Mujeres al Timón
Analizamos con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas la delicada situación que está viviendo actualmente el sector primario y las medidas que se han tomado tanto desde el Gobierno como desde la Unión Europea para dar una respuesta rápida con el fin de paliar los efectos sobre productores y consumidores. ¿Les parecerán suficientes al sector primaro?
Diez meses después de aprovarse la Ley de la Cadena Alimentaria, ¿qué ha cambiado?
La norma establece que cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido. Los precios se deben de fijar de abajo hacia arriba. Por lo tanto, los costes de producción se constituyen como la base de la negociación de los contratos escritos.
La Ley establece también la obligatoriedad de formalizar el contrato por escrito en todas las operaciones comerciales, salvo las de precio inferior al indicado por la normativa de lucha contra el fraude (1.000 euros en la actualidad) y las operaciones con pago al contado. En la primera venta de productos del sector pesquero y acuícola, realizadas en lonjas o mediante subasta a la baja, se dará por válida la sustitución del contrato por la factura y la documentación prevista en la normativa pesquera.
El sector en cifras
El ministro nos confirma que la agroalimentación es un sector estratégico para nuestro país, «por lo que cuenta con el apoyo firme de este Gobierno». «En 2021, el sector alcanzó cifras récord de producción agraria, con un valor superior a los 56.400 millones de euros, y continuó con gran dinamismo en sus exportaciones que han ido creciendo hasta superar los 64.000 millones de euros (cifras a junio de 2022), lo que sitúa a España como el cuarto país exportador de la Unión Europea y el séptimo del mundo», incide.
«No es posible sostenibilidad sin rentabilidad»
A su juicio, los ciudadanos cada día están más interesados en consumir productos «más saludables y elaborados de manera más respetuosa con el medioambiente».
Por ello, una de las claves de futuro pasa por mejorar la sostenibilidad en su triple vertiente: económica, social y ambiental. «Quisiera subrayar que elegir entre una agricultura más verde y otra más productiva es un falso dilema –explica el Ministro– ya que no es posible la sostenibilidad sin la rentabilidad. El conocimiento y la innovación nos van a permitir lograr una sostenibilidad competitiva, que permita elaborar alimentos para una población creciente con el menor impacto ambiental posible», asegura.
¿Se cumple la Ley?
– Y precisamente si nos centramos en rentabilidad, el sector primario se queja porque existe una gran diferencia entre el precio del productor y el que paga el consumidor final. Creen que la nueva Ley de la Cadena Alimentaria ni siquiera ha conseguido frenar la venta por debajo de costes… ¿Cómo solucionamos estas situaciones?
– Luis Planas: La ley de la cadena alimentaria funciona. Si no fuera así, las cosas serían mucho más difíciles de lo que están siendo en la actual coyuntura. Ha sido muy oportuno tenerla ya en vigor, porque en anteriores situaciones de crisis al productor primario le han impuesto los precios sin que apenas tuviera capacidad de negociación, y ahora hemos conseguido que haya un equilibrio en el conjunto de los eslabones de la cadena, lo que sin duda es un importante progreso.
Si se incumple, hay que denunciar
Una cuestión que conviene dejar clara es que la ley prohíbe taxativamente la venta por un precio inferior a los costes de producción, que tienen que estar obligatoriamente repercutidos. Y ahí tienen una importante labor que hacer los propios productores, a los que la ley da garantías para que puedan denunciar y también las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas.
Si se dan situaciones de incumplimiento, es preciso denunciar. Si ahora mismo se producen situaciones de venta entre eslabones por debajo de los costes de producción, se está incumpliendo la ley, y por tanto debe ser objeto de una instrucción de expediente.
La ley está siendo un instrumento muy favorable para que los agricultores y ganaderos puedan afrontar las dificultades del momento.
Ahora bien, ni mucho menos todo está hecho, hay aun mucho camino por el que avanzar. La ley, que entró en vigor a mediados de diciembre, introduce un nuevo modelo de relaciones comerciales en la cadena alimentaria que acaba con algunas prácticas que perduran desde hace décadas y requiere un proceso de adaptación.
Registro electrónico de contratos
– Sobre todo por la obligación de que todos los contratos superiores a 1.000 euros tengan que firmarse por escrito, por lo que significa de transparencia y profesionalización de los intercambios comerciales…
– Exacto, el Gobierno trabaja con celeridad en la puesta en marcha de mecanismos necesarios para implementar la ley, como la creación del registro electrónico en el que obligatoriamente deberán registrarse todos los contratos que se realicen por un valor superior a 1.000 euros, lo que dará más transparencia a la cadena y al sistema de formación de precios, y que entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2023.
Ya se ha constituido el comité de coordinación de las autoridades de ejecución, que se encargará del control del cumplimiento de la ley y del que forman parte la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y las comunidades autónomas, que comparten las competencias de vigilancia e inspección. El decreto para modificar los estatutos de la AICA y que se constituya en autoridad nacional de ejecución y el de creación del registro de contratos se encuentran en tramitación después de haberse sometido a participación pública.
La ley de la cadena propiciará unas relaciones comerciales más justas y equilibradas entre los distintos eslabones, y beneficiará a los agricultores y ganaderos, los productores primarios, que son el eslabón más débil. Además, propiciará una mayor transparencia en la formación de los precios, lo que redundará en beneficio del consumidor.
– ¿Qué otras medidas se están tomando desde el Ministerio para paliar la situación actual?
– El Gobierno ha puesto en marcha importantes medidas para paliar el impacto de la subida de costes y de la sequía, a través de tres reales decretos leyes, que suman más de 1.000 millones de euros en apoyos.
Entre las medidas adoptadas para hacer frente a los efectos de la sequía se ha establecido una rebaja generalizada del 20% en el rendimiento neto del IRPF, préstamos bonificados de la línea ICO-MAPA-Saeca y ayudas para avales y el incremento en 60 millones de euros de las ayudas a la contratación de seguros agrarios.
A todo ello hay que unir medidas transversales como la rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible, que hemos prorrogado hasta finales de año.
Entre las medidas del plan de respuesta para paliar el incremento de los costes de producción como consecuencia de la guerra en Ucrania, hemos destinado 430 millones de euros en ayudas directas a los sectores agrario y pesquero, entra las que me gustaría destacar los 169 millones destinados al sector lácteo, uno de los más afectados, y algo más de 193 millones para los sectores ganaderos de carne como el vacuno, ovino y caprino, avicultura y cunicultura, y a los cítricos. El paquete se completa con 68 millones para el sector pesquero.
Ayudas antes del 30 de septiembre
Me gustaría poner de manifiesto la celeridad con la que se han realizado los trámites para que los agricultores y ganaderos puedan percibir estas ayudas lo antes posible. De hecho, en julio se completó el pago a los productores de leche y trabajamos, junto a las comunidades autónomas, para que el resto de las ayudas lleguen a los beneficiarios lo antes posible, en cualquier caso, antes del 30 de septiembre.
También hemos conseguido que la UE autorice destinar hasta un 5% de fondos europeos de desarrollo rural para ayudas directas extraordinarias, al igual que se hizo durante la crisis sanitaria.
En definitiva, el sector agroalimentario se encuentra en estos momentos en un momento crucial en la transición ecológica y digital. Para afrontarla con éxito, el sector cuenta con importantes instrumentos de apoyo, como la nueva Política Agraria Común (PAC), el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura y los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados al sector primario y del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del sector Agroalimentario.
En total, el sector agroalimentario y pesquero español contará hasta el año 2027 con más de 55.000 millones de euros, el mayor apoyo público que ha tenido jamás y con un enorme potencial transformador.
