El pasado mes de octubre de 2021 se publicó el informe de la Comisión de expertos para la Reforma Tributaria nombrada por la Generalitat Valenciana, que sugiere la línea a seguir en materia de tributación autonómica en los próximos años.

Es un informe de cierta relevancia, por cuanto se ha realizado por encargo directo del Consell, que tiene de plazo hasta 2023 para dar respaldo normativo y aplicar las propuestas que estime convenientes de dicho informe.

Si bien en dicho texto se plantean propuestas relativas a financiación autonómica y armonización fiscal, que serán trasladadas a los organismos estatales para su análisis, es en materia de tributos cedidos y propios donde radica su importancia, por cuanto son estas últimas medidas las que puede impulsar directamente la Generalitat, y por tanto las que pueden tener implantación a corto plazo con mayor facilidad.

Sucesiones y Donaciones

En primer lugar, en materia del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, los expertos proponen generalizar la bonificación del 75% de la cuota a todos los familiares del Grupo I y II (descendientes, adoptados, cónyuge), con el límite máximo de 100.000 euros. En la actualidad, esa bonificación se reduce al 50% si los parientes son mayores de 21 años. Supondría, por tanto, con carácter general, un ahorro importante en la tributación hereditaria.

También plantean que el Estado debería primar la progresividad en este impuesto, estableciendo un mínimo exento y fijando límites mínimos y máximos de tributación para todas las Comunidades Autónomas.

Por otra parte, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados proponen reducir el tipo de gravamen en algunos casos concretos, como en la transmisión o arrendamiento de bienes situados en municipios con riesgo de despoblación, o en su caso aplicarles mayores bonificaciones sobre los tipos ya existentes. Para esos territorios, sugieren igualmente una bonificación del 100% de la modalidad del impuesto de actos jurídicos documentados – documentos notariales, respecto a las escrituras de declaración de obra nueva.

Además, respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, su planteamiento es el de bajar los tipos para rentas bajas y medias, e incrementar los tipos para las rentas altas, manteniendo constantes los diez tramos autonómicos actuales con un tipo máximo del 29,50%. Entienden que el Estado, por su parte, debería introducir deducciones fiscales en el tramo estatal para fomentar la repoblación de zonas despobladas.

Tributos propios

En materia de tributos propios, se centran en medidas de carácter medioambiental, sugiriendo el desarrollo de impuestos sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, o sobre emisión de gases invernadero en actividades y grandes establecimientos comerciales. Asimismo, valoran positivamente establecer un impuesto valenciano sobre bebidas azucaradas, similar al establecido en Cataluña, así como implantar otras políticas de salud pública.

Respecto al impuesto sobre viviendas vacías que estableció la Generalitat Valenciana mediante la Ley 3/2020 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021, consideran que su regulación debería corresponder a las entidades locales, mediante la incorporación de recargos sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles.

En relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, consideran que los tipos actuales y el mínimo exento recientemente incrementado deben mantenerse inalterados, añadiendo en todo caso bonificaciones sobre los bienes y derechos situados en territorios despoblados.  De igual modo, plantean al Estado una armonización de las potestades normativas de las Comunidades Autónomas respecto a deducciones y bonificaciones de cuota, para evitar discriminaciones.

Medidas propuestas al Estado

Por último, en lo que respecta a otras medidas propuestas al Estado, destacan la solicitud de fórmulas más amplias de aplazamiento o fraccionamiento de pago, y el reconocimiento legislativo expreso de la aplicación de la normativa autonómica a los no residentes extracomunitarios.

En conclusión, el informe no plantea ni mucho menos una reforma tributaria ambiciosa de la legislación autonómica, sino que aboga por mantener el esquema actual modificando ligeramente algunos aspectos, fundamentalmente por fines extrafiscales y de protección de colectivos con riesgo de despoblación.

A expensas de su análisis por el Consell, el procedimiento legislativo autonómico y sus plazos no permitirán la introducción de las propuestas de este informe de manera inminente, por lo que será previsiblemente a partir del próximo año cuando se vayan concretando y desarrollando.