunidad Valenciana se encuentra muy tensionado y las causas son tan conocidas como los viejos mantras económicos: escasez en la oferta y una cada vez mayor demanda. Para tratar de solucionarlo, el Consell presentaba recientemente el Plan «Viu Comunitat Valenciana», un proyecto que pretende impulsar la construcción de 10.000 nuevas viviendas de protección pública antes del fin de 2027.

Sin embargo el tiempo apremia; el territorio vive un momento de «boom» en su exposición internacional y el nuevo Govern debe ser capaz de atraer la inversión extranjera a la vez que da una solución a la acuciante crisis habitacional. Del éxito -o fracaso- de la política de vivienda del Consell en los próximos años dependerá el futuro de la Comunidad.

Con la intención de crear una conversación entre los distintos jugadores, públicos y privados, claves a la hora de enfrentar lo que se ha convertido en un problema transversal a la sociedad; en Economía 3 abordamos una serie de entrevistas con la crisis de la vivienda como tema de debate.

En esta ocasión hablamos con el Secretario Autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, acerca de los planes del Consell para atajar la emergencia habitacional.

Una cuestión de tiempos

-Desde la cátedra de Vivienda de la Politécnica, el profesor Fernando Cos-Gayón, a quien entrevistamos recientemente, aplaudía la llegada del plan pero manifestaba su preocupación por los tiempos y la urgencia de la situación. ¿Cómo se está desarrollando el plan y en qué se está materializando a día de hoy?

El Consell ha puesto toda la maquinaria en marcha para tratar de impulsar con urgencia la promoción de vivienda, ya que existe un desequilibrio manifiesto entre oferta y demanda. Ojalá hubiéramos llegado al Govern y no nos hubiéramos encontrado con este escenario, pero la situación de emergencia es real.

Según los datos con los que contamos, la promoción de vivienda pública llevada a cabo por la Administración en la Comunidad Valencia desde 2017 a 2023 ha sido prácticamente cero. La incidencia de la actuación privada durante este periodo fue también muy baja. Esta información es oficial y está sustentada en datos que provienen del Ministerio de Vivienda, es un escenario cierto y objetivo.

Ante esta situación, el Consell, como política de legislatura, se pone un objetivo: hay que construir vivienda pública. Estamos promoviendo ya diversas actuaciones, de hecho se están rehabilitando viviendas integrales en la comunidad y estamos pendientes de que se inicien las obras de un paquete de 1101 viviendas financiadas con fondos europeos. En breves sacaremos a licitar 680 viviendas que forman parte de la fase dos de esos fondos europeos y que tienen una fecha de finalización de junio de 2026. Estas se sumarán a las 184 que tendremos disponibles en La Torre a finales de verano.

Entre 1.600 y 1.800 están en una situación de ocupación irregular

Todas esas viviendas formarán parte de nuestro parque público y, por lo tanto, tratamos de ir lo más rápido posible porque sabemos de la necesidad de ponerlas en el mercado, lo cual es vital. Paralelamente estamos también optimizando los recursos de los que disponemos en la Administración, que son 15.000 viviendas de las cuales, desafortunadamente, entre 1.600 y 1.800 están en una situación de ocupación irregular. En muchas casos hablamos de ocupación violenta.

Somos conscientes de que todo esto es una realidad y coincidimos plenamente con la opinión de la cátedra y, en concreto, con la de Fernando Cos-Gayón.

Chabolismo, ¿una realidad?

-El informe de la cátedra hacía énfasis en la aparición de situaciones de chabolismo en la ciudad de Valencia. ¿Habéis detectado que efectivamente se estén produciendo estos casos y, de ser así, si están aumentando?

Por el momento no contamos con una tasación exacta de cuántas situaciones de este tipo existen en la actualidad. Lo importante es que nos preguntemos por qué existe el riesgo de que lleguemos a esta situación, que es lo que plantea el profesor Cos-Gayón en su estudio. Principalmente en la ciudad y provincia de Valencia, que es donde se circunscriben sus análisis. La respuestas es que esto ocurre porque hay un déficit de oferta que se traduce en que tengamos en la actualidad muchos casos de familias que comparten vivienda, de jóvenes que no se han podido emancipar plenamente de sus padres y casos de infravivienda.

Sebastián Fernández, posando en su despacho. Fotografía: Sara Martí.

Existe el riesgo de que se produzcan esas situaciones de las que alertan desde la cátedra, pero todo ello solo se resuelve si somos capaces de incrementar el parque público de vivienda para poder atender la necesidad social de aquellas personas más vulnerables y los colectivos que tienen más dificultad para acceder a una vivienda.

De esta forma mucha gente que está viviendo de alquiler, pagando unos precios inasequibles, podrá optar a una vivienda y destinar a sus necesidades básicas parte de los recursos que hoy destinan a pagar el alquiler. También muchos, jóvenes que hoy en día no pueden optar a una vivienda, podrán iniciar un proyecto de vida, profesional, familiar…

Tenemos que poner medidas para evitar que el chabolismo del que alerta el informe de la cátedra se pueda llegar a producir.

Un plan por la vivienda

-El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España achaca las principales causas de la escasez de vivienda a la falta de suelo y los elevados costes de construcción. También a la falta de financiación pública y privada, el aumento de tipos de interés y la burocracia. El Plan Viu ataca muchos de estos puntos, ¿pero cómo pretenden abordar el problema de la financiación, tanto pública como privada, a la hora de construir?

El análisis que hacen desde el consejo es una imagen certera y real de la situación que atraviesa el sector constructor. Altos tipos de interés, incapacidad de acceso a financiación, costes de construcción, costes salariales y una necesidad acuciante de mano de obra; son muchos factores que confluyen para llevarnos a la situación en la que estamos.

Es por todo ello que el Plan Viu aborda precisamente el marco normativo. Es decir, estamos convencidos de que una mejora en el marco normativo que garantice la seguridad jurídica, simplifique procedimientos y viabilice estas actuaciones es clave. Revisar dicho marco es, por tanto, clave.

Una de las primeras medidas ya está tomada: la paralización de la entrada en vigor del decreto 80/2023 de calidad de diseño y calidad en edificios de viviendas. La segunda medida es la puesta en marcha de la revisión del decreto 68/2023, que regula las viviendas de protección pública en la Comunidad Valenciana. En esta línea se ha iniciado el trámite de exposición pública previa y se ha aprobado por el Consell la tramitación de urgencia de este nuevo decreto.

Además, hemos de tener en cuenta que el Plan Vive no es tan sólo competencia de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, sino que es transversal a todo el Gobierno. Por lo tanto, se han tomado medidas normativas por parte de consellerias con competencia en la materia. Algunos ejemplos son las bonificaciones para el acceso a la vivienda para jóvenes, que se han incorporado en la ley de acompañamiento. También bonificaciones para acceder a VPO, la reducción de impuestos de transmisiones patrimoniales… todo ello se ha hecho a través de la Consejería de Hacienda y Modelo Económico.

También se han modificado las licencias de obra, que permitirá agilizar la tramitación de las licencias a través de las oficinas ECUVS. Esto demuestra el alcance del compromiso transversal.

El suelo, uno de los principales frentes

-Además de la necesidad de agilizar procesos existe una gran escasez de suelo.

Efectivamente, no hay suelo. Pero existe un gran tenedor de suelo que es la Administración y que es quien dispone de suelo finalista y urbano que, sin necesidad de nuevos desarrollos y con un principio claro de sostenibilidad, al ponerse a disposición de este plan permitirá, solo con los datos preliminares, ejecutar 9.200 viviendas de protección pública en la Comunidad Valenciana sobre suelo público. Por lo tanto, el problema del suelo estará resuelto porque aquí está el suelo de la administraciones públicas.

Fotografía: Sara Martí.

Por otra parte, existen cuestiones relativas a la financiación. Estamos trabajando en esa línea junto con las entidades financieras y con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), especialmente en la parte de facilitar ayudas para el acceso a la adquisición de viviendas y el apoyo con las hipotecas.

Trabajamos también en intentar que el Ministerio de Vivienda mueva ficha con los anuncios que se han hecho por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y sobre los que hemos demandado y reiterado en diversas ocasiones la necesidad de poner sobre la mesa las condiciones, porque los promotores están pendientes de ello.

Estamos dando respuestas y soluciones concretas para que en esta comunidad se pueda hacer vivienda pública.

-Los promotores nos transmiten que el precio de venta de las VPP no compensa en la actualidad los costes. Ustedes anunciaron una revisión de los decretos, ¿lo van a actualizar?

Estamos en la fase de revisión del decreto y cuando esté puesto sobre la mesa y pase a su tramitación, todos seremos conocedores de cuál es el resultado de esos trabajos.

Ya digo, es clave simplificar el marco jurídico para garantizar la viabilidad. Sobre esa premisa, el decreto incluirá cuestiones de diferente índole que se podrán conocer en breve.

Atraer la inversión, construir las viviendas

-El estudio elaborado por el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, y presentado el pasado martes junto al president Carlos Mazón, señala que la población extranjera en la Provincia de Valencia aumentó un 57% de 2017 a 2023. De forma paralela estiman que de 2023 a 2037 las cifras crecerán un 85%, principalmente con ciudadanos de la UE con mayor capacidad adquisitiva. ¿En qué cree que se pueden traducir estos niveles de aumento poblacional, y por tanto de demanda, en un mercado de la vivienda muy tensionado como el actual?

Yo prefiero quedarme con el dato del incremento de la inversión extranjera en nuestro territorio, en concreto en provincias como la de Alicante. Este tipo de inversión es productiva, genera riqueza, puestos de trabajo y, por tanto, hay que tenerla siempre muy en cuenta.

Creo que no ayuda a nadie el intento que por parte del Gobierno de España se hace de asociar la inversión extranjera con medidas de artificio como la de eliminar las Golden Visa. Más aún teniendo en cuenta que se anunció en el contexto de una presentación de viviendas protegidas, con una clara intencionalidad por parte del Ejecutivo de ligar la llegada de inversión extranjera con el problema de la vivienda. Hay que relativizar esa manipulación de la situación.

Somos una comunidad de acogida y lo hemos sido siempre. Recibimos a todos aquellos que han querido venir a nuestro territorio, adquiriendo vivienda, dinamizando nuestras economías y asentándose en el territorito. Eso no debe ser incompatible con una política de vivienda fuerte y dirigida a aquellos ciudadanos que no pueden acceder a la misma.

El acceso a la vivienda es un derecho y en la Comunidad Valenciana ha dejado de ser un derecho para ser un problema

Lo que provoca un colapso en la oferta es que ese flujo de llegada de inversores se produzca y no haya paralelamente una política de vivienda clara. Por eso debemos dinamizar el suelo público con fines de interés general: garantizar viviendas asequibles para aquellos que hoy en día no pueden acceder. El acceso a la vivienda es un derecho y en la Comunidad Valenciana ha dejado de ser un derecho para ser un problema.

El nacimiento de la nueva Sociópolis

-Las inmobiliarias con las que hemos podido hablar nos dicen que el perfil del extranjero que viene a Valencia es cada vez de mayor poder adquisitivo. La ciudad lleva desde el año pasado alcanzando máximos de precios de la vivienda. La comunidad debe ser capaz de surfear esa «bonanza» en su posicionamiento internacional y, a la vez, dar una salida a las problemáticas que tenemos. ¿Cómo piensan hacerlo?

La Administración local y la autonómica estamos poniendo todo de nuestra parte en nuestra responsabilidad en la política de vivienda. Estamos dinamizando muchas actuaciones, como las que llevamos a cabo en la zona de La Torre, donde tenemos una promoción, y nos consta que toda la zona de Sociópolis puede convertirse en una zona donde, habiendo todavía suelo privado, configuremos la nueva Sociopolis, en un entorno muy adecuado para que exista vivienda de protección pública a precio asequible.

El secretario autonómico de Vivienda, durante la entrevista. Fotografía: Sara Martí.

Hay otras actuaciones en marcha, en este concurso de licitación contamos también con suelo en la propia Valencia. Un ejemplo muy importante, y cuyo intento de movilización ha sido objeto de debate y discusión por parte de esta Administración, es el antiguo Cuartel de Ingenieros de Valencia. Esta es una infraestructura vital para la ciudad que se traducirá en 360 viviendas en un entorno inmejorable, bien comunicado y con servicios.

Lamentablemente, a día de hoy se encuentra paralizada la cesión de dicho suelo a la Administración autonómica para que licite el contrato de construcción, que estaba previsto llevarse a cabo con fondos europeos. Esto se deba a que el Ministerio de Vivienda, en concreto la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), no ha podido ceder ese suelo a la Administración. La entidad pública central tenía la obligación de ceder ese suelo completamente urbanizado, el compromiso era que el SEPES debía sacar una licitación para ejecutar la urbanización de las parcelas, en tanto que agente urbanizador, para cederlo libre de cargas a la Administración autonómica.

A día de hoy las obras siguen paralizadas y la posibilidad de ejecutar esas viviendas se va a dilatar mucho en el tiempo. Nuestro compromiso sigue siendo firme, hemos pedido a Vivienda que se comprometa a la cesión de suelo en el momento que se ejecuten las obras. También hemos pedido que, dado que los fondos europeos de esas obras no se van a poder ejecutar, nos faciliten la distribución de dichos fondos para poder atender otras actuaciones. Por último queremos busca vías de financiación alternativas para hacer viable el proyecto en el futuro.

Estamos volcados y vamos a contribuir, en colaboración estrecha con el Ayuntamiento de Valencia, en todo lo que podamos.

Incrementar la oferta para bajar los precios

-Al principio de la entrevista mencionaba que el mercado del alquiler presentaba precios inasequibles. ¿Qué medidas tienen previstas para evitar que los precios continúen con esta tendencia alcista?

Nosotros hemos manifestado en reiteradas ocasiones que nuestra política no pasa por el topado de precios, sino por incentivar que el mercado se regule precisamente con el incremento de la oferta. Las experiencias que tenemos de territorios europeos donde esto se ha hecho no son positivas. La única comunidad autónoma que ha dicho abiertamente que va a topar precios es Cataluña, y basta con leer la prensa para saber que no es buena idea. Todos los expertos en la materia coinciden en que es un error y que el efecto es inmediatamente el contrario al pretendido.

Y es que esta medida deriva en menos oferta, en un incremento de precios y en un aumento de la economía sumergida, que tiene un efecto muy poco solidario con el interés general. A su vez, tiene un efecto muy negativo para los arrendatarios que están admitiendo el juego de la economía sumergida y pierden seguridad jurídica.

Somos partidarios de incrementar la oferta y que sea el propio mercado el que se regule.

Los jóvenes, ¿una prioridad para el Consell?

-España es uno de los países de la UE donde los jóvenes tardan más en independizarse. Existe una dupla entre el aumento del precio del alquiler que acaba con la capacidad de ahorro y el aumento de los precios de compra que atenaza la capacidad de los jóvenes para acceder a la vivienda. ¿Cómo piensa atacar el Consell esta problemática? ¿Qué pasos se están dando?

En términos generales, precisamente poniendo en marcha el Plan Vive, para aumentar la oferta y que cualquiera con necesidad de vivienda pueda acceder. Los jóvenes son uno de los colectivos sociales más perjudicados por la actual situación y por tanto debemos poner el acento en que sean una prioridad y dispongan de bonificaciones fiscales a la hora de acceder a una vivienda. Por ello muchas de las actuaciones que estamos llevando a cabo van dirigidas a los jóvenes.

En todas las resoluciones de adjudicación de vivienda que estamos llevando a cabo se ha primado a jóvenes menores de 35 años, como un compromiso claro y manifiesto de esta conselleria. No me cabe duda que en las futuras promociones se aplicarán las mismas políticas, con el convencimiento de que quienes tienen que tener prioridad para poder acceder, en el porcentaje que se establezca, son los jóvenes.

Somos conscientes de que es esta generación debe garantizar con su trabajo muchas cosas. Entre ellas las pensiones de quienes hoy estamos trabajando. Además, debemos tener en cuenta que con estas medidas también estamos combatiendo el reto demográfico, para el cual asegurar la estabilidad de los jóvenes es clave.

Relacionado con esto, y enfocado a luchar también contra la despoblación, estamos poniendo en marcha ayudas para adquisición de viviendas en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. De hecho nuestra conselleria ha impulsado una comisión contra la despoblación y el reto demográfico, donde participamos distintas áreas del Gobierno, precisamente para llevar a cabo medidas concretas que den pasos en esa lucha. Aquí los jóvenes jugarán un papel especial.

-¿Qué mensaje daría a todos esos jóvenes que están enfrentándose a los precios del alquiler o a la dificultad para acceder sin ayuda a una casa?

Que el Consell está convencido de que son una prioridad y que tengan absoluta confianza en que vamos a trabajar en esa línea.