Así es la guerra fiscal entre autonomías para captar empresarios

Para un territorio atraer inversiones que generen empleo y permitan la recuperación de la economía es una de las prioridades.

No solo de los Gobiernos centrales, sino también de los autonómicos, en el caso español. Y es que el estado de las autonomías permite a estos gestionar los impuestos.

De esta forma, y a apenas unos meses de la apertura de la precampaña electoral, varios de los gobernantes regionales se han lanzado a una guerra fiscal con rebajas de impuestos a las empresas para que fijen sus sedes en sus autonomías.

Si la Comunidad de Madrid, que gobierna la popular Isabel Díaz Ayuso es un referente a la hora de rebajar los impuestos a sus administrados, otros presidentes autonómicos también han querido explorar este camino y, como en el caso del andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla o el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también han anunciado bonificaciones fiscales a los empresarios para atraerlos a sus autonomías.

Otros dirigentes autonómicos de distinto signo también han apostado por aplicar o plantear exenciones fiscales a sus ciudadanos. Todo ello en un momento en el que la economía será una herramienta estratégica en la campaña electoral que se avecina. Se ha ‘abierto el melón’ de la fiscalidad y cada cual busca quedarse con la mejor tajada.

¿Hasta dónde puede llegar una autonomía?

Pero, ¿qué pueden y qué no pueden hacer los gobiernos autonómicos? Aquí intentamos explicarlo. Para ello, echamos mano de los datos públicos y de la valoración que han ido realizando algunos expertos en la materia.

Todos coinciden en que se ha abierto una carrera por ver qué comunidad autónoma baja más los impuestos, en especial el de patrimonio. Una medida avanzada en estas últimas semanas desde Andalucía, Murcia y Galicia, algo que ha generado una polémica dialéctica en un trasfondo político y que ha llevado al Ejecutivo central de Pedro Sánchez a anunciar un cambio en la política fiscal que haga de contrapeso mediante un impuesto estatal a las grandes fortunas.

Esta decisión ha hecho que las comunidades gobernadas por el PP la censuren por entender que hay injerencia en sus competencias fiscales. Censura y crítica a la que se suma la patronal de los empresarios, la CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, considera que el impuesto para patrimonios superiores a 3 millones es un error y una equivocación, recordando que no lo tienen el resto de los países de la Unión Europea.

En ese marco ha comenzado lo que algunos expertos y politólogos han bautizado como ‘Guerra de los impuestos’. Un conflicto que no concluirá hasta superar los comicios municipales y autonómicos de la primavera de 2023, lo que hace de la fiscalidad una potente arma política.

¿Qué tiene que ver la Constitución?

Al margen de esa batalla partidista –que afecta tanto a ciudadanos como a empresarios–, son muchos los expertos que indican que el origen del conflicto reside en el hecho de que el Título VIII de la Constitución Española no está plenamente desarrollado.

Las consecuencias: un Estado sin competencias territoriales que se han ido desarrollando desde 1978, por lo que la política fiscal es motivo de debate y se puede abordar desde la coyuntura económica o desde el modelo de Estado centralizado o descentralizado.

Y es que la Constitución Española reconoce el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas y regula la posibilidad de que establezcan y exijan tributos dentro de los límites constitucionales. Algo que delimita la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que desarrolla esta competencia y establece el equilibrio entre el poder tributario del Estado; las autonomías y los entes locales. Una norma, en suma, que permite a los gobiernos autonómicos fijar los tributos, eso sí, sin inmiscuirse en los que ya aplica el Gobierno central.

¿Recortes?

En este contexto, 44 años después, el presidente andaluz, Moreno Bonilla, anuncia la exención del impuesto de patrimonio a 20.000 andaluces, lo que genera agravio comparativo con las restantes comunidades, que se lanzan a una veloz competición por exonerar a grandes fortunas y empresarios de ese pago.

En esa decisión cuenta con el apoyo de su partido, el PP, y su ejemplo es seguido por otros presidentes. En tanto que en la otra orilla, desde el PSPV, se alerta de que no recaudar impuestos supone recortes importantes en servicios sociales como la sanidad, la educación, las ayudas sociales, etcétera.

Desde Andalucía, se justifica la medida para atraer empresarios, para lo que han lanzado una bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio y una bajada de los tres primeros tramos del IRPF. Abriéndose así una ‘guerra fiscal’ entre regiones a fin de atraer inversores.

Ante esta decisión anunciada en septiembre por Moreno Bonilla cabe preguntarse qué comunidad autónoma es más rentable para invertir o cuál de ellas –o sus ciudades– ofrece una mejor fiscalidad a los inversores. Para ello, recurrimos a los datos de entidades especializadas en función de los datos que facilitan las propias autonomías.

Rebajas en Comunitat Valenciana

En las últimas semanas, los presidentes autonómicos han ido anunciando distintas medidas fiscales. Así, en la Comunitat Valenciana se quieren implementar medidas de rebaja de impuestos. Una es el aumento de 10 puntos porcentuales, hasta 60.000 euros de renta anual, de la cuantía por la que los valencianos no han de tributar; la ampliación de las deducciones y bonificaciones fiscales, de manera que aumentan un 10%; y nuevos tramos rebajados del IRPF.

Galicia indica que deflactará el IRPF a las rentas menores de 35.000 euros y que bonificará hasta el 50% el impuesto de patrimonio para ciudadanos con bienes o derechos que superen los dos millones de euros.

Andalucía, como ya se ha indicado, bonificará el 100% de la cuota del impuesto de patrimonio y deflactará un 4,3% en los tres primeros tramos del IRPF, hasta las rentas de 35.200 euros.

Mientras que Murcia apuesta por deflactar en un 4,1% el impuesto sobre la renta en el tramo autonómico.

El caso de la Comunidad de Madrid es el referente en el que se miró Andalucía. En este caso, el impuesto de patrimonio está bonificado en su totalidad.

Creación de empresas en las autonomías

Otra forma de intentar establecer qué autonomías prefieren los empresarios para establecer su sede social se puede vincular con la creación de nuevas compañías o corporaciones.

Así, en 2021 vieron la luz en España 100.000 empresas, tal como recoge el portal especializado Infocif. Al desglosar dónde surgieron estas nuevas empresas, vemos que las comunidades de Madrid, con 20.000; Cataluña, con 16.000, y Andalucía, con 15.000, fueron en las que más registraron. Asimismo ciudades como Madrid y Barcelona, con 13.591 y 11.410, respectivamente, lideraron este proceso. Les sigue València, que supera a las capitales andaluzas.

Madrid es la más competitiva

Otro termómetro para medir la competitividad fiscal de las comunidades autónomas es el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) 2022, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation. Este índice apunta que Madrid es la autonomía con la fiscalidad más amable, lo que la hace más competitiva entre las 17 comunidades que integran el Estado. En el lado opuesto, se hallan Cataluña o la Comunitat Valenciana. Esta última con uno de los sistemas “más gravosos” en sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, según el informe.

El estudio en el que colaboran la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), la organización Stop Sucesiones y el partenariado de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, con sede en Berlín, analiza, uno a uno, los sistemas tributarios de las autonomías que conforman el Estado.

El documento apunta que el liderazgo de Madrid se consolida una vez suprimidos todos los impuestos propios y tras reducir en medio punto porcentual el IRPF. Por contra, alerta de que Cataluña, pese a haber rebajado el tipo mínimo del impuesto sobre la renta en 1,5 puntos (al 10,5%), ha perdido competitividad fiscal “al haber aumentado el número de tramos y al declararse inconstitucional el mínimo personal”. Además, esta comunidad tiene el triple de impuestos propios que el resto.

¿Qué pasa en el País Vasco?

El IACF recoge que las tres diputaciones del País Vasco ocupan la segunda, tercera y cuarta posición, respectivamente, en cuanto a zonas con fiscalidad más favorable para los empresarios. Posiciones vinculadas a las diferencias en el IRPF y, en especial, en el impuesto sobre el patrimonio. Vizcaya, Álava y Guipúzcoa han deflactado la tarifa del impuesto sobre la renta y los mínimos personales y familiares.

Además, debido a los altos niveles de inflación, han anunciado una nueva deflactación del 4% de esa tarifa. Canarias, de acuerdo con este índice, ocupa el quinto lugar, pese a no haber planteado reforma fiscal alguna de calado en 2022. Por ello, para mejorar en el ranking, los autores del informe le aconsejan derogar las reformas de 2020 en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y del impuesto sobre la renta. También, podría aprobar una nueva tarifa en patrimonio con tipos impositivos entre el 0,20 % y 2,5 %.

Las 5 menos competitivas

Las cinco comunidades autónomas con peor puntuación general obtienen notas bajas en casi todos los componentes del índice, pero especialmente en los tres impuestos más importantes: Renta, Patrimonio y Sucesiones.

De ellas, solo Cataluña emprendió reformas fiscales. A pesar de haber bajado el tipo mínimo del impuesto sobre la renta en 1,5 puntos hasta el 10,5% –el estatal es un 9,5%–, al haber aumentado el número de tramos y haber sido declarado inconstitucional, el mínimo personal aprobado en 2021 ocupa el último lugar.

La Comunitat Valenciana se mantiene en la decimoctava posición con uno de los sistemas más gravosos en impuestos de sucesiones, trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Aragón es la decimoséptima en tres impuestos clave: Renta, Sucesiones y Patrimonio. Asturias, que ocupa la decimosexta posición, necesita una reforma urgente del impuesto sobre la renta y el de sucesiones.

Extremadura se mantiene en la decimoquinta posición tras no haber realizado reforma alguna este año.