Mientras el ministerio habla de que el sector agroalimentario y pesquero español tendrá el mayor apoyo público que ha tenido jamás para hacer frente a un enorme potencial transformador; el sector primario asegura no tener ¡ni un minuto más! en esta crisis de rentabilidad sin precedentes.

La guerra de Ucrania –con lo que ha supuesto para fertilizantes y cereales– el aumento de los costes energéticos, la inflación, los altos costes de transporte… están generando graves problemas que están poniendo en peligro la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas.

Ante esta situación, Juan José Álvarez, director de Relaciones Institucionales de Asaja, reconoce que “la situación es complicada” ya que “más del 20% del maíz que importamos procede de Ucrania” y lo mismo ocurre con medio millón de toneladas de aceite de girasol.

En cuanto a Rusia, Álvarez apunta el incremento de precios que están sufriendo por su “importante papel como proveedor de gas”; ya que “todos los productos derivados del mismo –abonos y fertilizantes– están incidiendo en un mercado que ya estaba muy presionado”.

«El producto en origen no está marcando el precio»

Sobre la inflación y el incremento de los precios, Álvarez aclara que “mientras que el consumidor final sí que está sufriendo el aumento de los precios, a nosotros, a día de hoy, y teniendo en cuenta el aumento de los costes de producción que estamos sufriendo, nos están pagando los mismos precios que teníamos hace tiempo”. Con lo cual, –esclarece el representante de Asaja– “no es el producto en origen el que marca el precio”.

Lo justo sería un tercio para cada eslabón

Juan José Álvarez explica que en la cadena alimentaria y en cuanto a precio, lo justo debería ser un tercio para cada uno de los eslabones –el productor, la industria y el comercio–. “Sin embargo, –subraya– este parámetro no se está cumpliendo. Por lo tanto, el perjudicado es el consumidor final, pero no porque el productor se lleve ese beneficio”.

Por su parte, el representante de AVA-Asaja en la Comunitat Valenciana, Cristóbal Aguado reclama “medidas políticas urgentes y eficaces” para “atajar la dramática crisis de rentabilidad que estamos atravesando los agricultores y ganaderos”.

Aguado añade que los costes de producción se han encarecido un 37 %. Sin embargo, –y en este punto coincide plenamente con Juan José Álvarez–, “los productores, a diferencia de otros eslabones de la cadena agroalimentaria, no tenemos capacidad real para repercutir esa escalada histórica de los costes de producción en los precios que percibimos”.

Por ello, Aguado advierte que “si las administraciones no corrigen estos desequilibrios en la cadena de valor y no garantizan precios dignos a los productores, la mancha marrón de los campos abandonados se extenderá rápidamente”.

José Luis Miguel de Diego, director Técnico de COAG, también hace hincapié en el incremento de los costes de producción liderado por la energía, los piensos y los fertilizantes. De Diego califica la situación de “muy preocupante por los enormes riesgos que entraña para la viabilidad económica de nuestras explotaciones, al exigir una gran inversión financiera para llevar a buen puerto la producción, sin saber el precio al que el mercado va a pagar los productos finalmente. Y es que desde que se hacen las compras y los gastos que permiten empezar la producción, puede pasar más de un año y cambiar radicalmente la situación de los mercados”.

De Diego apunta también que en muchos casos, “los agricultores están teniendo dificultades de financiación al necesitar créditos adicionales”.

¿Se puede evitar la venta a pérdidas?

A pesar de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, sigue sin resolverse la venta por debajo de costes tal y como constatan los principales representantes del sector agrario.

Juan José Álvarez (Asaja) lo constata así: «Finalmente, la ley de la cadena alimentaria, que pensábamos que iba a ser la solución a todos nuestros problemas, se ha demostrado que no es así. Se trata de uno de los temas recurrentes cuando celebramos el Consejo Asesor Agrario, ya que se están cerrando explotaciones por este motivo”.

Y vuleve a reiterar su idea “una cadena alimentaria justa a la hora de estableceer los precios sería un tercio para el producto, un tercio para industria y otro para la distribución pero como no ha sido así, la Administración central, las comunidades autónomas y la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica) deben estar vigilantes para que se cumpla. ¿Qué ha pasado? Llevamos más de un año con un aumento de costes disparatados en las explotaciones –gasóleo, fertilizantes, electricidad…–. En cuanto a los costes de la energía, hace tiempo que reclamamos una doble tarifa para el sector, una iniciativa a la que se comprometió el Gobierno y todavía no lo ha hecho”.

“Al final, –recalca Álvarez– el aumento de costes que estamos viviendo nos está comiendo la rentabilidad de las explotaciones y nos va a llevar a que estas no sean viables”.

El precio sigue llegando de arriba abajo

Por su parte, Cristóbal Aguado (AVA-Asaja) coincide con Álvarez y señala también que “los agricultores y ganaderos no tenemos manera de repercutir la subida de los costes en los precios que percibimos porque el precio viene de arriba hacia abajo”.

“Para evitar la venta a pérdidas, –propone Aguado– el Ministerio de Agricultura u otro organismo oficial debería establecer los costes medios efectivos de producción de cada cultivo en cada eslabón de la cadena. El productor, sobre todo en cultivos perecederos, no puede defender su coste efectivo de producción y suele ser víctima de abusos comerciales. Si no fuera posible, el Gobierno debería sacar al sector productor de las normas de Competencia”.

Por su parte, desde COAG se valora de manera positiva la aprobación de la Ley de Cadena Alimentaria y los avances que introduce como el registro digital de contratos, la inclusión del canal Horeca, la mejora de la figura del mediador, la potenciación del Observatorio de la Cadena… “Ahora bien, –concreta José Luis Miguel de Diego (COAG)– todos estos avances y mejoras no han de quedarse en el papel o en un cajón bajo llave. La situación actual es insostenible, el incremento de costes y la falta de rentabilidad es acuciante para muchas explotaciones y el sector no tiene un minuto más».

Es por ello que pide el completo despliegue de la norma: «Todas las administraciones implicadas en la aplicación de la ley, tanto en el ámbito estatal como en los territorios, deben trabajar para su completo despliegue. Las personas del sector primario debemos percibir un precio por encima de nuestro coste de producción, como marca la ley y de manera necesaria para poder seguir adelante con nuestras eficientes y sostenibles explotaciones”, subraya.

Una economía que excluye a los autónomos

Desde la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas Pescados y Productos Congelados (Fedepesca), María Luisa Álvarez, su directora gerente considera que “se está generando una economía que excluirá a las empresas dirigidas por autónomos”.

María Luisa Álvarez, directora gerente de Fedepesca.

“Los costes no paran de crecer. Además, el consumo de la energía en las pescaderías ha aumentado en un 50%, junto a la subida del gasóleo de las furgonetas profesionales”. A todo ello, –añade– “hay que sumar las subidas salariales que ya se han producido por el incremento del salario mínimo y de las cotizaciones a las empresas, y las que se esperan cuando entren en vigor las actualizaciones de los convenios y la reforma de la cotización de autónomos”.

Sobre la necesidad de repercutir los altos costes a los precios de sus productos, Álvarez incide en que no se está repercutiendo en su totalidad pues “el consumidor está muy preocupado por su pérdida de poder adquisitivo y es imposible trasladarle toda la subida. Se está sacrificando la de ya por sí mermada rentabilidad de estos pequeños negocios”.

Es difícil de demostrar la venta a pérdidas

En cuanto a la ley de la cadena alimentaria, para Álvarez, “esta ley no funciona y no satisface a nadie”. “La venta a pérdidas en productos tan perecederos es muy difícil de perseguir y de demostrar”, incide. Subraya también que “a nosotros se nos trata como si fuéramos gran distribución cuando nuestro poder de negociación con los proveedores es muy limitado, en nuestro caso la fuerza es a la inversa. El proveedor suele tener mayor tamaño que nuestros compradores y las condiciones las fijan ellos”.

La distribución asegura frenar los precios

En diciembre se cumplirá un año desde que entró en vigor la Ley de la Cadena Alimentaria. Desde Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados) su director general Ignacio García Magarzo aclara que “no existen soluciones únicas ni recetas milagro para la sostenibilidad económica de los operadores del sector agroalimentario”. Y explica que “los precios en origen dependen de variables difíciles de controlar como la climatología, los efectos de la geopolítica o el comportamiento de las exportaciones (que suponen el 80 % del destino de nuestra producción). Urgen verdaderas políticas de mejora de las estructuras de producción y comercialización en origen, que es donde está el verdadero cuello de botella”, opina.

Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS.

En la misma línea, José María Bonmatí, director general de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), sostiene que “las empresas de distribución alimentaria llevan meses haciendo un ejercicio de contención de márgenes para repercutir el mínimo y lo más tarde posible el alza de costes al consumidor”.

José María Bonmatí, director general de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc).

Según datos de Asedas, los precios percibidos por los agricultores se incrementaron un 31,3% en junio, los precios industriales un 16,5% y el IPC de alimentación alcanzó el 12,9%.

Respecto a si las empresas del gran consumo están ‘jugando’ con la inflación de los precios, Bonmatí argumenta que estas mantienen, entre ellas, “una férrea competencia porque hay muchas compañías y muchas marcas. Esa es la mejor garantía para el consumidor de que no existe ningún tipo de especulación en relación al precio y de que nadie se está beneficiando de una coyuntura en la que todo el mundo sufre y que no beneficia a nadie”.

Reclaman al Gobierno reducir el IVA

Ante la alta inflación ambas asociaciones reclaman una reducción del IVA para “aliviar la presión sobre los precios”, tal y como apunta García Magarzo. “En el actual escenario inflacionista, el ejecutivo también debe asumir parte del esfuerzo que estamos realizando los agentes económicos y sociales y, por tanto, aplicar rebajas de impuestos a los productos esenciales. La Agencia Tributaria está batiendo récords de ingresos por vía impositiva debido a la inflación, lo que obviamente les da margen de actuación para tomar medidas excepcionales en momentos excepcionales”, apostilla el director de Aecoc.